Cada vez me es más difícil dar un nuevo enfoque a la situación caótica y surrealista que vive México. ¿Qué se puede decir, que algún colega no haya desarrollado ya en algún artículo dado a conocer en algún medio de comunicación?… Y… ¿qué podemos decir respecto a todos los foros de análisis a los que convocan importantes instituciones académicas y de la sociedad civil, e incluso la televisión y la radio? En estos foros se han generado grandes aportaciones que quedan en el limbo… Y ¿de los chats de amigos?… ya ni hablar.

Pocos temas no han sido analizados. Lo relativo a la realidad del país, -así como a los errores y vicios de este gobierno-, a las incongruencias de las directrices políticas del presidente, los abusos en la aplicación de la justicia, los abusos de poder de la FGR y otros tantos temas que se han vuelto cotidianos en la agenda pública.

La situación del país está sobre diagnosticada, -pero aún así-, en este mundo “bizarro” donde aún tenemos “estado de derecho”, quienes nos gobiernan se pitorrean de las leyes con total descaro e impunidad, sin que suceda nada.

En cualquier país de la importancia del nuestro, -por faltas éticas de menor calibre y significación-, los funcionarios públicos renuncian avergonzados por haber sido descubiertos. En muchos países la sociedad destituye a funcionarios del más alto nivel simplemente por mentir a la ciudadanía. Incluso son despedidos bajo la presión de la opinión pública por no haber previsto riesgos. Además, son responsables del presupuesto que manejan y de la eficiencia y efectividad de los programas bajo su coordinación. Sin embargo, las faltas éticas son las que más caro se pagan.

Pero aquí en México se miente a la sociedad con vergonzosa impunidad.

La política ya perdió seriedad y dignidad, para convertirse en un “juego de corcholatas”, en el cual, quienes están considerados se sienten privilegiados y honrados por participar y quienes están fuera darían cualquier cosa por estar incluidos. ¿Y la dignidad?

La política se está convirtiendo en una parodia y sin embargo, no debemos olvidar que las decisiones políticas definen la diferencia entre la vida y la muerte para muchos mexicanos: las víctimas de la violencia por un lado y por otro, las víctimas de un sistema de salud deficiente e ineficiente, -donde el presupuesto es determinante y no la vida de los enfermos-, sólo por citar dos ámbitos de vital trascendencia.

El presidente ha asumido el rol de juez plenipotenciario que exonera conductas cuestionables realizadas por funcionarios cercanos a él, las cuales debiesen ser juzgadas con seriedad y severidad por las autoridades competentes.

Tal es el caso de la actitud reiterada del presidente López Obrador, quien no se cansa de justificar públicamente las acciones cuestionables del fiscal general de la república, a quien ahora se le descubre un video que circula por las redes sociales. Este describe la negociación que el fiscal tuvo con Emilio Lozoya Thalmann, -padre del exdirector general de PEMEX-, a quien telefónicamente asesoraba para que su hijo evadiese la justicia. ¿Se requieren más evidencias?

Sin embargo, la impunidad protege a los funcionarios públicos favoritos de quien prometió combatir la corrupción.

Del mismo modo que como sociedad nos hemos acostumbrado a aceptar como normal una violencia desmedida, -equiparable a la que existe en países con conflictos militares-, el alto nivel de tolerancia de los mexicanos ha normalizado la violación sistemática del estado de derecho por parte de quienes ejercen liderazgo político al más alto nivel.

Nuestros gobernantes asumen que el cargo ganado legítimamente en una elección democrática les confiere la atribución de mantenerse al margen de la Constitución, -esa misma que cuando fueron investidos de tan honrosa responsabilidad-, juraron cumplir y hacer cumplir.

Los líderes de opinión hoy estamos atrapados en la suposición de que, exhibiendo las violaciones a la ley, -ya sea que se hayan realizado de forma directa, o protegiendo a quienes las cometen-, es suficiente para que se finquen responsabilidades jurídicas. Sin embargo, día tras día vemos que exhibir públicamente la información que evidencia acciones delictivas no es suficiente para que haya consecuencias, como sí sucede en otros países del mismo nivel que el nuestro.

Lo que estamos viendo es que nuestras instituciones, -aun estando legitimadas y siendo respetadas-, carecen de la fortaleza y de los recursos punitivos, para imponerse sobre los funcionarios públicos de la elite política, a fin de que sus actos inmorales tengan consecuencias jurídicas.

Necesitamos pasar del diagnóstico al “tratamiento” jurídico. Un diagnóstico sin acciones correctivas no lleva a ninguna parte.

¿Y la sociedad? … está atrapada en las falacias del mundo virtual, suponiendo que con los memes que ridiculizan y castigan con el escarnio público a políticos sin moral y sin honor, habrá consecuencias.

Sin embargo, cualquier político “de medio pelo” sabe que el nombre del juego es resistir, resistir y resistir, cuando son descubiertos mediáticamente en actos de corrupción, -o incluso cometiendo delitos-, sobre todo si tienen un buen padrino, de esos que asumen que su palabra “es la ley”.

Ya saben que si resisten, -escondiéndose y evadiendo a la prensa-, pronto llegará un nuevo escándalo con otros actores políticos, que los sacará del ojo del huracán y todo el problema se desvanecerá en cuestión de días, sin importar la gravedad de las acciones denunciadas. La memoria colectiva de los mexicanos es de muy corto plazo.

Los políticos de hoy ya nos tomaron la medida. Saben que los memes, -lejos de constituir un castigo-, despresurizan la tensión y el enojo colectivo, para que todo se desvanezca.

La única forma de hacer que este país retome el camino de la institucionalidad y el Estado de Derecho es a través de interponer los recursos jurídicos correspondientes, hoy que aún existe un marco jurídico. De esta forma se sientan precedentes jurídicos que en el futuro pueden detonar en justicia cuando los funcionarios públicos, -sin importar el altísimo nivel que hoy tengan-, dejen el cargo y se vuelvan vulnerables.

GENOCIDIO DE ESTADO

Tener al alcance todos los medios del Estado Mexicano para combatir la delincuencia que genera violencia mortal y no hacerlo, -sólo por cuestión de principios morales personales, ideológicos o conveniencia política-, es genocidio de estado.

Privilegiar el reparto del presupuesto anual con intereses políticos, -en lugar de anteponer la salud de los mexicanos-, es genocidio de estado.

Mientras tanto, todos sabemos que el dinero se invierte en frivolidades, o en proyectos faraónicos y también se regala a los “países amigos” de este gobierno, sabiendo que de ese dinero depende la vida o la muerte de muchos mexicanos vulnerables que no tienen dinero para pagarse un tratamiento médico ni comprar medicinas. Esto es “genocidio de estado”.

¿A usted qué le parece?

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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross