Los bárbaros que del siglo IV al XV emigraron al Imperio romano, pacíficamente como “ilegales” o violentamente como conquistadores, lo hicieron porque pensaban que en Roma vivirían mejor que donde se encontraban.

Las causas de la mayoría de las migraciones son guerras, persecuciones, falta de libertades políticas, económicas y religiosas, o la posibilidad de superarse económicamente (encontrar un empleo o iniciar un negocio).

Hay variables macroeconómicas, como el Producto por habitante y el porcentaje de pobres en un país, que reflejan si aumentó o disminuyó el nivel de vida en un país. Sin embargo, hay gobiernos, como el de México, que manipulan estas variables. Al Instituto Nacional de Geografía y Estadística que mide dichas variables, para manipular los datos les quitaron la independencia y de un organismo autónomo paso a ser dependencia del ejecutivo.

Los datos del porcentaje de pobres y del nivel de vida, perdieron credibilidad entre los analistas socioeconómicos independientes por esa situación.

La variable que se convirtió en una guía del nivel de vida promedio en México fue la emigración, es decir, el número de mexicanos que abandonan el país y familias para buscar un empleo en otro país. Principalmente en Estados Unidos.

En 2018 vivían en EUA aproximadamente 12.3 millones de mexicanos y pasó a 39.9 millones en 2024, más del doble, durante los gobiernos de MORENA.

Esa comparación nos muestra el empobrecimiento relativo de la mayoría de la población mexicana en relación con los vecinos del norte, básicamente por las políticas puestas en práctica por los gobernantes de MORENA.

Más allá de simpatías o antipatías por los Estados Unidos y de estar en contra o a favor de su sistema, de finales del siglo XIX a la fecha, es el país a donde llegaron más inmigrantes pobres de todo el mundo, que en su mayoría salieron de la pobreza en que se encontraban y encontraron empleos de los que carecían.

Independientemente de sus malos gobernantes e intervenciones indebidas en otros países, las instituciones económicas y políticas de los Estados Unidos crearon las condiciones para elevar el nivel de vida de millones de inmigrantes pobres de todos los continentes.

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Sheinbaum llegó a Palacio con un paquete de 100 compromisos: ampliar programas sociales, atraer inversión, pacificar al país y “democratizar” la justicia. Prometió construir el “segundo piso” de la 4T. ¿Qué vemos un año después? Un tablero mixto: cifras que el gobierno presume, pero sostén débil; reformas presentadas como avances democráticos, pero que politizan instituciones clave; y un Presupuesto 2026 que apuesta a subsidios y monopolios estatales, en lugar de liberar el talento y el trabajo de millones de mexicanos.

La economía: números que aplauden, fundamentos que preocupan

Se presume un récord de inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2025 y se celebra que el crecimiento para 2025 no caiga en recesión. Bien por los titulares. Pero es un error confundir llovizna con época de lluvias. El motor de la economía no es el discurso oficial ni las transferencias públicas, sino la inversión privada sostenida, la seguridad jurídica y la competencia. Sin eso, la confianza es frágil.

La inflación luce “controlada” frente a los picos del pasado, pero sigue erosionando el poder de compra de los más pobres. Y el déficit presupuestal—ese hoyo que se tapa con deuda o más impuestos—permanece como amenaza latente. Cuando el gobierno gasta por encima de lo que ingresa, siempre termina presionando el bolsillo del contribuyente, hoy o mañana.

Programas sociales: alivio inmediato, dependencia permanente

No hay discusión sobre la nobleza de apoyar al adulto mayor o al estudiante de escasos recursos. La pregunta correcta es otra: ¿estos programas ayudan a que la persona deje de necesitar el programa? Si la respuesta es no, entonces son paliativos que alivian hoy y encadenan mañana.

El Presupuesto 2026 lo confirma: cerca de 7 de cada 10 pesos del gasto programable se van a subsidios y transferencias: Pensión para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez, la nueva Pensión Mujeres Bienestar, y un largo etcétera. Eso da votos y simpatía, pero no genera riqueza. La riqueza nace de producir más y mejor, no de repartir lo que no crece.

Energía: rescatar monopolios, castigar a los consumidores

Pemex y CFE reciben más dinero y más permiso para endeudarse. ¿El resultado? Monopolios ineficientes subsidiados por todos. Mientras el mundo compite por energía más limpia, barata y confiable, México insiste en transferir recursos a empresas públicas con pérdidas acumuladas. Cada peso que va a rescatar ineficiencias es un peso que no llega a innovación, infraestructura productiva o seguridad.

