Los bárbaros que del siglo IV al XV emigraron al Imperio romano, pacíficamente como “ilegales” o violentamente como conquistadores, lo hicieron porque pensaban que en Roma vivirían mejor que donde se encontraban.

Las causas de la mayoría de las migraciones son guerras, persecuciones, falta de libertades políticas, económicas y religiosas, o la posibilidad de superarse económicamente (encontrar un empleo o iniciar un negocio).

Hay variables macroeconómicas, como el Producto por habitante y el porcentaje de pobres en un país, que reflejan si aumentó o disminuyó el nivel de vida en un país. Sin embargo, hay gobiernos, como el de México, que manipulan estas variables. Al Instituto Nacional de Geografía y Estadística que mide dichas variables, para manipular los datos les quitaron la independencia y de un organismo autónomo paso a ser dependencia del ejecutivo.

Los datos del porcentaje de pobres y del nivel de vida, perdieron credibilidad entre los analistas socioeconómicos independientes por esa situación.

La variable que se convirtió en una guía del nivel de vida promedio en México fue la emigración, es decir, el número de mexicanos que abandonan el país y familias para buscar un empleo en otro país. Principalmente en Estados Unidos.

En 2018 vivían en EUA aproximadamente 12.3 millones de mexicanos y pasó a 39.9 millones en 2024, más del doble, durante los gobiernos de MORENA.

Esa comparación nos muestra el empobrecimiento relativo de la mayoría de la población mexicana en relación con los vecinos del norte, básicamente por las políticas puestas en práctica por los gobernantes de MORENA.

Más allá de simpatías o antipatías por los Estados Unidos y de estar en contra o a favor de su sistema, de finales del siglo XIX a la fecha, es el país a donde llegaron más inmigrantes pobres de todo el mundo, que en su mayoría salieron de la pobreza en que se encontraban y encontraron empleos de los que carecían.

Independientemente de sus malos gobernantes e intervenciones indebidas en otros países, las instituciones económicas y políticas de los Estados Unidos crearon las condiciones para elevar el nivel de vida de millones de inmigrantes pobres de todos los continentes.

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Cuba adoptó con Fidel Castro el sistema socialista, y se asoció con los soviéticos, quienes les dieron armas e instalaron misiles rusos en Cuba, con alcance hasta la mayoría de ciudades de los Estados Unidos, quien le pidió a Rusia que los retirara para evitar un problema internacional. Rusia los retiró.

Puerto Rico, con un gobierno preponderante capitalista, se asoció con los Estados Unidos.

En 2023 en Cuba, después de 66 años de un gobierno socialista, su Producto por habitante solo alcanzó 7,433 dólares, 10.7 veces menor al de Puerto Rico, de 36,948 dólares.

El porcentaje de pobres en Cuba en 2023 fue del 88%, de los más altos de América, y en Puerto Rico del 43%. Porcentualmente la mitad de pobres que en Cuba.

Esa comparación, más allá de derechas y de izquierdas, capitalismo o socialismo, donde los gobernantes no solo tienen el poder político sino empresas estatales, las que controlan los principales sectores de la producción, como en México, Venezuela y Cuba, y sus pérdidas y corrupción reducen los niveles de vida y las libertades económicas y políticas de sus habitantes.

El ranking de Libertad Económica, que califica a casi todos los países del mundo, considera que en Latinoamérica Chile y Uruguay son los 2 países con más libertad económica y Cuba y Venezuela donde hay menos libertad económica.

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En lugar de fomentar la libertad económica y la iniciativa privada, este presupuesto sigue apostando por el intervencionismo.

Lo rescatable

El gobierno proyecta que la deuda pública se mantenga en 52.3% del PIB, prácticamente igual que en 2025. El déficit presupuestario será de 3.6% del PIB y el balance primario positivo de 0.5%. Esto significa que, al menos en el corto plazo, no se dispara el endeudamiento.

Lo malo

Ahí está el verdadero problema: el presupuesto se centra en gasto social y subsidios, dejando de lado las condiciones para un crecimiento sostenido.

