Ya lo dijo el líder de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier: las leyes son conservadoras y la justicia es revolucionaria. Esta descripción representa desprecio por el Estado de Derecho y por nuestra Constitución y además, es una provocación directa.

A MORENA y a las instituciones que ya controla la 4T, les tiene sin cuidado la inconstitucionalidad de cualquier propuesta legislativa, lo cual nos pone frente a un grave riesgo, que es fracturar nuestra democracia y la libertad que esta garantiza.

Sin embargo, el mayor riesgo lo constituye que esta incongruencia se vive en un contexto social grave: que es la actitud de franca rebeldía de la sociedad mexicana frente a todo tipo de “autoridad” y al marco jurídico que regula la vida nacional.

Quizá la clase media instruida, que muestra una tendencia hacia la racionalidad, entiende la necesidad de contar con un sistema jurídico que nos proteja de la barbarie y la ley de la selva. Sin embargo, aún ahí, en este sector social, en el inconsciente colectivo persiste de modo intuitivo un resentimiento contra los abusos de autoridad perpetrados a lo largo de los años por autoridades menores.

Por tanto, los graves riesgos para nuestro país se centran en la pérdida del respeto a la “autoridad” por parte del pueblo. Jamás habíamos visto que los pobladores de pequeñas comunidades agredan y desarmen a militares cuando están uniformados y en cumplimiento de una misión oficial y los obliguen a retirarse sin cumplir su encomienda, así como también que los delincuentes, en lugar de evitar acercarse a los militares o a la policía, como sucedía antes, hoy los provoquen y los agredan.

Así vemos también que el infractor a las reglas de tránsito puede agredir a los agentes de la secretaría de vialidad de su demarcación con la aprobación de los transeúntes y la inacción de las otras autoridades, pasmadas ante el temor de que su intervención sea grabada por un ciudadano y exhibida en redes sociales para luego ser calificada, incluso por los gobernantes, como represión y ello sea motivo de un castigo, impuesto por sus jefes para aplacar la ira del “respetable público”.

Esta actitud ciudadana refleja primeramente graves rencores respecto al abuso de autoridad y violación de derechos humanos por cuerpos policiacos, algunos miembros de las fuerzas armadas, así como del Poder Judicial, a lo largo de los años.

Por ello vemos que hoy se fustiga al poder judicial y el pueblo aplaude a rabiar vitoreando al “dedo flamígero” que lo señala como corrupto. Y es que la gente entiende esto como una reivindicación justiciera que desde “la autoridad gubernamental” castiga a los jueces.

Por tanto, el “ciudadano de a pie” percibe a todos los detractores del Poder Judicial como “super héroes”. Más aún, si el mismo presidente desde las mañaneras arrasa contra todos presentándolos como corruptos, sin diferenciar entre los jueces y magistrados honorables, -que sí los hay- y quienes seguramente sí merecen el apelativo de corruptos, pues entonces nos enfrentamos al linchamiento público del Estado de Derecho, sustentado en un espíritu de venganza colectiva.

Este desgaste, más que estar motivado por la finalidad de aplicar la justicia, lleva el objetivo de cercar y derrotar al Poder Judicial para que ya debilitado, sea sometido a la autoridad personal del presidente de la República.

Sin embargo, estos resentimientos ciudadanos evidencian una grave crisis de valores cívicos, que llegan al extremo de considerar al robo como un acto de justicia social.

Cada vez que una comunidad, de las miles que están asentadas al pie de las vías del sistema ferroviario nacional detienen un vagón de ferrocarril y lo someten al pillaje, se autojustifican sin el menor remordimiento. Es la nueva cultura social impulsada por la naciente “lucha de clases”, que nos divide como sociedad.

El nuestro es un caso insólito en la comunidad internacional, entre los países del mismo nivel de desarrollo de México.

Para entender este fenómeno social podemos recurrir al estudio realizado por el Dr. Philip Zimbardo, investigador de la Universidad de Stanford, titulado “Teoría de las ventanas rotas”.

Este estudio mostró que cuando inicia el desorden y esto deriva en impunidad, conforme evoluciona, cada vez se vuelve más difícil frenarlo.

Esto es lo que sucede cuando a las instituciones que velan por el Estado de Derecho las descalifican precisamente desde la Presidencia de la República.

Es inaceptable que quienes como miembros del poder legislativo y del ejecutivo juraron defender nuestra Constitución, se burlen de ella a través de la más burda demagogia y capitalizando agravios que nuestro pueblo viene arrastrando desde hace siglos.

Quienes han socavado el respeto a las leyes y con ello a la Constitución, son precisamente quienes deben protegerla

Puñalada al Estado de Derecho fue la declaración del senador con licencia Félix Salgado Macedonio: “Si no estoy en la boleta no hay elecciones en Guerrero”.

Debemos reconocer que los mexicanos no tenemos vocación constitucionalista, que es la esencia del Estado de Derecho, pues el individualismo que nos caracteriza como sociedad nos impulsa a anteponer nuestros intereses personales a los colectivos. Las reglas colectivas, las normas y las leyes nacen del mismo pacto social que dio origen a la sociedad que hoy conocemos y eso nos permite la convivencia pacífica.

Sin embargo, en la práctica cotidiana el mexicano, hasta hace muy pocos años, prefería el orden y aun recelando de quienes ejercían la autoridad y se extralimitaban, manifestaba respeto por las instituciones y por el marco jurídico. Ello garantizaba la gobernabilidad, paz social y la convivencia pacífica que disfrutó nuestro país hasta hace poco. ¿Qué se rompió en nuestro México?

Seguramente es la lucha de clases que hoy está siendo convocada por gente que ya se ha alejado de la izquierda y por quienes de plano nunca han militado en ella, lo que está exacerbando los ánimos colectivos e incitando a perder el respeto a las instituciones, con lo cual está despertando al “México bárbaro”. Sin embargo, este ánimo colectivo se puede salir de control.

No es el mismo contexto del “México bárbaro”, descrito por el autor norteamericano J.F. Turner en su libro publicado en 1909, pleno de injusticias que detonaron la revolución mexicana, que el México bárbaro y violento del 2021, acosado por el crimen organizado, donde desaparece gente con total impunidad y donde un desquiciado por simple gusto rocía de gasolina a una indigente septuagenaria y luego le prende fuego, por citar ejemplos.

Gente con trayectoria en la izquierda como Roger Bartra, quien publicó su libro “El regreso a la jaula”, o el activista Gilberto Guevara Niebla, uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1968 y Porfirio Muñoz Ledo, quien indiscutiblemente fue uno de los protagonistas de la lucha por la alternancia democrática que llevó al presidente López Obrador al poder, en una transición democrática, pacífica, madura, desconocen la visión izquierdista de la 4T.

Podríamos concluir que, concediendo que nuestras instituciones autónomas son imperfectas y en el pasado puedan haber caído en excesos, es fundamental preservarlas independientes para generar contrapesos políticos. Es lo único que hoy tenemos para evitar llegar al México bárbaro que asoma en el horizonte, azuzado desde la 4T.

Siempre podremos estar peor…

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