Justicia “democratizada”: independencia en riesgo

Se vendió como gran reforma “democratizar” el Poder Judicial y elegir jueces por voto popular. En el papel suena cercano al pueblo; en la práctica, acerca a los jueces a los partidos. La justicia no debe responder a encuestas o campañas, sino a la ley. Si la independencia judicial se debilita, la inversión se retrae, el amparo se vuelve incierto y la propiedad—pública y privada—queda a merced de mayor discrecionalidad. Sin un árbitro imparcial, no hay cancha para la prosperidad.

Más impuestos, más pretextos

Los ingresos tributarios seguirán al alza: ISR, IVA y nuevos gravámenes “para cuidar la salud” sobre refrescos, tabaco, apuestas e incluso videojuegos “violentos”. El problema no es promover hábitos sanos, sino usar ese discurso para exprimir más a la población que ya enfrenta precios altos y salarios que pierden poder de compra. Subir impuestos no crea riqueza; la desplaza del sector productivo al burocrático.

Mipymes: el verdadero paciente desangrado

En dos años se han perdido decenas de miles de patrones registrados ante el IMSS. No sorprende: cada reforma laboral que aumenta el costo de contratar sin elevar la productividad, cada trámite que roba tiempo, cada inspección que se vuelve negocio, expulsa a empresas pequeñas y medianas de la formalidad. Y recordemos: las mipymes generan la mayor parte del empleo y prácticamente la totalidad de las unidades económicas del país. Si a ellas les va mal, a México le va mal.

Ética fiscal y corrupción: la herida que no cierra

La presidenta repite que “el poder no es para enriquecerse” y que “los recursos públicos son sagrados”. Ojalá. Pero los casos de desvíos y redes de complicidad—desde el huachicol hasta transferencias sospechosas vinculadas a figuras cercanas al poder—minan la confianza. El ciudadano se pregunta con razón: ¿para qué pagar más impuestos si una parte termina en corrupción o gasto inútil? Un sistema fiscal sin certeza de buen uso de los recursos erosiona la legitimidad del cobro y la moral tributaria.

¿Qué haría un gobierno amigo del trabajo y la inversión?

No basta con criticar; hay que proponer. Un gobierno que de verdad quiera bienestar duradero debería:

1. Bajar el costo de producir y contratar. Menos trámites, regulación clara, inspecciones sin mordidas y reformas que premien la productividad, no la simulación.
2. Reforma fiscal pro-crecimiento. Ampliar la base, simplificar el cumplimiento y eliminar impuestos “creativos” que sólo castigan consumo y actividad. Mejor pocos impuestos, claros y bajos, que muchos tributos con cien excepciones.
3. Cero privilegios a monopolios estatales. Abrir el sector energético a competencia efectiva y transparentar cada peso de Pemex y CFE. Subsidio que no corrige ineficiencia, se elimina.
4. Estado de derecho sin apellidos. Jueces independientes, amparo robusto, certeza de propiedad y contratos. Sin árbitro confiable, no hay inversión seria.
5. Focalizar apoyos sociales a la movilidad. Becas y transferencias atadas a metas de capacitación, empleabilidad y emprendimiento. El objetivo no debe ser “dar”, sino “graduar” beneficiarios hacia la autonomía.
6. Priorizar infraestructura útil. Carreteras, puertos, agua, seguridad y conectividad que bajen costos logísticos y abran mercados a las regiones más rezagadas.

El balance del año uno

El primer informe de Sheinbaum cierra con una promesa emotiva: “entregar alma, vida y lo mejor de sí misma”. La intención puede ser buena; el diagnóstico, no. Un país no progresa repartiendo cada vez más de un pastel que no crece. Progresamos cuando el panadero, el agricultor, la ingeniera, la enfermera y el emprendedor encuentran reglas claras, impuestos razonables, energía confiable y justicia independiente. Lo demás es ruido.

Hoy México necesita menos anuncios y más principios: libertad económica para crear, competencia para mejorar, y un Estado que haga bien lo que sólo él puede hacer—seguridad, justicia, infraestructura—y deje a los ciudadanos hacer lo que mejor saben hacer: trabajar, producir y salir adelante.

Si el “segundo piso” de la 4T significa más gasto, más control y más monopolios, será otra losa sobre el crecimiento. Si significa reglas claras, independencia judicial y libertad para emprender, entonces sí, tendremos un país donde los programas sociales sean escalera y no cadena, y donde el bienestar no dependa del humor del presupuesto, sino del esfuerzo libre de millones de mexicanos.

El cargo Un año de Sheinbaum: ¿bienestar real o continuidad del intervencionismo? apareció primero en Cisle A. C..

Cuba adoptó con Fidel Castro el sistema socialista, y se asoció con los soviéticos, quienes les dieron armas e instalaron misiles rusos en Cuba, con alcance hasta la mayoría de ciudades de los Estados Unidos, quien le pidió a Rusia que los retirara para evitar un problema internacional. Rusia los retiró.