1. Programas sociales asistencialistas.

El 70.9% del gasto programable (4,916.1 mmp) se dirige a programas como la Pensión para Adultos Mayores (526,508 mdp), Becas Benito Juárez (184,595 mdp) y la nueva Pensión Mujeres Bienestar (56,969 mdp). Estos apoyos pueden aliviar necesidades inmediatas, pero no generan riqueza. Al contrario, fomentan el clientelismo político y la dependencia del gobierno.

2. Subsidios a empresas estatales.

Pemex recibirá 247,230 mdp y la CFE 61,091 mdp, además de autorización para endeudarse más. Lejos de fortalecer al país, estas transferencias sostienen a monopolios ineficientes que acumulan pérdidas y deuda. En lugar de abrir la energía a la competencia, se insiste en el mito de la “soberanía energética”.

3. Más impuestos.

Los ingresos tributarios subirán a 5,838.6 mmp. Además de incrementos en ISR e IVA, se suman nuevos impuestos a refrescos, tabaco, apuestas y hasta videojuegos “violentos”. Bajo el pretexto de cuidar la salud, el gobierno exprime más al consumidor.

Cómo afecta tu bolsillo

Inflación y costo de vida.

El mayor gasto público, con un déficit de 3.6% del PIB, presionará la inflación, estimada en 3.5%. Esto significa precios más altos en alimentos, transporte y energía.

Menos inversión privada.

Con más impuestos y subsidios, la inversión privada pierde atractivo. Esto se traduce en empleos temporales, salarios bajos y menos oportunidades para emprendedores.

El gobierno pedirá prestados 1,780 mmp en deuda interna y más de 5,000 mdd en deuda externa solo para Pemex. Esa deuda no la pagará este gobierno, sino tú y las próximas generaciones, vía más impuestos y menos recursos para educación, innovación y salud.

En conclusión

El Presupuesto 2026 tiene algunos puntos positivos, como la estabilidad en la deuda y cierta inversión en infraestructura. Pero en el fondo sigue siendo el mismo modelo estatista: más gasto social para ganar votos, más subsidios a empresas públicas quebradas y más impuestos para todos.

La experiencia internacional demuestra que los países que prosperan no son los que reparten subsidios, sino los que confían en la libertad económica, la iniciativa privada y los impuestos bajos.

Mientras no se dé ese giro, el presupuesto seguirá afectando tu bolsillo con inflación, menos empleos productivos y más deuda.

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Ese fenómeno no lo causa la posición geográfica, el mal tiempo, la religión, el nivel de educación o las razas, sino el gasto excesivo y déficit presupuestal de gobernantes irresponsables, pillos o ignorantes.

La causa básica de la inflación es la emisión de dinero por los gobernantes, para enfrentar sus gastos excesivos y altos déficits presupuestales.

La inflación, en algunos países de América, nos muestra la irresponsabilidad de los gobernantes, cuyos gastos excesivos los realizan con fines populistas, como “Primero los pobres”, y es a quienes más empobrecen con sus gastos irresponsables.

Inflación en 2024

 (de menos a más inflación)

La inflación no surge del sol, del suelo, ni de la diversidad cultural o educativa de nuestros pueblos. Surge del déficit fiscal persistente y el financiamiento populista. Los gobernantes que prometen ‘primero los pobres’ con dinero impreso terminan enriqueciendo cifras frías, no hogares cálidos.

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Hoy en México, la concentración de poder en el Ejecutivo es alarmante. Morena controla no solo la Presidencia, sino también al Congreso y busca someter al Poder Judicial.

Una de las señales más claras de que un país se aleja de la democracia no es el golpe de Estado, sino la acumulación gradual, silenciosa y legalizada del poder en una sola persona o partido. En México, aunque todavía se celebran elecciones y se invoca el nombre de la Constitución en discursos oficiales, los hechos nos dicen que caminamos hacia un régimen que cada día se parece más a una dictadura, disfrazada de democracia, a lo que Mario Vargas Llosa llamó “la dictadura perfecta”.

La historia nos muestra cómo muchos de los dictadores más brutales del siglo XX no llegaron al poder por la fuerza, sino por el voto. Hitler ganó con más del 60 % de los sufragios en 1932. Stalin, Mao y otros caudillos de izquierda fueron populares al inicio. ¿Qué fue lo que los convirtió en dictadores? No fue su llegada al poder, sino lo que hicieron con ese poder: modificar la Constitución, eliminar contrapesos, expropiar, perseguir, encarcelar, y mantenerse en el poder a cualquier precio.

