corrupcionEn un índice de impunidad elaborado por la Universidad de las Américas, que incluyó 59 países, México ocupó el segundo lugar. De nada sirve aumentar penas con esos niveles de impunidad, que son la mejor invitación para delinquir.

La ley anticorrupción, que implicó reformas constitucionales, es en principio un avance. Sus leyes reglamentarias son definitivas para que realmente reduzcan la corrupción y la impunidad en el sector público o solo aumenten la burocracia y la reglamentación, encarezcan los trámites a los ciudadanos y se conviertan en una simulación.
La Reforma Constitucional amplía la competencia a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar las participaciones federales en los estados, pero debe incluir en las leyes reglamentarias la investigación por enriquecimiento ilícito o inexplicable de muchos gobernadores y alcaldes, que han saqueado impunemente estados y municipios.
Se quejan algunos críticos de que esa nueva ley mantiene el fuero al Presidente de la República, gobernadores y alcaldes. El problema no es el fuero, sino el no contemplar un desafuero expedito cuando existan pruebas documentadas de desvíos y corrupción.

La Ley Anticorrupción debe terminar con la costumbre de que las evidencias sobre conductas ilícitas de altos funcionarios sólo quedan en denuncias en los medios de comunicación, apostándole los corruptos al olvido con el tiempo.

Si las leyes reglamentarias no dejan claro el camino para castigar funcionarios de primer nivel, las Reformas anticorrupción solo servirán para crear una burocracia innecesaria y duplicidad de funciones.

Para evitarlo es necesario fusionar la Secretaría de la Función Pública con la Auditoría Superior de la Federación, como cabeza autónoma de un nuevo organismo anticorrupción, con competencia para revisar y vigilar todos los procesos iniciados a funcionarios corruptos en los tres poderes y niveles de gobierno, y en todas las instituciones, empresas y sindicatos que manejen o reciban dinero de los impuestos.

IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN

La impunidad es regla entre funcionarios públicos de alto nivel, como los gobernadores, donde los actos de corrupción y desvíos de recursos quedan impunes, y más cuando se trata de gobernadores del actual partido en el poder.

La frase “no hay pruebas” se vuelve la mejor defensa de los altos funcionarios corruptos, y no las hay porque no las buscan jueces del poder judicial, ni procuradurías del ejecutivo, ni legisladores federales, argumentado que no tienen competencia.

Es vergonzoso para los mexicanos que los actos de corrupción en varios gobiernos estatales sean investigados en el extranjero, mientras las autoridades mexicanas guardan silencio, que manifiesta complicidad.

En EUA y en España, hay expedientes abiertos contra ex gobernadores de varios Estados, entre ellos de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Pero esas acusaciones son desestimadas por las autoridades mexicanas. El caso más vergonzoso es el de un ex gobernador de Coahuila, a cuyo ex Secretario de finanzas lo acusa la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) por lavado de dinero.

En México hay documentos que prueban que en la anterior administración estatal de Coahuila falsificaron documentos para endeudarse indebidamente. Pero como el ex “gober” fue presidente del partido en el poder, no se le investiga y con recursos de los impuestos lo premiaron vía SNTE con una beca para que “dizque” estudiara en España, le dieron una pensión cercana a los 40,000 pesos mensuales como profesor, aunque solo dio clases un año. El gobierno le envió -según el diario español el País- los mejores abogados para sacarlo de la cárcel en España.

La ASF en diversas auditorias ha detectado irregularidades, desvíos y opacidad en el destino de miles de millones en los gastos de varios gobernadores, pero como les mandaba los resultados a las autoridades o legisladores estatales del mismo equipo del gobernador responsable, enterraban esas auditorias. El resultado, impunidad total por parte del gobierno federal a gobernadores de su mismo partido.

EL IMPUNE SAQUEO EN LOS ESTADOS

En los gobiernos del PRI el siglo pasado, el Presidente era el rey y los gobernadores virreyes, nombrados por el rey. La Constitución, a imitación de la de Estados Unidos, convirtió las provincias en “Estados libres y soberanos”. A partir de que pierde la Presidencia el PRI en el 2000, los gobernadores priistas ya no tienen “jefe” y utilizan lo de “libres y soberanos” para gobernar y gastar sin dar cuentas claras.