Puerto Rico, con un gobierno preponderante capitalista, se asoció con los Estados Unidos.

En 2023 en Cuba, después de 66 años de un gobierno socialista, su Producto por habitante solo alcanzó 7,433 dólares, 10.7 veces menor al de Puerto Rico, de 36,948 dólares.

El porcentaje de pobres en Cuba en 2023 fue del 88%, de los más altos de América, y en Puerto Rico del 43%. Porcentualmente la mitad de pobres que en Cuba.

Esa comparación, más allá de derechas y de izquierdas, capitalismo o socialismo, donde los gobernantes no solo tienen el poder político sino empresas estatales, las que controlan los principales sectores de la producción, como en México, Venezuela y Cuba, y sus pérdidas y corrupción reducen los niveles de vida y las libertades económicas y políticas de sus habitantes.

El ranking de Libertad Económica, que califica a casi todos los países del mundo, considera que en Latinoamérica Chile y Uruguay son los 2 países con más libertad económica y Cuba y Venezuela donde hay menos libertad económica.

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El que el total de impuestos que se cobran, 17 a nivel Federal, y el que 13 sean impuestos especiales, es muestrea del engendro tributario (título de uno de mis libros: El engendro tributario, la reforma fiscal fallida; Editorial Planeta; 2002; México), que padecemos los contribuyentes, efecto de la creencia, de los políticos, de tener el derecho de disponer de los ingresos de los ciudadanos como crean más conveniente.

Si se cobra más de un impuesto se cobran muchos impuestos, y en México, nada más a nivel Federal, se cobran 17, a los que, dependiendo del estado, pueden sumarse hasta 10 más, desde el Impuesto sobre Nóminas, pasando por el Impuesto sobre Hospedaje, hasta el Impuesto sobre Espectáculos Públicos.

El único impuesto que debería cobrarse es el Impuesto Único (ni uno más), Universal (sin excepción ni de objeto ni de sujeto gravable); Homogéneo (la misma tasa en todos en todos los casos); no Expoliatorio (para financiar únicamente las legítimas tareas del gobierno: prohibir violar derechos y prevenir su violación y, de fallar, castigar al violador y obligarlo a resarcir); a la Compra de Bienes y Servicios para el Consumo Final (no a los ingresos, propiedades, o compra de factores de la producción). Véase: https://www.razon.com.mx/opinion/2024/12/19/la-reforma-fiscal-12/.

¿Cuál es el fin que debe tener el Impuesto Único, Universal, Homogéneo, no Expoliatorio, a la Compra de Bienes y Servicios para el Consumo Final? La respuesta la encontramos en el “no Expoliatorio”. El impuesto debe cobrarse para financiar, ¡nada más!, las legítimas tareas del gobierno. (I) Inducir a los ciudadanos a la práctica de la justicia, es decir, al respeto a los derechos de los demás, para lo cual el primero en reptarlos, por aquello de la congruencia, debe ser el gobierno). (II) Impartir justicia, en su doble vertiente: (i) castigar a quien viole los derechos de los demás (asesine, secuestre, robe, incumpla contratos); (ii) obligarlo, cuando sea posible, a resarcir a la víctima.

La ventaja del Impuesto Único, Universal, Homogéneo, no Expoliatorio, a la Compra de Bienes y Servicios para el Consumo Final, es que les quita a todos por igual (no hay redistribución del ingreso por el lado del cobro), para darle a todos lo mismo (tampoco hay redistribución del ingreso por el lado del gasto), tal y como debe ser.

Haciendo de lado al inexistente, y poco probable, Impuesto Único, Universal, Homogéneo, no Expoliatorio, a la Compra de Bienes y Servicios para el Consumo Final, el fin de los impuestos debe ser financiar las legítimas tareas del gobierno, para lo cual deben ser generales, ya sea a los ingresos, a las compras, a las propiedades, no siendo ese el fin de los impuestos especiales. En el caso de México dichos impuestos tienen como fin, al menos ese es el discurso oficial, desincentivar conductas dañinas para quienes las realizan, como puede ser el caso, tan discutido en los últimos días, del IEPS a los refrescos. Se trata del gobierno ángel de la guarda, que pretende preservarnos de todos los males, incluidos los que podemos hacernos a nosotros mismos.

El próximo año, a nivel Federal, se cobrarán 17 impuestos distintos, de los cuales 13, el 76.5%, serán Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios, IEPS, impuestos no generales, sino particulares, con los que se gravan, además de con el IVA, solamente ciertos productos, entre ellos algunos cuyo consumo es dañino para la salud, como es el caso de los refrescos.