Hoy en México, la concentración de poder en el Ejecutivo es alarmante. Morena controla no solo la Presidencia, sino también al Congreso y busca someter al Poder Judicial. Cada vez que un presidente enfrenta resistencia constitucional, propone una reforma. Cada vez que se le señala un abuso, responde con un ataque, no con argumentos. La Constitución, que debería limitar su poder, se ha convertido en una herramienta para expandirlo.

Una democracia no se define por el número de elecciones, sino por los límites al poder. La división de poderes es esencial. Pero cuando un presidente impone ministros, debilita presupuestalmente a instituciones como el INE, presiona a jueces y usa a la UIF o a la Fiscalía con fines políticos, la balanza del poder desaparece.

En nombre de los pobres se justifican violaciones legales y políticas clientelares. Más pobres, más votos: esa es la estrategia. A quienes reciben ayudas se les advierte que, si pierde el partido en el poder, se terminan los apoyos. Esta coacción disfrazada de “justicia social” destruye el voto libre y transforma los programas sociales en armas electorales.

La manipulación también llega a los medios. La libertad de expresión, uno de los pilares de la democracia, está en riesgo cuando los periodistas críticos son hostigados, vetados o atacados desde el púlpito presidencial. En lugar de defender la pluralidad de ideas, se busca imponer una narrativa única, bajo la amenaza de expropiar, clausurar o fiscalizar a quien disienta.

La Constitución mexicana ha sido modificada cientos de veces, la mayoría para otorgar más poder al presidente. En contraste, Estados Unidos ha tenido una sola Constitución desde hace más de dos siglos, con solo 27 enmiendas. La estabilidad jurídica garantiza derechos. La inestabilidad constitucional, en cambio, es tierra fértil para el autoritarismo.

La justicia también ha sido politizada. Un acto, como recibir dinero en efectivo sin reportarlo, puede ser considerado delito o aportación ciudadana, dependiendo de quién lo cometa. Los enemigos son corruptos; los aliados, benefactores. Esta doble moral es típica de los regímenes que se alejan del Estado de Derecho y se acercan al absolutismo.

México aún no es una dictadura, pero va en camino. El peligro no es inmediato ni evidente como un golpe de Estado. El riesgo está en la normalización de los abusos, en la indiferencia ciudadana, en la justificación constante de lo injustificable. El silencio ante el poder absoluto es el preámbulo de su consolidación.

No se trata de ser alarmistas, sino analizar los sucesos y características de advertencia. Las dictaduras del siglo XX empezaron como gobiernos “populares”, con promesas de justicia y bienestar. Pero terminaron con hambre, represión, pobreza y exilio. Venezuela, Nicaragua y Cuba son ejemplos vivos.

Si no se restaura la división de poderes, si no se protege la propiedad privada y la libertad de expresión, si no se limita al poder mediante una Constitución firme, México corre el riesgo de perder su democracia.

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Durante el sexenio de López Obrador, se castigó —y con razón— a corruptos de administraciones anteriores. Pero se dejó intactos a los de su propio gobierno. En sus tres primeros años, no se tocaron las estructuras que permiten la corrupción. El pretexto de “soberanía nacional” se convirtió en escudo para aumentar la opacidad y reducir la transparencia en las compras públicas. En 2020, más del 90% de los contratos en el sector salud fueron por adjudicación directa, la forma más propicia para desviar recursos públicos sin rendición de cuentas.

Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron desvíos millonarios, como el caso de SEGALMEX, en el que se trianguló dinero a empresas fantasma por más de 800 millones de pesos. Ningún funcionario relevante ha sido investigado ni sancionado. El caso quedó, como tantos otros, en el olvido institucional.