Cuando fungí como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la LVIII legislatura, 2000-2003, redacté una carta a los gobernadores, donde les pedí rindieran cuentas al Congreso Federal de las participaciones federales, que en los Estados representan en promedio más o menos, 90% de sus ingresos. No sabíamos en qué y cómo gastaban. Los asesores me dijeron que perdía el tiempo pues no había competencia federal para pedir cuentas a los gobernadores. De todas maneras se las envíe. De los 32 gobernadores solo uno se tomó la molestia de contestarme.

A partir del año 2000 aumentaron los recursos a los estados, en parte usados para fortalecer al partido del gobernador en turno, engrosar su patrimonio personal y el de los altos funcionarios estatales, pues a ninguna autoridad superior o independiente, ni al IFAI ni a la ASF, rendían cuentas.

Los gobernadores que controlan Congresos locales y poderes judiciales estatales, manejan sin ningún freno los recursos fiscales.

En Veracruz, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chiapas, por poner algunos ejemplos, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos de miles de millones. En Coahuila la SHCP el sexenio pasado identificó falsificación de documentos para crear o desaparecer deudas, entre otras irregularidades y lo denunció, pero no lograron el apoyo de las autoridades competentes para consignar y castigar a los funcionarios estatales responsables.

La ASF, hasta antes de las reformas Constitucionales entregaba los resultados de sus auditorías a funcionarios estatales del mismo grupo que cometieron los desvíos. Los gobernadores que entran, del mismo partido, puestos por el anterior, solapan y ocultan los robos de recursos millonarios de sus antecesores.

Ya se reformó la Constitución para que la Auditoria de la Federación (ASF), audite las participaciones federales a los Estados y consigne irregularidades a las autoridades competentes, que muchas veces son “incompetentes”

ENCARCELAN A SAQUEADORES DE PETROLERA

En marzo del 2014, un juez federal, Sergio Moro, considerado un héroe nacional en Brasil, inicia una investigación sobre la desviación de miles de millones de dólares por contratistas y altos funcionarios de la empresa petrolera propiedad del Estado.

Esa investigación involucró también a directivos del populista Partido del Trabajo, que gobierna Brasil en nombre del socialismo. Uno de los fundadores del PT es el ex presidente Lula, detenido por unas horas para declarar en relación con propiedades que pusieron a su disposición contratistas de Petrobras, acusados de fraudes.
La operación, coordinada por jueces del poder judicial, denominada “lava Jato” investiga a todos los involucrados y beneficiados del saqueo a la petrolera estatal.

Originalmente se calcularon los desvíos en 2,000 millones de dólares, actualmente alcanzan los 10,000 millones. A esa corrupción la consideran muchos brasileños una de las principales causas de la crisis económica por la que atraviesan.

A la fecha hay más de 50 encarcelados, relacionados con esos desvíos: altos directivos de Petrobras, entre ellos un ex director, el dueño de la mayor empresa constructora de Brasil (Odebrecht), contratista de la petrolera, un ex ministro del gobierno de Lula, muy cercano a él y el ex secretario de finanzas del Partido del Trabajo, beneficiado con esos desvíos. Al PT pertenecen la presidenta de Brasil Dilma Rosseauff y el ex presidente Lula da Silva.

Los beneficios imputados a Lula es que una casa que habitaba se la restauró una empresa acusada de corrupción en Petrobras, y el aceptar como regalo -según la fiscalía de Sao Paulo- un departamento de tres pisos frente a la playa, que aparece a nombre de la constructora OAS, contratistas de Petrobras, cinco de cuyos directivos están en la cárcel.

La gran mayoría de los diputados federales de Brasil, el 71.5%, votaron para que se siga un proceso que puede culminar, si lo aprueba el Senado, con la destitución de la Presidenta, por ocultar datos del verdadero déficit presupuestal del gobierno federal y tolerar la corrupción en la compañía petrolera estatal.