Estos serán los IEPS para 2026: (1) A gasolina y diesel; (2) A gas natural, carbón, combustóleo y coque de petróleo. (3) A bebidas alcohólicas. (4) A cervezas y bebidas refrescantes. (5) A tabacos labrados. (6) A juegos con apuestas y sorteos. (7) A redes públicas de telecomunicaciones. (8) A bebidas energetizantes. (9) A bebidas saborizadas. (10) A alimentos no básicos con alta densidad calórica. (11) A plaguicidas. (12) A combustibles fósiles. (13) A videojuegos con violencia. 13 en total.

(¡Con qué desfachatez/desvergüenza/descaro meten los políticos las manos en los bolsillos de los contribuyentes! ¡Con qué mansedumbre/sumisión/docilidad se dejan los contribuyentes abusar por los políticos! ¿Para cuándo la rebelión de los contribuyentes?).

Centro la atención en el IEPS a refrescos, con azúcar o sin azúcar, que, de aprobarse en el Congreso de la Unión, el año entrante será de $3.0818 por litro, lo cual significará un aumento de $1.4367, el 87.3%, impuesto que se sumará al IVA del 16% con el que se gravan los refrescos.

Con el nuevo IEPS el gobierno pretende desincentivar, a favor de la salud de los mexicanos, la compra y consumo de refrescos, justificación del nuevo IEPS que no me la creo. Si el gobierno quisiera desincentivar la compra y consumo de refrescos, que no se ande con medias tintas y que los grave con un IEPS que realmente desincentive su compra y consumo, digamos de $1000 por litro.

¿Por qué no lo hace? En primer lugar porque, aunque no lo digan, dada la precariedad de las finanzas del gobierno (cuya causa es, más que la falta de ingresos, el exceso de gastos), el fin no es desincentivar la compra y consumo de refrescos, sino recaudar más, de tal manera que el nuevo IEPS se calculó con ese fin: ¿cuánto puede aumentar el precio de los refrescos, consecuencia del IEPS más alto, sin que se reduzca su cantidad demandada? En segundo lugar porque si la compra de refrescos se gravara con un IEPS de $1000 por litro se generaría un mercado negro de refrescos de proporciones considerables.

Este será el incremento de IEPS en 2026: refrescos, de $1.6451 por litro a $3.0818, el 87.3%; tabacos labrados, de 160% a 200%, el 25%; apuestas, de 30% a 50%, el 66.7%; videojuegos violentos, 8%, que sumado al 16% de IVA da un aumento del 50%; al ahorro (intereses bancarios), de 0.50% a 0.90%, el 80%.

Lo que estamos viendo con la Iniciativa de Ley de Ingreso de la Federación 2026 es que en México basta y sobra que Ejecutivo Federal proponga cobrar más impuestos, y que el Legislativo Federal lo apruebe, para que los contribuyentes se vean legalmente obligados a pagar más impuestos. Lo anterior quiere decir que el derecho de propiedad privada sobre los ingresos, que son el producto del trabajo de cada quien, y con los cuales, directa o indirectamente, se paga cualquier impuesto, no está ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, algo propio del Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho.

E-mail: arturodamm57@gmail.com

Twitter: @ArturoDammArnal

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¿De qué depende esa capacidad? De las inversiones directas, que son las que se destinan a producir bienes y servicios, a crear empleos (para producir alguien debe trabajar), a generar ingresos (a quien trabaja se le paga por hacerlo), empleos e ingresos de los que depende, en buena medida, el bienestar de las personas, que debe ser el resultado de la generación personal de ingreso por trabajo, no de la redistribución gubernamental del mismo, por la que el gobierno le quita a Juan una parte de lo que, por ser producto de su trabajo, es de Juan, una parte de su ingreso, para darle a Pedro lo que, por no ser producto de su trabajo no es de Pedro, una parte del ingreso de Juan, lo cual, calificado engañosamente como justicia social, no deja de ser, como la llamó Federico Bastiat en su famosos escritos El Estado (1849), una expoliación legal.

Una pregunta más interesante es, ¿de quién depende la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente? De los empresarios, quienes llevan a cabo las inversiones directas, quienes producen bines y servicios, quienes crean empleos, quienes generan ingresos, condiciones para el bienestar de las personas. ¿De qué depende cuánto invierten directamente los empresarios en un país?

El cargo De los empresarios apareció primero en Cisle A. C..

En lugar de fomentar la libertad económica y la iniciativa privada, este presupuesto sigue apostando por el intervencionismo.