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre 2018 y 2020 se disparó el porcentaje de contratos por adjudicación directa: 35 % en 2018, 39 % en 2019 y 43 % en 2020, un récord histórico. Por primera vez, las compras sin licitación pública superaron a las que siguen procedimientos abiertos y competitivos. La corrupción no solo no se erradicó, se institucionalizó con nuevos protagonistas.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2021, elaborado por Transparencia Internacional, colocó a México en el lugar 124 de 180 países. Compartimos ese sitio con naciones con regímenes débiles y sin controles institucionales sólidos. En América Latina, Uruguay, Chile y Costa Rica están entre los mejores evaluados, mientras México retrocedió.

Ahora, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, el panorama no ha cambiado. La impunidad sigue siendo la norma cuando los implicados son cercanos a Palacio Nacional. La corrupción se combate solo cuando conviene políticamente, pero se encubre cuando se trata de aliados. No hay voluntad de investigar ni de castigar. No se trata de falta de leyes, sino de ausencia de voluntad y congruencia.

La centralización de las compras públicas, especialmente en salud, lejos de resolver el problema, lo agravó. Las denuncias por desabasto de medicamentos tienen raíz en la mala gestión y en las trabas burocráticas que se colocaron intencionalmente para favorecer a ciertos proveedores. Un testimonio que llegó a mi conocimiento describe cómo se revocó una licitación ganada legalmente, para reasignarla a otro proveedor más “alineado”, bajo pretexto de una irregularidad menor.

La corrupción estructural no se combate con discursos, sino con instituciones fuertes, transparencia real y reglas claras para todos. Las adjudicaciones directas deben ser la excepción, no la norma. La opacidad, las consultas amañadas y las cancelaciones de proyectos productivos no fortalecen al Estado: lo debilitan.

El gobierno actual interpreta la “transformación” como destrucción. Texcoco, la cervecera de Mexicali, los ductos de la CFE negados a privados, son ejemplos de cómo se han destruido inversiones productivas en nombre de un proyecto ideológico que desconfía de la iniciativa privada, pero tolera la corrupción pública.

Eliminar fideicomisos, cancelar programas de apoyo o centralizar compras no resuelve nada si no se sustituye por sistemas más eficientes, fiscalizables y transparentes. Hasta ahora, eso no ha sucedido. Se destruyó lo imperfecto, pero funcional, para imponer estructuras más opacas y politizadas.

Uno de los principios básicos de cualquier democracia es aplicar la justicia sin distingos. Castigar la corrupción no debe depender de la camiseta partidista del infractor. Hoy vemos un uso político de las instituciones de justicia: se investiga a opositores, pero se protege a aliados. Es una justicia selectiva, más cercana a los regímenes autoritarios que a una república democrática.

Si la presidenta Sheinbaum desea diferenciarse de su antecesor, debe comenzar por castigar la corrupción dentro de su propio equipo. Y si desea consolidar un gobierno justo, debe aplicar la ley con la misma severidad para todos, sin importar militancia ni cercanía al poder.

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Un claro ejemplo son los peajes de las carreteras. Tan solo en 2025, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) ajustó las tarifas dos veces: en enero un 6.7% y en septiembre hasta un 18%. En total, algunos tramos carreteros acumulan un alza de más del 25% en lo que va del año. La excusa oficial es “actualizar las tarifas conforme a la inflación”. Pero es precisamente ese encarecimiento, originado por decisiones del mismo gobierno, el que provoca la inflación que dicen combatir.

Más del 80% de los alimentos que consumimos en México se transportan por carretera. Por lo tanto, cada alza en el peaje se traslada directamente al precio del jitomate, la leche, el pan. Lo mismo ocurre con los combustibles. En periodos anteriores, como entre agosto de 2017 y 2018, la gasolina magna subió un 21.5% y la premium un 17.4%, mientras el índice de precios al productor creció apenas 8%. En lugar de contener estos incrementos, el gobierno ha convertido a las gasolinas en una fuente de ingresos vía impuestos, castigando a quienes más necesitan movilidad para producir.

La electricidad no se queda atrás. En 2025, muchas empresas en México están pagando hasta 78% más por kilowatt-hora que sus pares en Estados Unidos, según datos de la OCDE. En sectores como el textil, la energía ya representa hasta el 40% de sus costos totales. Mientras tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa estatal, sigue reportando pérdidas que se tapan con dinero público, es decir, con tus impuestos.

