La reforma judicial impulsada por el presidente de la república, -y por su candidata-, se sustenta en la capitalización de los profundos agravios que mueven a la sociedad mexicana en contra de nuestro sistema de impartición de justicia.

Sin embargo, lo que no logra entender la ciudadanía es que la reforma judicial que promueve la 4T lo único que busca es tomar control del Poder Judicial y someterlo a sus condiciones, convirtiéndose así, -el titular del Poder Ejecutivo-, en el poder supremo en el país.

Sin embargo, en el Poder Judicial aún no han descubierto la trampa comunicacional en que hoy están metidos.

La realidad es que los peores agravios relacionados con la justicia no los cometen los miembros de Poder Judicial, -o sea jueces, magistrados, ministros-, sino los policías de los tres niveles de gobierno, -municipal, estatal y federal-, que pertenecen al Poder Ejecutivo, así como los ministerios públicos que dependen de las fiscalías estatales y los de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, el ciudadano, -por desconocimiento-, engloba sus agravios en un todo que integra el Poder Judicial. Es urgente entender que las percepciones públicas, -aunque partan de ideas erróneas o equivocadas-, son las que moldean la actitud de la mente colectiva y los fenómenos de opinión pública que guían las grandes decisiones de nuestro país.

El Poder Judicial debiese deslindarse de los agravios cometidos por otras autoridades en contra de la ciudadanía.  De los abusos de policías, de los agentes ministeriales, -a los que el pueblo simplemente denomina “los judiciales”-, así como de los agentes del ministerio público, que es el primer contacto del ciudadano con los impartidores de justicia.

Es esta confusión la que genera la animadversión ciudadana en contra del auténtico Poder Judicial.

La verdadera corrupción, -y los abusos en contra de los derechos humanos-, están diseminados en todos los ámbitos donde se da el primer contacto con el ciudadano.

En contraste, el Poder Judicial es el garante de la justicia sustentada en nuestra Constitución.

Para salir de esta trampa es urgente una campaña de divulgación que explique a la ciudadanía, -en los medios masivos de comunicación-, qué conforma realmente el Poder Judicial y deslindarse de todos los actores dedicados a la seguridad pública que forman parte del Poder Ejecutivo y de los organismos autónomos, como son las fiscalías.

Esta campaña debe utilizar palabras sencillas, -entendibles para todos los niveles educativos y culturales-, y no sustentarse en conceptos jurídicos.

Además, -en forma paralela-, fortalecer la acción fiscalizadora y punitiva del Consejo de la Judicatura Federal, para castigar directamente a los malos funcionarios públicos, antes de que sea el presidente de la república, -o los participantes de las campañas electorales-, quienes señalen a los jueces y magistrados que actúen al margen de la ética, la justicia y la constitucionalidad.

Es necesario que la ciudadanía reconozca que el Poder Judicial es confiable y es la más importante garantía de justicia. Sólo así se logrará preservar su independencia.

ATENTADO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA COLONIA ROMA

Un juez de control inició un proceso judicial en contra de dos vecinos de la Colonia Roma por haber denunciado a través de la plataforma “X”, -antes Twitter-, a la constructora de nombre Consorcio Hamburgo por continuar con la construcción de un edificio en la calle Oaxaca 33, según ellos, de forma irregular.

Por haberlos denunciado públicamente esta desarrolladora denunció penalmente a estos vecinos, – y tanto el ministerio público como un juez-, han dado curso a la demanda a favor de Consorcio Hamburgo.

Sin embargo, esta obra ya tiene antecedentes de suspensiones  por parte de la alcaldía Cuauhtémoc y procedimientos iniciados desde tiempo atrás.

Este caso es un precedente inadmisible que impone candados a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos a manifestar sus inconformidades.

EL POLACO

El caso del polaco Filip Roger Zalewsky ha abierto nuevamente la cloaca que rodea a la forma de operar del Instituto Nacional de Migración en los aeropuertos del país, transgrediendo todas las garantías a los derechos humanos.

Fue retenido ilegalmente durante 22 meses en la estación migratoria del aeropuerto de Cancún sin que hubiese la instrucción de un juez, -teniendo su documentación migratoria en regla-, pues es un empresario con residencia definitiva en México.

Debemos recordar todas las violaciones a las garantías que han sido denunciadas por familias de turistas que llegaron a México cumpliendo todas las disposiciones migratorias y terminaron retenidos por el INM y extraditados sin comprobarse delitos.

El polaco Zalewsky estuvo a punto de morir de dengue por la insalubridad de la “celda” donde lo retuvieron, y donde las condiciones alimenticias fueron miserables.

Salvó la vida por la intervención de la CNDH, -a petición de su abogado-, para que fuese ingresado a un hospital.

Independientemente de su situación jurídica, -derivada de algún asunto pendiente con el gobierno de su país-, las condiciones de su detención y reclusión en una estación migratoria insalubre y sin condiciones mínimas de hospedaje, -mas la actuación de las autoridades judiciales mexicanas que intervinieron-, amerita una investigación exhaustiva para corregir estas anomalías que representan la imagen de México en el extranjero.

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