¿Veremos en México una investigación, iniciada por algún juez honesto y valiente, contra quienes saquearon Pemex y a varios estados como gobernadores, o el poder judicial seguirá con una actitud pasiva, evadiendo responsabilidades, con la excusa de que no es de su competencia investigar la corrupción? ¿Habrá que llamar a jueces de Brasil o de España para frenar la impunidad de altos funcionarios deshonestos en México?

LOS COSTOS DEL FASCISMO EN MÉXICO

Los sindicatos son organizaciones generalmente de trabajadores, aunque también lo pueden ser de profesionales o empresarios, cuyo objetivo es defender sus intereses, orientar y capacitar a sus miembros. Esos sindicatos o grupos intermedios son parte de las democracias y sociedades libres; sin embargo, en muchos países degeneran en organizaciones que, con base en privilegios gubernamentales, monopolizan el ingreso para laborar en empresas y dependencias del gobierno. Extorsionan a los trabajadores a cambio de una plaza o los utilizan de acuerdo con partidos políticos para promover el voto.

El fascismo, cuya fuerza se basa en el control político de grupos intermedios para llegar y mantener el poder, fue el esquema que en Argentina utilizaron los peronistas para gobernar durante casi todo el siglo XX y hasta el 2015. Ese sistema fue la principal causa de la crónica crisis económica y social en ese país.

En 1928, Plutarco Elías Calles, admirador de Mussolini, funda el PNR, que posteriormente cambia de nombre a PRI. Hasta los años 70 el PRI funcionó completamente como un partido fascista. Casi no tenía ciudadanos afiliados, solo sindicatos, centrales campesinas y grupos organizados, quienes le aseguraban votos a cambio de privilegios, subsidios, diputaciones o altos puestos en el gobierno federal.

Los sindicatos de maestros, de Pemex, de burócratas, del Seguro social, de la Comisión Federal de Electricidad, de ferrocarrileros, la Central Nacional Campesina (CNC) y la CTM, entre otros grupos, intercambian prebendas: el monopolio de decidir quién entra a trabajar en las empresas o dependencias gubernamentales, altas y prematuras pensiones, por subordinación y apoyo político.

Los crecientes costos generados por los privilegios otorgados a los sindicatos y su progresivo poder hicieron insostenibles los gastos, pensiones e ineficiencias de esos grupos. Algunos se convirtieron en Frankensteins: sus creadores ya no los pudieron controlar.

El encarcelamiento de algunos líderes, como la Quina y Elba Esther Gordillo, no fue solo por corrupción, sino por enfrentar a sus creadores. Ese sindicalismo, todavía vivo en varias empresas estatales y sectores gubernamentales, es una de las causas de ineficiencia, corrupción, pensiones excesivas y pasivos laborales impagables, que cada día absorben un mayor porcentaje del gasto público y hacen necesario que los ciudadanos productivos paguen más impuestos para mantenerlos.

PORQUÉ QUEBRÓ PEMEX

Una empresa quiebra cuando sus pasivos son mayores a sus activos y no cuenta con flujos para pagar a proveedores, pasivos labores, pensiones, vencimientos de deuda ni nuevas exploraciones. Aritmética y contablemente Pemex está quebrada, aunque no lo acepte su dueño, el gobierno, no el pueblo de México, como por años le hicieron creer.
La baja del precio del petróleo le afectó, como a casi todas las compañías petroleras, pero no es la principal causa de su quiebra, tampoco la entrega de impuestos y derechos al gobierno, parecidos a los que pagan Exxon, Shell y otras petroleras en los países donde operan.

El petróleo barato destapó sus ineficiencias, los excesos de su sindicato y los abusos de contratistas y proveedores que, asociados con funcionarios corruptos y líderes sindicales, saquearon impunemente a Pemex mediante sobreprecios y obras fantasmas.

Los gobiernos priístas permitieron el saqueo del sindicato porqué ha sido una fuente de recursos humanos y financieros para el PRI. En el 2001, el nuevo gobierno panista descubrió un desvió de PEMEX a través del sindicato a la campaña del candidato priísta a la presidencia por 1,500 millones de pesos (PEMEXGATE). Se presentó denuncia a la PGR, pero por medio de argucias legales y todo el apoyo del PRI, los acusados, un director de Pemex y dos líderes sindicales, no pisaron la cárcel.

