Con motivo de la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, victoria lograda por una mayoría conformada por la coalición de pueblos indígenas enemigos de los mexicas y una minoría compuesta por soldados españoles comandados por Hernán Cortés, hemos discutido las atrocidades cometidas hace cinco siglos en contra de los pueblos originarios, lo cual no cambia nuestra historia, pero sí nos confronta y nos divide apelando a resentimientos ancestrales.

Sin embargo, ¿qué estamos haciendo hoy, gobierno y sociedad para brindar oportunidades de desarrollo a los descendientes de nuestros pueblos originarios?

Ellos hoy viven en condiciones de pobreza obligada, relegados en sus comunidades y condenados a vivir bajo su ancestral sistema de usos y costumbres, caracterizado por la opresión a manos de caciques protegidos por las autoridades locales, que representan a nuestro sistema político.

Esto significa negarles el derecho a beneficiarse de los avances de la medicina actual, a tener una educación que les permita tener oportunidades laborales de modo competitivo, para así mejorar su calidad de vida.

Ellos merecen ser protegidos por nuestra constitución y también ser gobernados por un sistema democrático como el que hoy se practica en la casi totalidad de nuestro territorio, excepto en el de ellos.

Y es que todos los funcionarios a cargo del tema indigenista, bajo el argumento de preservar sus tradiciones y cultura, les han endilgado la responsabilidad de ser guardianes de un gran legado cultural que sin duda existe y es de gran valor. Por tanto, los han tenido durante décadas y este gobierno también lo ha hecho, viviendo en las mismas condiciones que han estado desde los siglos anteriores, marginados de un mundo que evolucionó hacia la comodidad, lo cual  les impide colectivamente tener acceso a las mismas oportunidades como las que en principio existen en el resto de nuestro territorio.

Y el trato discriminatorio que les da nuestra sociedad, diremos que es una aberración.

En los libros de historia los ensalzamos como la identidad mítica de nuestro país, pero en la vida cotidiana hoy son menospreciados, abusados y relegados. Es el doble discurso que caracteriza a nuestra idiosincrasia.

Nuestra política indigenista vulnera los derechos humanos básicos de este sector social, al imponerles una responsabilidad que no han pedido y que les significa limitaciones para su desarrollo personal, lo cual les dificulta integrarse de lleno al mundo actual.

Asignarles por decreto gubernamental la responsabilidad de mantener vivas sus culturas, a costa de sacrificar sus oportunidades personales de desarrollo, es discriminatorio y además violatorio de sus derechos humanos.

Podríamos decir que no existen limitaciones reales ni jurídicas que les impidan tomar las decisiones que deseen de modo individual. Sin embargo, psicológicamente se les condiciona para que amen las cadenas invisibles que se les han impuesto colectivamente. Además, si la misma sociedad mexicana, no indígena, los relega, automáticamente los confina a vivir en sus territorios naturales, donde se sienten protegidos.

En el sistema de usos y costumbres sigue practicándose la opresión contra la mujer y persiste el abuso, siendo que en el resto de México, por lo menos jurídicamente, se ha logrado consolidar la igualdad de género.

La sociedad mexicana también los margina cotidianamente. De este modo vemos el maltrato a las “marías”, el abuso laboral, incluso la tolerancia al delito evidente de “trata” que existe en contra de mujeres indígenas y niños, que en manos de bandas de delincuencia organizada son obligados a pedir “limosna” bajo la tolerancia de las autoridades y el silencio cómplice de nuestra sociedad.

Muchas son las injusticias que les impiden vivir dignamente y remontar la pobreza y marginación.

Sólo dejando de lado la demagogia gubernamental y reconociendo su derecho a tener mejor calidad de vida les haremos justicia. Se requiere un proyecto de rescate para ofrecer oportunidades a este segmento de población, relevándole de una responsabilidad no pedida y dejar al estado mexicano la obligación y compromiso de ser el guardián del legado cultural y tradiciones de nuestros pueblos originarios, así como de preservar sus costumbres y lenguas.

Ser incluyentes con los descendientes de nuestros pueblos originarios sería el primer paso para hacerles justicia y reivindicar su memoria.

El beso de Judas

La justicia para que sea verdadera debe aplicarse a todos por igual, porque si es selectiva entonces es venganza, o también puede convertirse en un instrumento al servicio de la política para eliminar opositores y competidores.

Al margen de si existe o no delito que perseguir en el caso de Ricardo Anaya, lo cual es deseable que se investigue con total imparcialidad, vemos que la justicia al estilo de estos tiempos de la 4T ni es ciega ni justa, más bien tiene la vista de una fiera depredadora, pues selecciona con gran precisión a sus víctimas.

La rapidez y eficiencia con la que se armó una carpeta judicial en contra de alguien que representa un peligro para la continuidad del proyecto político de la 4T, contrasta con la lentitud con la que la FGR actúa cotidianamente en contra de la delincuencia organizada.

La misma secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero reconoció hace unas cuantas semanas que el 43% de quienes están hoy en la cárcel aún no tiene sentencia y muchos de ellos llevan ahí más de diez años sin haber sido juzgados.

Si se trata de abrir una carpeta de investigación para castigar a quien ilícitamente recibe dinero, es obligado recordar que hay dos casos muy sonados y muy cercanos a la 4T, documentados con videos que se han vuelto virales, pero inexplicablemente fueron absueltos desde el olimpo del poder con el beneplácito de la implacable FGR, que ni siquiera investigó.

¿Es el ilícito lo que se investiga, o es una estrategia para desactivar un peligro político que se vislumbra para el 2024?

Es vergonzoso que un simple señalamiento de quien sí aceptó su culpa, como lo es Emilio Lozoya, quien aún no ha pisado la cárcel siendo el cerebro armador de los sobornos, sea suficiente para girar órdenes de aprehensión. Es el “beso de judas”; otorgado por el indiciado que obtiene inmunidad a cambio de delatar a terceros, a quienes él dice haber corrompido.

Así es la justicia en tiempos de la 4T… una réplica exacta de los tiempos de antes.

¿A usted qué le parece?

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