Lo rescatable

El gobierno proyecta que la deuda pública se mantenga en 52.3% del PIB, prácticamente igual que en 2025. El déficit presupuestario será de 3.6% del PIB y el balance primario positivo de 0.5%. Esto significa que, al menos en el corto plazo, no se dispara el endeudamiento.

Lo malo

Ahí está el verdadero problema: el presupuesto se centra en gasto social y subsidios, dejando de lado las condiciones para un crecimiento sostenido.

1. Programas sociales asistencialistas.

El 70.9% del gasto programable (4,916.1 mmp) se dirige a programas como la Pensión para Adultos Mayores (526,508 mdp), Becas Benito Juárez (184,595 mdp) y la nueva Pensión Mujeres Bienestar (56,969 mdp). Estos apoyos pueden aliviar necesidades inmediatas, pero no generan riqueza. Al contrario, fomentan el clientelismo político y la dependencia del gobierno.

2. Subsidios a empresas estatales.

Pemex recibirá 247,230 mdp y la CFE 61,091 mdp, además de autorización para endeudarse más. Lejos de fortalecer al país, estas transferencias sostienen a monopolios ineficientes que acumulan pérdidas y deuda. En lugar de abrir la energía a la competencia, se insiste en el mito de la “soberanía energética”.

3. Más impuestos.

Los ingresos tributarios subirán a 5,838.6 mmp. Además de incrementos en ISR e IVA, se suman nuevos impuestos a refrescos, tabaco, apuestas y hasta videojuegos “violentos”. Bajo el pretexto de cuidar la salud, el gobierno exprime más al consumidor.

Cómo afecta tu bolsillo

Inflación y costo de vida.

El mayor gasto público, con un déficit de 3.6% del PIB, presionará la inflación, estimada en 3.5%. Esto significa precios más altos en alimentos, transporte y energía.

Menos inversión privada.

Con más impuestos y subsidios, la inversión privada pierde atractivo. Esto se traduce en empleos temporales, salarios bajos y menos oportunidades para emprendedores.

El gobierno pedirá prestados 1,780 mmp en deuda interna y más de 5,000 mdd en deuda externa solo para Pemex. Esa deuda no la pagará este gobierno, sino tú y las próximas generaciones, vía más impuestos y menos recursos para educación, innovación y salud.

En conclusión

El Presupuesto 2026 tiene algunos puntos positivos, como la estabilidad en la deuda y cierta inversión en infraestructura. Pero en el fondo sigue siendo el mismo modelo estatista: más gasto social para ganar votos, más subsidios a empresas públicas quebradas y más impuestos para todos.

La experiencia internacional demuestra que los países que prosperan no son los que reparten subsidios, sino los que confían en la libertad económica, la iniciativa privada y los impuestos bajos.

Mientras no se dé ese giro, el presupuesto seguirá afectando tu bolsillo con inflación, menos empleos productivos y más deuda.

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En 2026, el gobierno federal planea destinarle 30 mil millones de pesos, mientras que sus ingresos estimados rondan apenas los 1,271 millones. Es decir, por cada peso que el Tren genera, necesita más de veinte pesos en subsidios. ¿Aceptarías este modelo de negocio si fueras inversionista? Probablemente no. Pero, como contribuyente, no tienes opción: el déficit lo cubres tú.

El Tren Maya como empresa: un negocio fallido

Si analizamos el Tren Maya con criterios empresariales básicos, encontramos tres problemas evidentes:

1. Ingresos insuficientes: los ingresos anuales no alcanzan ni el 5 % de lo que se le asigna en presupuesto.
2. Costos crecientes: además de la construcción, el mantenimiento y la operación requieren subsidios permanentes.
3. Mercado limitado: entre diciembre de 2023 y junio de 2025 transportó apenas 1.3 millones de pasajeros, una cifra muy por debajo de la meta inicial de 3 millones anuales. En contraste, el Metro de la CDMX moviliza más de 3.5 millones de pasajeros diarios.

En el mundo de los negocios, una empresa que no genera ingresos suficientes ni tiene perspectivas reales de crecer se considera un activo improductivo. Para un empresario privado, sostenerla sería una decisión irracional. Para el gobierno, se convierte en un gasto político financiado con impuestos.

La carga para los contribuyentes

El punto clave es que el Tren Maya no se financia solo. Cada peso adicional que recibe es un peso que deja de destinarse a servicios esenciales como salud, educación o seguridad.

Por ejemplo:

• El presupuesto de 30 mil millones de pesos para el Tren Maya en 2026 es casi equivalente a lo que reciben los 13 hospitales e institutos de especialidad más importantes del país, que atienden a millones de personas sin seguridad social.
• México destina apenas el 2.6 % del PIB en salud, cuando la OMS recomienda un mínimo del 6 %. Sin embargo, se prefirió canalizar recursos a un tren con más descarrilamientos que pasajeros satisfechos.