El PRI le dio a un líder implicado en el PEMEXGATE una “pluri” de senador y al otro implicado una de diputado, para que tuvieran fuero y no los detuvieran. Se documentó el desvío, pero la justicia se inclinó hacia el PRI. En todas las elecciones de siglo pasado se repetía esa historia, pero nunca se documentó, tampoco los millones que daban en efectivo al PRI para las elecciones proveedores y contratistas, quienes recibían como recompensa millones en sobreprecios y obras simuladas, que compartían con funcionarios, líderes sindicales y el PRI.

Los robos de gasolinas y materiales, de los más altos del mundo en el sector petrolero, han sido buen negocio para corruptos, pero influyeron en encarecer gas y gasolinas a los consumidores, que resultaron más caras que en EUA para compensar los robos.

Que les paguen sus liquidaciones a sindicalizados con la venta de lo que queda de Pemex o con acciones, que pueden emitir, pero que no tomen más dinero de impuestos para revivir un muerto podrido, al que los zopilotes se lo siguen comiendo.

SOBREREGLAMENTACIÓN, PERMISOS Y CORRUPCIÓN

Hace poco una empresaria, conocida nacional e internacional como una de las que tiene mayores recursos para invertir en México y otros países, denunció que en un conjunto de departamentos que construye, a pesar de que todos los permisos estaban en orden, tres veces le pararon la construcción dependencias de las delegaciones y del Gobierno de la Ciudad de México.

El colmo fue cuando basados en algunas leyes dizque democráticas que piden opinión de los vecinos para construir, éstos le exigieron 5 millones de dólares para ya no obstaculizarle más la construcción. La empresaria no cedió al chantaje y lo denunció públicamente.

Esa situación se repite con pequeñas variantes cotidianamente, no tan solo en las grandes empresas, también en las medianas y pequeñas, que son víctimas de amenazas de clausuras o hasta de cárcel si no cumplen con complejos permisos, que al final dependen de la buena voluntad o de que subrepticiamente y a través de terceros le den una “mordida” a las autoridades.

Además de ser inmorales e injustas todas esas situaciones, aumentan los costos a los inversionistas, quienes al final los reflejan en mayores precios de casas o departamentos a los consumidores o en menos inversiones.

Un industrial me comentó que funcionarios de la Secretaría del Trabajo llegaron a su fábrica y le impusieron multas por más de un millón de pesos por violaciones a la normatividad, muchas absurdas y en las que cabe la valoración arbitraria de los inspectores.

Lo multaron por una maquinaria que según ellos no estaba limpia, que es normal que durante su operación se ensucie, se limpia en las noches; otra multa fue porque los extinguidores quedaban unos centímetros debajo de lo que decía el reglamento y así por el estilo.

Aunque era notorio lo ridículo y excesivo de las multas no las modificaron. El industrial tuvo que iniciar una costosa defensa a través de sus abogados. A los pocos días recibió la visita de unas personas que “se enteraron” que tenía problemas con una inspección de la Secretaría del Trabajo y que ellos eran “especialistas” en ese tipo de problemas, y por una determinada cantidad le aseguraban se lo resolvían.

Otro industrial se quejó de que llegaron inspectores de la Secretaría de Hacienda y le fincaron una alta multa porque, según ellos, importó productos en una fracción arancelaria incorrecta y debía millones de pesos al fisco, más los intereses moratorios. Hablaron con el director del SAT en el estado, quien se negó a revisar el expediente. Tuvieron que ir a la Ciudad de México a hablar con otro funcionario de mayor jerarquía para arreglar el asunto. Las quejas de la arbitrariedad de ese funcionario del SAT y la aparición de intermediarios que les arreglaban el asunto, fueron tantas que lo cesaron. Resultó ser un extorsionador.

Otros casos de corrupción son por el uso del suelo. Como en los tiempos de la inquisición, ante una denuncia anónima se abre un expediente y muchas veces sin mayores trámites se colocan sellos de clausurado en el inmueble. Empieza el calvario de los dueños, la mayoría de los cuales no tiene los conocimientos para su defensa y tiene que contratar un abogado para que les lleve el caso, lo que le significa tiempo y dinero.