¿La razón detrás de estos aumentos? Sencilla: el gobierno necesita cubrir un gasto público excesivo, en gran parte derivado de subsidios improductivos, nóminas infladas y el rescate continuo de empresas estatales como PEMEX y CFE. En lugar de recortar el gasto, optan por subir precios e impuestos, provocando una inflación que afecta a todos, pero sobre todo a los más pobres.

Este fenómeno no es nuevo. En la Alemania de 1923, tras financiar el gasto del Estado con impresión de billetes, una barra de pan pasó de costar 250 marcos en enero a 200 mil millones de marcos en noviembre. Los alemanes usaban el dinero como papel tapiz o combustible porque valía menos que la leña. En Venezuela, hace solo unos años, el bolívar se volvió tan inútil que la gente medía el precio del huevo no por unidad, sino por fajos de billetes. Las escenas de carretillas llenas de dinero para comprar una bolsa de arroz no son distantes: son la consecuencia lógica de gobiernos que gastan sin freno y luego culpan al mercado por la inflación.

En el caso de México. Algunos justifican la inflación culpando a los empresarios que “suben precios”, sin reconocer que sus costos, impuestos y servicios aumentan por decisiones del gobierno. Otros, aconsejados por economistas de inspiración keynesiana, proponen aumentar el gasto público para “reactivar” la economía. Lo que logran, en realidad, es una recuperación ficticia, una burbuja inflacionaria que revienta tarde o temprano.

La verdadera salida no está en gastar más, sino en gastar mejor. El crecimiento económico duradero se logra con reglas claras, respeto al Estado de Derecho, certidumbre jurídica y menos intervención estatal. Estados Unidos crece con regularidad porque los cambios de gobierno no significan el rediseño de toda la economía. En cambio, en América Latina, cada nuevo presidente quiere “reinventar el país”, modificando leyes, expropiando, o desincentivando la inversión privada.

Lo que México necesita es dejar de asfixiar al sector productivo. Si no se reducen los costos artificiales impuestos por el gobierno, los empresarios seguirán subiendo precios para sobrevivir, y los consumidores seguirán pagando las consecuencias. La solución está al alcance: recortar el gasto público, eliminar subsidios inútiles, abrir a la competencia sectores cerrados, y dejar de usar al gobierno como excusa para inflar precios.

Mientras eso no suceda, el verdadero generador de la inflación no es el productor, ni el tendero, ni el agricultor. Está en el escritorio del burócrata que decide cuánto más nos va a costar vivir mañana.

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Pemex no fortalece la soberanía; la debilita.

Por décadas se ha sostenido el mito de que Pemex, por ser una empresa estatal, es garante de la soberanía energética de México. Sin embargo, las cifras actuales, el desempeño operativo, su carga financiera y el uso político de sus recursos demuestran exactamente lo contrario: Pemex no fortalece la soberanía; la debilita.

En el papel, México tiene una empresa nacional productiva. En la realidad, tiene un coloso endeudado, ineficiente, incapaz de sostenerse sin subsidios, y que, para agravar el problema, regala petróleo al extranjero como si nadara en excedentes.

En 2024, Pemex registró una pérdida neta de 620,605 millones de pesos, una de las más altas en su historia, y equivalente a todo el presupuesto anual de salud pública en el país. En lugar de generar riqueza, la empresa se convirtió en un barril sin fondo.

A esto se suma su deuda financiera, que al cierre de ese mismo año ascendió a 97,600 millones de dólares, según datos oficiales de la empresa y reportes de la SHCP. Es la deuda más alta entre las petroleras del mundo. Con ese pasivo, Pemex está técnicamente quebrada, pues sus deudas superan sus activos.

Pero lo más alarmante es que en lugar de reducir su carga, el gobierno planea seguir subsidiándola en 2025 con al menos 136 mil millones de pesos provenientes de los impuestos de los mexicanos, principalmente de los que ni siquiera usan coche, pero pagan las consecuencias del mal manejo financiero.

En octubre de 2023 se dio a conocer una decisión sin precedente: el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM) canceló un crédito por 800 millones de dólares a Pemex. ¿La razón? La petrolera mexicana había estado enviando petróleo a Cuba sin cobrarlo, violando principios financieros y afectando la transparencia exigida para otorgar financiamiento internacional.

