Un importante porcentaje de los desistimientos en denuncias por delitos, ante las autoridades, tienen que ver con la fuga de datos de las víctimas, que al llegar a manos de los delincuentes denunciados, sus familias o compinches, permite chantajes, amenazas y violencia para obligar a los denunciantes a retirar su acusación u otorgar perdón.

Este manejo irresponsable de los datos privados en los ministerios públicos debe convertirse en un grave delito para el funcionario público que venda la información o la comparta por tener vínculos con los denunciados.

Es importante, por una parte, legislar para convertir en delito muy grave compartir información privada de los denunciantes, pues se les pone en peligro, incluso de muerte, en el contexto actual de violencia que vive nuestro país. Poner en riesgo a quien denuncia debe pagarse con cárcel.

Como ejemplo de la gravedad y peligrosidad de este descuido de las autoridades que imparten justicia, está el caso de Nayelli, enfermera, que el 8 junio de 2016 fue secuestrada en Huauchinango, Puebla y violada tumultuariamente.

Ella denunció la agresión ante el ministerio público local, que ignoró la acusación. Un año después ella descubrió a uno de sus agresores a bordo de una patrulla de policía, donde viajaba uniformado.

Volvió a denunciar y compartió su hallazgo y lo único que obtuvo, es que sus agresores la buscaran en su casa, la golpearan y la volvieran a violar frente a su pequeña hijita, todo esto como amenaza para que retirase la denuncia.

Esto fue posible por la filtración de sus datos personales a sus agresores.

Por tanto, se vuelve fundamental que el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, junto con todas las fiscalías del país desarrollen un sistema que cargue la información en software blindado que impida que la información guardada sea descifrada por cualquier empleado.

La información de las víctimas debe ser guardada con toda la confidencialidad que amerita el hecho de que implica graves riesgos para el denunciante.

Resguardar la identidad de las víctimas y su entorno será una de las formas en que se podrá combatir la impunidad y garantizar a las víctimas que sus denuncias son seguras.

La vulnerabilidad de la víctima frente a chantajes y extorsiones de los indiciados por el delito es uno de los riesgos de hacer visible a la víctima, en la modalidad del nuevo sistema penal acusatorio para administrar justicia, que propone la negociación y compensación de daños.

Seguramente en otros países no se dan las condiciones que hoy vivimos en México, donde  el delincuente chantajea a la víctima para obtener el perdón.

Es fundamental mantener protegida la información de la víctima para evitar riesgos y combatir la impunidad.

¿Usted cómo lo ve?

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