En otras palabras, los impuestos de los ciudadanos se están destinando a un proyecto que no cubre necesidades prioritarias. Este es el costo de oportunidad: cada peso que se va al Tren Maya es un peso menos para hospitales, medicinas o infraestructura realmente productiva.

El espejo de Pemex y CFE: empresas públicas dependientes

El caso del Tren Maya no es aislado. México ya tiene dos gigantes que operan con lógica similar: Pemex y CFE.

• Pemex: en 2026 proyecta ingresos por 971 mil 600 millones de pesos, de los cuales 263 mil 500 millones provienen de aportaciones directas del gobierno.
• CFE: recibirá ingresos por 535 mil 477 millones, con subsidios de 87 mil 768 millones.

En ambos casos, el Estado transfiere recursos que podrían destinarse a sectores sociales críticos. Tan solo las aportaciones a Pemex equivalen a más de tres veces el presupuesto del programa “Atención a la salud y medicamentos gratuitos” para población sin seguridad social.

El Tren Maya sigue la misma lógica: una empresa pública que genera pérdidas, pero que se sostiene artificialmente porque políticamente resulta rentable.

Problemas de operación: descarrilamientos y baja demanda

Además de su inviabilidad financiera, el Tren Maya enfrenta un serio problema de credibilidad operativa. En tan solo 19 meses ha tenido cuatro descarrilamientos, el más reciente en agosto de 2025 en Izamal, Yucatán. Aunque no hubo heridos, estos incidentes evidencian deficiencias técnicas y de seguridad. Para un turista extranjero, la noticia de descarrilamientos recurrentes es suficiente para elegir otro destino. Para un empresario, es la confirmación de que el proyecto no cumple estándares mínimos de confiabilidad. Y para los contribuyentes, es un recordatorio de que están pagando por un tren que ni siquiera ofrece seguridad plena a sus usuarios.

La ilusión del “desarrollo”

El gobierno ha presentado al Tren Maya como motor de desarrollo regional. Sin embargo, el desarrollo no se construye con infraestructura deficitaria. En negocios, la inversión solo es sostenible cuando genera retorno. Si un proyecto requiere subsidios permanentes para sobrevivir, no es desarrollo: es una carga.

La narrativa de “soberanía” y “orgullo nacional” no sustituye a la lógica financiera. Un negocio sin clientes suficientes y con costos desbordados simplemente no es negocio, es propaganda.

Comparación internacional: soberanía vs. prosperidad

Los países más prósperos no son los que más empresas estatales sostienen, sino los que promueven la competencia y la inversión privada.

• Estados Unidos, el país con menos empresas estatales, es la economía más grande del mundo.
• México, Cuba, Nicaragua y Venezuela, con múltiples empresas públicas, arrastran deudas, corrupción y pobreza.

El Tren Maya, al igual que Pemex y CFE, encarna esta contradicción: se invoca como símbolo de soberanía, pero termina siendo un lastre para el crecimiento.

Un tren sin destino rentable

El Tren Maya no es un proyecto empresarial, sino un gasto político disfrazado de infraestructura. Desde la perspectiva de negocios, es inviable: no genera ingresos suficientes, su mercado es limitado y su operación es costosa e insegura. Desde la perspectiva ciudadana, es injusto: los contribuyentes financian un tren que no usan, mientras hospitales y programas sociales siguen careciendo de recursos.

La verdadera pregunta no es si el Tren Maya algún día será rentable, sino cuánto más estarán dispuestos los mexicanos a pagar por sostener un proyecto que nunca debió plantearse como negocio. En el mundo de la empresa, un proyecto así se cancela. En el mundo de la política, se celebra como “logro histórico”. Pero en el bolsillo del ciudadano, el resultado es siempre el mismo: más impuestos, menos servicios y un tren que avanza sin rumbo económico.

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Ese fenómeno no lo causa la posición geográfica, el mal tiempo, la religión, el nivel de educación o las razas, sino el gasto excesivo y déficit presupuestal de gobernantes irresponsables, pillos o ignorantes.

La causa básica de la inflación es la emisión de dinero por los gobernantes, para enfrentar sus gastos excesivos y altos déficits presupuestales.

La inflación, en algunos países de América, nos muestra la irresponsabilidad de los gobernantes, cuyos gastos excesivos los realizan con fines populistas, como “Primero los pobres”, y es a quienes más empobrecen con sus gastos irresponsables.

Inflación en 2024

 (de menos a más inflación)

La inflación no surge del sol, del suelo, ni de la diversidad cultural o educativa de nuestros pueblos. Surge del déficit fiscal persistente y el financiamiento populista. Los gobernantes que prometen ‘primero los pobres’ con dinero impreso terminan enriqueciendo cifras frías, no hogares cálidos.