Esta práctica fue considerada incompatible con los requisitos de solvencia, y además, una acción política injustificada en una empresa que sobrevive con deuda y subsidios.

El petróleo enviado a Cuba no fue una donación oficial, no se aprobó en el Congreso ni fue parte de un programa de cooperación transparente. Fue un regalo opaco, cargado a la factura pública.

Y lo más grave: se trata de recursos estratégicos que Pemex no produce en exceso, sino que necesita importar refinados para abastecer el mercado interno. En 2024, México importó el 57 % de la gasolina que consumió, principalmente desde Estados Unidos, China y Singapur.

Regalar petróleo mientras se importa gasolina es un sinsentido económico y una clara muestra de cómo Pemex se utiliza con fines políticos e ideológicos, sin importar los costos fiscales ni el impacto en la deuda.

Cuando se habla de “pérdidas” en Pemex no es que el dinero se esfumó: se redistribuyó hacia proveedores a sobreprecio, contratistas ligados a funcionarios y redes de favoritismo. Es un patrón repetido. Solo en Dos Bocas, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por más de 376 millones de pesos. Y en conjunto, entre 2022 y 2023, se documentaron observaciones por más de 1,800 millones de pesos.

Se trata de un esquema estructural de saqueo: el dinero no se pierde, se reparte entre intereses políticos, familiares y empresariales cercanos al poder. Pemex es el gran botín de una élite burocrática que, mientras dice defender la soberanía, en la práctica desangra al Estado.

La dependencia energética de México no ha disminuido con el monopolio estatal. La realidad es que sin las importaciones de gasolina y derivados, el país enfrentaría una crisis de abasto. En 2024, la balanza comercial petrolera fue negativa: se gastó más en importar derivados que lo obtenido por exportar crudo.

Esta situación no solo es insostenible, es peligrosa. Basta una crisis diplomática o comercial con Estados Unidos —nuestro principal proveedor de gasolina— para que tengamos escasez, filas en gasolineras y apagones. Esa es la verdadera vulnerabilidad que Pemex no resuelve, sino profundiza.

El gobierno actual insiste en mantener un modelo petrolero que ya fracasó. Confunde soberanía con estatismo, eficiencia con centralismo, y patriotismo con derroche. Mientras no se incorpore inversión privada para aumentar la producción, modernizar la refinación y aprovechar los recursos, no habrá solución real para Pemex.

La apertura del sector energético no solo es una alternativa válida: es la única vía responsable para evitar una crisis fiscal. Hoy, Pemex no aporta recursos al Estado; los consume. Le cuesta más al pueblo mexicano mantener la ficción de un “petróleo soberano” que asumir con realismo económico que la soberanía se garantiza con eficiencia, no con monopolios estatales quebrados.

Pemex ya no es símbolo de soberanía, sino de ineficiencia, corrupción y dependencia externa. Regaló petróleo a Cuba y perdió un crédito millonario por ello. Pide subsidios, mientras sus pérdidas crecen. Importa gasolina mientras presume ser autosuficiente. Y todo lo anterior lo paga el contribuyente mexicano.

Es hora de dejar de lado el dogma ideológico y enfrentar la realidad con sentido común. Pemex debe abrirse a la inversión privada, profesionalizar su operación y cortar las redes de corrupción que la han convertido en una carga histórica.

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En la Grecia clásica ya se hablaba de la existencia de un orden que debían respetar las leyes. El poeta Hesíodo, en el siglo VIII antes de Cristo, denominaba a ese orden “nomos” y a las leyes que lo reconocían “dike”, que significa “derecho”. Sócrates llamó a ese orden “ethos”. En base a esa concepción, puso en duda la legitimidad de las leyes promulgadas por los tiranos. Platón calificó como “derecho aparente” o “falso derecho” a las leyes que se apartan de ese orden universal.

Aristóteles señaló que ese orden es parte de la naturaleza humana, común a todos los hombres. El jurista romano Gayo lo llamó ius gentiun, derecho de gentes. La filosofía cristiana parte del derecho natural para explicar la dignidad del ser humano. Al derecho natural lo considera por arriba del derecho positivo o ley.

