El presidente López Obrador exhibió en su mañanera del miércoles 04 de octubre a varios jueces por sentencias que podrían ser cuestionables, según la información expuesta por él.

La intención del presidente, -en el contexto actual-, puede interpretarse como la intención de desprestigiar al Poder Judicial para someterlo a su voluntad y a sus intereses

Debemos reconocer que la inacción del Consejo de la Judicatura Federal frente a las impugnaciones presidenciales debilita su imagen ante la sociedad.

El temor a la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial representa un peligro que puede romper, -tanto el orden social-, como el político. Esto puede interpretarse como una actitud responsable por parte de la Judicatura, -y desde esa perspectiva-, ha sido elogiable. Sin embargo, esa es una lectura de visión muy corta.

No debemos perder de vista el sentir de nuestro pueblo. Las clases vulnerables de este país traen arrastrando una larga historia de agravios por parte de “las autoridades judiciales”. El ciudadano común no distingue la diferencia entre un juez federal, -que depende del Consejo de la Judicatura, que es parte del Poder Judicial-, o de un juez local, o un ministerio público que depende de las fiscalías, -ya sea estatal o la de la república-, o policías, que a su vez pueden ser estatales o municipales.

También se debe decir que muchas sentencias absolutorias se derivan de expedientes mal integrados por las fiscalías, que muchas veces no sustentan fehacientemente las acusaciones en contra de los indiciados por algún delito, -lo cual es responsabilidad de quien acusa-, pues los jueces deben resolver sus sentencias con base en la información recibida de parte de las fiscalías.

Sin embargo, la inacción y el silencio de la Judicatura Federal permite la construcción de narrativas que capitalizan el resentimiento popular a favor del intento del presidente de modificar, -desde el Congreso de la Unión-, la estructura del Poder Judicial para tomar control de él, teniendo la complicidad de la bancada de MORENA, que actúa como “oficialía de partes” de las instrucciones que llegan desde Palacio Nacional.

La iniciativa de extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, -al cual pertenecen la Judicatura y la SCJN-, por parte de la bancada de MORENA, representa un acoso sistemático para doblegar a este poder autónomo, a fin de que se alinee con los deseos del presidente López Obrador.

Incluso la narrativa presidencial, -capitalizando el resentimiento colectivo y los agravios ancestrales-, desgasta ante la percepción pública el respeto que debe sentir el ciudadano por la ley como garante de la justicia, y esto, dinamita al Estado de Derecho.

Es urgente que el Consejo de la Judicatura Federal sea proactiva y asuma la responsabilidad de evaluar la actuación moral de sus jueces y sancionar a quienes se les descubran conductas constitutivas de corrupción o delitos. De este modo, la autocensura dará un mensaje a la sociedad mexicana de moralidad y ética.

Cuando los cambios vienen por propia convicción, -desde dentro de las instituciones, y tienen la capacidad castigar conductas ilícitas de sus integrantes-, las instituciones se engrandecen y se blindan a sí mismas.

Por ello el silencio actual no sólo muestra debilidad institucional y una actitud defensiva, sino que convierten al Poder Judicial, -de forma integral-, en cómplice de la conducta de sus miembros más cuestionables.

Que el Poder Judicial requiere reformas es incuestionable, pero que estas partan de propuestas y acciones que surjan de la misma institución, es fundamental para rescatar el respeto que antes sentía el mexicano frente a la autoridad, lo cual es evidente que día con día se va perdiendo.

Defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación es urgente y necesario, pero no puede ser un “cheque en blanco”, pues el Consejo de la Judicatura Federal debe hacer su parte de forma proactiva, y no mantener una actitud reactiva.

MÉXICO… EXPORTADOR DE VIOLENCIA

En los tiempos de los gobiernos neoliberales México se convirtió en un importante exportador de autopartes automotrices, autopartes para la industria aeronáutica, y de muchos productos más que construyeron la economía fuerte que hasta hoy tiene México.

Sin embargo, -durante este gobierno-, tristemente vemos que México se está convirtiendo también en un exportador de violencia.

Esto destruye la honorabilidad de nuestro país construida en muchas décadas, -y seguramente-, tendrá consecuencias para los mexicanos.

Hace veinte años los colombianos que viajaban al exterior estaban sometidos a tratos humillantes en el área de migración de los aeropuertos de muchos países, incluidos los de México. Aún recordamos la frase peyorativa que no hace mucho tiempo se utilizaba en nuestro país para describir el incremento del narcotráfico: “la colombianización de México”.

Hoy los colombianos con mucho esfuerzo, -y sus gobiernos con actitud responsable-, han erradicado este estigma que los perseguía. ¿Ahora seremos los mexicanos quienes al viajar al exterior tengamos trato humillante, generando desconfianza?

La pregunta que flota en el ambiente es: ¿por qué nuestro gobierno no ha tomado las riendas de este grave problema generador de violencia y permite que varias zonas de este país estén totalmente controladas por la delincuencia organizada?

¿Será una estrategia electoral mandar un mensaje de impunidad a cambio de apoyo a MORENA durante las elecciones del 2024?

¿A usted qué le parece?

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