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Desde producción hasta bienestar, depende de las inversiones directas

Todo ello, desde producción hasta bienestar, depende de las inversiones directas, que son nacionales y extranjeras. Estas últimas representan, aproximadamente, el 10% del total, y se dividen en nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías (transacciones que tienen lugar entre las matrices y sus filiales en otros países: préstamos, trasferencias, pago de regalías, pago de dividendos, etc.).

De los tres componentes de la inversión extranjera directa, IED, el más importante para medir la confianza de los empresarios foráneos para invertir directamente (abrir empresas, hacer negocios, generar utilidades), son las nuevas inversiones.

Durante el segundo trimestre del año México captó 34,265 millones de dólares de IED, 10.2% más que un año antes, logrando un máximo histórico. Del total 9.2% fueron nuevas inversiones, 84.4% reinversión de utilidades, 6.4% cuentas entre compañías. Lo bueno: el porcentaje de nuevas inversiones aumentó, de 3.0% en el segundo trimestre de 2024, a 9.2% en el segundo de 2025 (6.2 puntos porcentuales más, el 206.67%).  Lo malo: 9.2 de nuevas inversiones, como porcentaje del total de IED, es muy poco. Comparemos.

A lo largo del sexenio de Calderón estas fueron las nuevas inversiones como porcentaje del total de IED: 2007, 43.75; 2008, 20.00; 2009, 30.20; 2010, 64.06; 2011, 41.37; 2012, 23.11. Promedio anual: 37.08%.

Durante el sexenio de Peña Nieto estas fueron las nuevas inversiones como porcentaje de la IED total: 2013, 49.98; 2014, 18.76; 2015, 37.22; 2016, 36.69; 2017, 38.49; 2018, 36.29. Promedio anual: 36.24%.

A lo largo del sexenio de López Obrador estas fueron las nuevas inversiones como porcentaje del total de IED: 2019, 38.96; 2020, 22.04; 2021, 43.72; 2022, 48.15; 2023, 13.35; 2024, 8.59. Promedio anual: 29.14%.

Nuevas inversiones como porcentaje de la IED total: Calderón, 37.08%; Peña Nieto, 36.24% (0.84 puntos porcentuales menos, el 2.27%);  López Obrador, 29.14% (7.10 puntos porcentuales menos, el 19.59%).

En promedio, de 2007 a 2024, las nuevas inversiones, como porcentaje de la IED total, fue 34.15. El 9.2% del segundo trimestre de 2025 está muy por debajo de ese promedio: 24.95 puntos porcentuales, el 73.06%.

Llama la atención el comportamiento de las nuevas inversiones de los últimos dos años. En 2022 fue 48.15% del total de IED, muy por arriba del promedio que se obtuvo entre 2007 y 2021, 36.31% (11.84 puntos porcentuales más, el 32.61%), lo cual es bueno: conviene que, como porcentaje del total, cada vez sea mayor el de nuevas inversiones. En 2023 bajó a 13.35%, muy por debajo del promedio que se logró entre 2007 y 2022, 37.05% (23.70 puntos porcentuales menos, el 63.97%). En 2024 se redujo al 8.59%, muy por debajo del promedio conseguido entre 2007 y 2023, 35.66% (27.07 puntos porcentuales menos, el 75.91%). ¿Por qué la caída?

La Inversión Extranjera Directa, IED, se divide en tres: nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías. De estas tres la que mejor muestra la confianza de los empresarios extranjeros para invertir directamente en México (inversiones directas de las que dependen la producción de bienes y servicios, la creación de empleos, la generación de ingresos, el bienestar de las personas), son las nuevas inversiones, que desde el año pasado han tenido un mal desempeño.

En promedio anual, en el sexenio de Calderón, el 37.08% de la IED total fueron nuevas inversiones. En el de Peña Nieto el 36.24%. En el de López Obrador el 29.14%.

En 2022, al inicio de la segunda mitad del sexenio de López Obrador, el 48.15% de la IED total fueron nuevas inversiones. En 2023 el 13.35%, 34.80 puntos porcentuales menos, el 72.27%. En 2024 el 8.59%, 4.74 puntos porcentuales menos, el 35.66%. ¿Por qué, en 2023 y 2024, el porcentaje de nuevas inversiones fue cada vez menor?

