El reciente libro publicado por Anabel Hernández, titulado “Emma y las mujeres del narco”, -el cual fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara-, ha creado gran controversia a partir de la amenaza de varias de las figuras públicas que son citadas en esta obra, de demandar jurídicamente a la autora por el daño a su reputación personal, a partir de la presunción de haber estado ligadas sentimentalmente a algún líder del narcotráfico.

Este no es un asunto menor, pues pone en evidencia la contraposición de derechos que hoy existe en México. Por una parte, el derecho a la libertad de expresión y además, se suma a este el derecho a la información que asiste a la sociedad. En contraposición a ambos, el derecho que todos tenemos a poseer un nombre honorable.

Sin embargo, el contexto social y político ha cambiado desde unos pocos años bajo el impacto de la tecnología y las redes sociales, que han modificado nuestro estilo de vida y valores. Nos hemos convertido en una sociedad morbosa respecto a las vidas ajenas y exhibicionista respecto a la propia.

Sin embargo, la huella digital que vamos dejando en la Web respecto a nuestra conducta, acciones y declaraciones, -con plena intención unas veces, pero sin conciencia otras- es lo que aparece cuando alguien investiga nuestra vida pública, pero a veces aparece también lo privado sin nuestro consentimiento.

Todos vamos dejando esta huella, pero la de las personas públicas representa una curiosidad morbosa, como sucede hoy con la vida de las grandes figuras del espectáculo, el deporte, la cultura y la “socialité”.

Sin embargo, también hay intereses que persiguen un objetivo político o gubernamental poniendo al descubierto intimidades de sus competidores o adversarios.

Este libro realizado por Anabel Hernández seguramente no perseguía a figuras del espectáculo, sino de la delincuencia organizada. Sin embargo, en el desarrollo de esta investigación tangencialmente se fue encontrando, -dentro de las historias íntimas de personajes emblemáticos del crimen organizado-, con figuras femeninas de alto valor mediático, circunstancia que hoy impulsa comercialmente a ese libro convertido ya en best seller.

Quienes en alguna época de nuestra trayectoria profesional hemos conocido por dentro la industria del entretenimiento, hemos sido testigos de la fascinación que ejercen las grandes figuras del espectáculo entre los políticos y en general, entre quienes ejercen poder, tanto económico, como influencia, como sucede dentro del mundo del “narco”. El mundo de los poderosos y el del espectáculo se juntan.

Considerando la posibilidad de que los hechos difundidos por este libro sean reales y verdaderos desde la perspectiva objetiva, se pone en evidencia qué tan delgada es la membrana que sirve de frontera entre el derecho a la libertad de expresión sumado éste al derecho a la información, comparados ambos contra el derecho a la privacidad, lo cual hace legalmente válidos moralmente ambos derechos.

Otra variable que se debe considerar es que no es lo mismo que el sujeto sea oficialmente persona pública, a que sea un ciudadano anónimo. Si bien no es determinante este factor, si termina dando contexto a la interpretación.

Las personas públicas de la política, el espectáculo, deporte y otros ámbitos equivalentes, son las más expuestas a esta exhibición mediática y a las redes sociales, pues su presencia es de interés público.

Sin embargo, el problema viene cuando un hecho publicado o difundido es falso, o siendo verídico es manejado tendenciosamente para darle una interpretación que termine generando reacciones públicas adversas hacia el sujeto, sea persona física, institución o empresa privada o pública.

Este fenómeno de difusión mediática no sólo es privativo del ámbito editorial, sino que hoy sucede principalmente en la política y los intereses de gobierno.

Como parte de este fenómeno que vulnera la reputación de personas, instituciones y empresas,  vemos como desde lo más alto del poder político y gubernamental se califica a actores públicos con etiquetas que  generan escarnio colectivo.

Hoy México tiene el privilegio de haber sido el primer país del mundo que cuenta con una “Fiscalía de la verdad”, que semanalmente juzga y dictamina qué es mentira o verdad en el ámbito informativo, llevando el respaldo presidencial. Seguramente esta será una nueva aportación que México promoverá ante la comunidad internacional.

La reputación hoy se manosea sin consecuencias, con adjetivos calificativos, sin que se aporten las pruebas contundentes que soporten los señalamientos.

A su vez, si virtualmente desde el gobierno ya se conformó la “Fiscalía de la verdad”, que representa un inequitativo ejercicio de poder en contra de adversarios, la sociedad debiese promover la creación de un modelo de “Ombudsperson de la reputación”, de carácter ciudadano, equivalente a la CNDH.

Sin embargo, Lo anterior sólo nos muestra la necesidad de legislar sobre estos temas para dar certeza y alcance a los diversos derechos que convergen en este fenómeno psicosocial y político.

En la industria del espectáculo ser exhibido públicamente generalmente es compensado con rating y mayor fama, pero en las empresas provoca daño a su mercado, si es a las instituciones impacta credibilidad y si fuese  a las personas, en su honorabilidad y buen nombre.

Es necesario generar un debate sobre estos temas, que lleve a legislar en busca de equilibrios entre los derechos en conflicto.

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

La jueza María del Rocío Morales Hernández, en su participación en el foro titulado “Límites del Estado en la persecución delictiva y su impacto en medios masivos de comunicación” organizado por la Escuela Libre de Derecho, La Academia Mexicana de la Comunicación y la Coalición por el Estado de Derecho, mostró cómo la prisión preventiva oficiosa utilizada cotidianamente y no como excepción, tiene graves consecuencias, pues es la causante de graves injusticias porque estimula que se realicen investigaciones superficiales y no exhaustivas para determinar la inocencia o culpabilidad del indiciado, pues si ya se encuentra en poder de la autoridad estimula la tentación de presionarlo psicológicamente, o incluso bajo tortura, para que acepte los cargos.

Por tanto, podríamos concluir que la prisión preventiva oficiosa debe regresar a su espíritu original y volver a ser un recurso jurídico de excepción, para obligar a la realización de investigaciones justas y así eliminar condiciones que permitan a autoridades sin escrúpulos recurrir a la tortura.

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