El Partido Verde propone pena de muerte para secuestradores y asesinos. Este es un tema muy fuerte porque contraviene los valores sociales que hoy se consideran política y socialmente “correctos”.
A lo largo de los años casi todos los países del mundo occidental han ido eliminando esta práctica. Muy visible y criticado es que algunos estados de la Unión Americana, como Texas, la sigan manteniendo y muy activa.
Sin embargo, el contexto actual de nuestro país, con una violencia al alza y con casos de sadismo por parte de la delincuencia organizada, que ya alcanzan a la Ciudad de México, obliga a analizar todas las alternativas, incluyendo “la pena de muerte”.
Sin embargo, para frenar el rechazo inconsciente de la sociedad mexicana frente a una propuesta tan radical y de alto impacto para una idiosincrasia tan compleja como lo es la nuestra, es necesario hacer algunas reflexiones.
Necesario reconocer que no es lo mismo un asesinato pasional, homicidio por un conflicto callejero o por un problema de tránsito, o cualquier otro de tipo ocasional, que el caso de un asesino serial que forma parte de la delincuencia organizada, o un secuestrador que realizará esta actividad indefinidamente, lastimando profundamente a familias que vivirán traumadas el resto de sus vidas.
Un asesinato pasional generalmente responde a un arrebato de cólera, lo mismo que la ira de un pleito callejero. Son crímenes ocasionales que pudieran no repetirse en la vida de una persona. Por lo tanto deben castigarse sólo con prisión. Sin embargo, un asesino serial de la delincuencia organizada asesinará incluso por placer.
Hay testimonios de asesinos que confiesan que lo difícil es el primer homicidio, quizá el segundo, pero después se puede realizar sin remordimiento y quizá hasta encontrar placer en llevarlo a cabo.
La doble moral mexicana en la política dice “nó” frente a este tema, sin reflexión, porque es “política y socialmente incorrecto”.
El mismo ciudadano nunca se ve como posible víctima y si no le ha sucedido a un familiar, también lo rechaza. En realidad a quien hay que preguntar su opinión es a quien sufrió un atentado en su persona o un familiar y viven atemorizados por venganzas si el asesino aún está en la cárcel.
Desgraciadamente en la idiosincrasia mexicana las penas judiciales se pueden interpretar desde dos ópticas: como justicia o como venganza. Sin embargo, en México pesa más la visión de un castigo como “venganza social”.
La realidad es que en el caso de los asesinos seriales, o sea de la delincuencia organizada, sólo con su muerte se podrá tener certeza de que se salvarán vidas inocentes.
La muerte del asesino profesional corta la carrera homicida. Un asesino serial nunca será reintegrado a la sociedad y siempre será de alto riesgo donde esté, pues aún en la cárcel representa un peligro para quienes conviven con él. Además, muchos delincuentes aún en prisión siguen operando secuestros a través de sus compinches que están en libertad. La cárcel no corta una carrera delictiva en un sistema carcelario tan corrupto como el nuestro.
El problema real de instrumentar la “pena de muerte” es ejecutar a alguien, para que tiempo después se llegue a descubrir que era inocente.
Esa la historia de dos inmigrantes italianos, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, quienes en 1927 fueron juzgados y ejecutados en la silla eléctrica en Massachusetts por asalto a mano armada y asesinato, sin que hubiesen pruebas contundentes en su contra y sí grandes posibilidades de que fuesen inocentes. Sin embargo, el hecho de que fuesen inmigrantes italianos y de ideología política anarquista, generó el contexto para que se desecharan pruebas de su inocencia y la fiscalía manipulase al jurado. Este fue un escándalo internacional que produjo manifestaciones en Estados Unidos y en países europeos a favor de la conmutación de este castigo.
Este caso siempre sienta un precedente respecto de la imposibilidad de enmendar un juicio si se descubre la verdad y el enjuiciado ya fue ejecutado.
Este riesgo nos lleva a un tema mucho más grave y profundo: las graves dudas que generalmente despiertan los juicios en México, donde se pueden falsear pruebas y aún descubriéndose, las sanciones son bajas o no hay; donde es posible corromper a funcionarios menores en juzgados para modificar expedientes y quizá hasta jueces. En este contexto incierto la pena de muerte de un chivo expiatorio, podría hacer concluir una investigación embarazosa para alguien poderoso
Los jueces que liberan delincuentes aumentarán el costo de la libertad bajo la amenaza la pena de muerte.
Es peligroso que en México se instrumenten programas jurídicos bajo la presión de importantes instituciones extranjeras, sin considerar las graves condiciones sociales y de idiosincrasia que prevalecen aún en nuestro país y son poco conocidas en el exterior.
Es imposible instrumentar un sistema jurídico sin considerar las variables específicas de nuestro país, pues hay condicionantes específicas que hacen peligrosas e inoperantes las reformas importadas del exterior.
Como muestra está la nueva ley de justicia penal, donde se incluye la negociación entre víctima y victimario sobre la base de una compensación por los daños infringidos. Sin embargo, esto que en el extranjero representa una buena opción, en México significa poner a la víctima en manos de la familia o compinches del victimario para que ésta sea presionada para retirar la denuncia u otorgar el perdón, representando esto vivir días o semanas de terror para la víctima y su propia familia.
Es necesaria y urgente una reestructuración del sistema penal mexicano para blindarlo de corrupción, malos manejos y de la interferencia de una delincuencia organizada tan poderosa que puede enfrentar o cooptar gobernantes.
Debe ser una reforma realizada totalmente como respuesta a los graves vicios que son específicos de nuestro país. Una reforma “a la mexicana”.
Sólo después de un gran blindaje para nuestro sistema penal, para asegurar la aplicación de la justicia, se podría pensar con seriedad en analizar la conveniencia de la pena de muerte, no como un castigo para el criminal, sino como un medio para evitar más muertes provocadas por asesinos seriales que forman parte de la delincuencia organizada.
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