A mayor confianza mayor porcentaje y a menor desconfianza menor porcentaje

Un buen indicador de la confianza de los empresarios extranjeros para invertir directamente son las nuevas inversiones como porcentaje del total de IED: a mayor confianza mayor porcentaje y a menor desconfianza menor porcentaje. Conclusión: el menor porcentaje de nuevas inversiones extranjeras directas se explica por la menor confianza de los empresarios foráneos para invertir directamente en México. ¿Cuál puede ser la causa de esa menor confianza? La sustitución del Estado de Derecho por el Estado de chueco, efecto, principalmente, de la supremacía constitucional y de la reforma al Poder Judicial.

La supremacía constitucional, en versión 4T, consiste en el hecho de que ya no hay una manera legal de impugnar los cambios a la Constitución, por lo que, lo que digan quienes cambien la Constitución, será la última palabra, al margen de lo que verdaderamente importa: si lo que dice la Constitución es justo, si respeta o no los derechos de las personas, si es acorde o no al Estado de Derecho, que es Estado de Justicia. Lo que importa es la justicia, no la constitucionalidad, no la legalidad (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/2024/10/25/supremacia-de-la-justicia/).

La reforma al Poder Judicial, cuya principal pieza fue la elección popular de juzgadores, ha dado como resultado jueces, magistrados y ministros, en mayor o menor medida, supeditados a grupos de intereses empresariales, delictivos y políticos (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/2024/10/21/la-amenaza-13/), lo cual, partiendo del hecho de que Morena puede obtener fácilmente la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, implica la desaparición de la división de poderes, la sustitución del Estado de Derecho por el Estado de chueco, antítesis de aquel. Si el Estado de Derecho es Estado de Justicia, de respeto a los derechos de las personas, el Estado de chueco es Estado de injusticia, de violación legal (este es el problema, que por obra y gracia de la supremacía constitucional puede ser legal), de los derechos de las personas, comenzando por los empresarios.

¿Qué explica el bajo porcentaje de las nuevas inversiones en el total de la IED? La mayor desconfianza de los empresarios. ¿Qué la explica? La sustitución del Estado de Derecho, de Justicia, por el Estado de chueco, de injusticia, esencia de la 4T.

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La inflación ha sido una constante en la historia reciente de la economía mexicana. En lo que va del siglo la inflación acumulada es 191.42%. ¿Por qué que no dejamos de usar el dinero del Banco de México, de mala calidad, que sistemáticamente pierde poder adquisitivo? Porque el inconveniente que ocasiona la pérdida de su poder adquisitivo es menor que el que ocasionaría el dejar de usarlo y tener que recurrir el truque en espera de que, espontáneamente, en los mercados, alguna mercancía empezara a usarse como dinero. Esta es la ventaja que tiene el Banco de México: siempre y cuando estemos dispuestos a soportar la inflación, que es permitida o generada por él, seguiremos usando su dinero, aunque sea de mala calidad.

Ni siquiera en los tiempos de mayor inflación contemplamos la opción de dejar de usar el dinero del Banco de México como medio de intercambio y de recurrir al trueque en espera de que alguna mercancía comenzara a utilizarse como dinero. Fue en febrero de 1988 cuando se alcanzó la que hasta hoy sigue siendo la mayor inflación anual, 179.73%. No conozco a alguien que, en aquellos tiempos de inflación de tres dígitos, haya considerado la opción de dejar de usar el dinero del Banco de México.

Mientras la inflación sea tolerada por los agentes económicos (¿cuánta inflación estamos dispuestos a tolerar antes de que dejemos de usar el dinero producido por el banco central y recurramos al truque en espera de que alguna mercancía comience a utilizarse como medio de intercambio?), el Banco de México podrá seguir, o permitiendo la inflación (permitiendo que las presiones inflacionarias, el alza de algunos precios, se conviertan en inflación, el alza en el índice de precios al consumidor, para lo cual debe aumentar excesivamente la cantidad de dinero que se intercambia en la economía), o generando inflación (incrementando excesivamente la cantidad de dinero que se utiliza para demandar bienes y servicios, por lo que dicha demanda crece de manera excesiva, más allá de la capacidad de la economía para, con producción interna y/o con importaciones, incrementar la oferta de satisfactores al ritmo que aumenta su demanda).

Mientras toleremos la inflación el Banco de México la seguirá generando o permitiendo. Esa es su ventaja, misma que, por preferir los inconvenientes de la pérdida del poder adquisitivo del dinero que los ocasionados por el trueque y la espera para que alguna mercancía surja como dinero, nosotros, los usuarios de ese dinero, le concedemos.

Las criptomonedas, ¿son una opción al dinero producido por los bancos centrales, sin tener que recurrir al truque y a la espera para que alguna mercancía surja como dinero? ¿Otra opción no es la libertad para usar el dinero que más nos convenga (pesos, dólares, euros, etc.), eliminando la imposición del peso como dinero de curso legal?

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