Condicionar el cumplimiento de la ley a los derechos fundamentales del ser humano, ¿viola el principio de “certeza jurídica” y deja el cumplimiento de la ley al criterio o interpretación del juez?

Para responder acertadamente a esa interrogante debemos acudir a la noción de justicia, y partir de la premisa de que la función esencial del juez es impartir justicia, no solo hacer cumplir la ley. Si la función de los jueces fuera únicamente garantizar el cumplimiento de la ley, no serían necesarios; con la policía sería suficiente. La función fundamental de los jueces es castigar a quien violó los derechos fundamentales de otro: vida, propiedad y libertad; no aplicar leyes injustas que violen alguno de los tres derechos fundamentales del ser humano.

Una cosa es decir que “la ley es dura, pero es la ley” (dura lex, sed lex, decían los juristas romanos) y otra que, aunque la ley sea injusta, hay que cumplirla. Hay regímenes que se dicen democráticos y presentan formalmente una división de poderes, pero en la realidad, un pequeño grupo o un dictador disfrazado de presidente constitucional, manipula la creación de leyes de tal forma que le dan poderes ilimitados sobre la vida, patrimonio y destino de los ciudadanos. Muchos dictadores y gobernantes que se dicen fruto de una democracia, engendran leyes que les permiten violar impunemente el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad.

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Cuando hablamos de civilización, nos referimos a una forma particular de organización social, económica y cultural. Decimos “civilización egipcia” o “civilización griega” para describir no solo una época, sino una manera de vivir. Cada civilización tiene su esencia, pero también su evolución; no permanece estática, se transforma o da paso a una nueva.

Una civilización nace, crece, se modifica y, a veces, se funde con otra. Es un fenómeno social que refleja cómo se organizan, conviven y piensan los habitantes de una región. Lo importante no es solo su origen, sino las características que la distinguen de otros grupos humanos.

Hoy, los medios de transporte y comunicación nos permiten conocer y convivir con múltiples civilizaciones. Los aviones, trenes y barcos han acortado las distancias físicas; los medios digitales, las culturales. Esta interconexión impulsa una tendencia a compartir costumbres y prácticas, aunque aún persisten diferencias en idiomas, creencias y leyes.

Gracias a la televisión, el internet y los libros, es posible asomarse a otras formas de vida sin salir de casa. Esta exposición constante a otras culturas crea puentes entre civilizaciones, reduciendo prejuicios y ampliando horizontes. Con cada intercambio, crecen la tolerancia y la comprensión.

La globalización, entendida como la integración de las economías y costumbres del mundo, es un fenómeno que se acelera con el turismo y la tecnología. Ese acercamiento facilita el intercambio de conocimientos, productos y avances jurídicos o tecnológicos que mejoran nuestra calidad de vida. Cuanto más conectados estamos, más posibilidades tenemos de aprender unos de otros.

Aunque las guerras aún existen, su frecuencia ha disminuido. Los conflictos modernos no surgen por odio entre los pueblos, sino por ambiciones de ciertos gobernantes. La propaganda, disfrazada de nacionalismo, sigue siendo usada para generar conflictos artificiales que benefician a unos pocos y perjudican a millones.

Una civilización verdaderamente global requiere leyes que protejan la vida, la propiedad y la libertad, sin importar la nacionalidad. No basta con intercambiar bienes o ideas; debe haber también un marco legal que garantice los derechos de todos, nacionales y extranjeros.

Las garantías individuales —base de cualquier civilización avanzada— no son patrimonio de una ideología. Son derechos fundamentales que deben ser respetados en cualquier sociedad civilizada: la vida, la libertad y la propiedad. Defenderlos es más difícil de lo que parece, pero es la única vía hacia una convivencia pacífica.

Estas garantías incluyen libertades básicas que todo ser humano debería ejercer: libertad de opinión, de expresión, de tránsito, de pensamiento, de conciencia, de religión, de trabajo, de estado civil, de no hacer nada o de elegir a sus gobernantes. Defenderlas no solo define una civilización, sino que marca el rumbo de la humanidad.

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