Me conto una víctima del moderno proceso inquisitorio, que le clausuraron su casa y colocaron sellos de clausura en su puerta. Después de pagar multas y semanas para aclarar que no era un negocio, llegó una persona a su inmueble, que supuestamente venía a levantar los sellos. Dijo que solo tenían que pagar una “pequeña” cantidad adicional, 3,000 pesos. Al demostrar conocimiento del trámite y estado del asunto, pensaron las víctimas que venía por parte de la institución que le había puesto los sellos. Le dieron el dinero y dijo que en dos horas regresaba a quitar los sellos. Al no regresar, el ciudadano se dio cuenta que había sido víctima de un fraude, pues esa persona no la conocían en la dependencia, pero sí tenía los datos que únicamente conocía la dependencia.

Una persona le pidió a un colaborador que le sacara las placas para su auto. Investigó por internet los requisitos. La persona que mandó le decía que cada vez que iba le pedían otro papel, lo llevaba y le pedían otro más, pensó que había enviado a un tonto. Pero a los pocos días le habló que en esa dependencia una persona (coyote) le dijo que por 1,000 pesos le sacaba las placas en 10 minutos, y vio como quienes le daban dinero las obtenían en el tiempo pactado.

Todas esas experiencias, que algunos llaman “pequeña corrupción” comparada a la de los gobernadores y altos funcionarios, las sufren miles de ciudadanos y se repiten cotidianamente en muchas dependencias de municipios, gobiernos estatales, federales y delegaciones de la CDMX.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) realizó una encuesta entre empresarios medianos y pequeños. La mayoría de los encuestados se quejó de que son víctimas de extorsiones, multas y clausuras, que reducen la inversión, la cual podría ser 50% mayor si no hubiera tanta reglamentación, prohibiciones y permisos innecesarios que generan corrupción y pérdida de tiempo.

La sobre reglamentación, que aumentó multas y permisos, no es por desconocimiento de quienes las ponen en práctica, sino por qué se convierten en una fuente de poder y de ingresos para quienes aplican a su antojo esos reglamentos.

Hace tiempo a un amigo constructor le pregunté que si daba mordidas
-No vengas con tus argumentos moralistas – me dijo- sí doy mordidas, porque si no las pago, que son “tarifas” ligadas al precio de inmueble, me paran la obra por un día, una semana o indefinidamente. -me sale más barato darles la mordida que lo que pierdo por cada día que no trabajo.
¿Por qué no te quejas con las autoridades? -le dije.
-Son ellas las que me están chantajeando- me contesto.


Muchos activistas se rasgaron las vestiduras cuando WalMart, una de las empresas que más fuentes de trabajo ha creado en México, declaró en EUA que los gestores de sus constructores en México daban mordidas para que los dejaran construir.

Ante la baja de ingresos del gobierno parece que todas las dependencias, tanto federales como estatales, le ordenaron a su personal que para compensar la baja de ingresos, multen a las empresas y a los ciudadanos. Las multas excesivas y desproporcionadas son inconstitucionales (violan el artículo 22 constitucional), pero a la mayoría de los ciudadanos les sale más barato pagarlas que contratar un abogado para que les tramite un amparo.

El objetivo principal del aumento indiscriminado de multas y la multiplicación de sus causales, no es corregir una violación por una empresa o propietario que perjudica a la sociedad, sino incrementar los recursos a una dependencia o a sus funcionarios corruptos.

Para allegarse recursos legal e ilegalmente los funcionarios se convierten en uno de los principales obstáculos a la inversión, el empleo y crecimiento, que por un lado el Presidente con sus viajes busca promover, mientras muchos de sus colaboradores la desincentivan y obstaculizan con una serie de reglas discrecionales y prohibiciones que aumentan los llamados costos de transacción.


SOLUCIONES

  1. Para terminar con las extorsiones no es suficiente con cambiar a las personas a quienes se les comprueban ilícitos, sino atacar estructuralmente el mal, lo que implica desreglamentar: derogar toda ley, reglamento o circular a nivel federal, estatal y municipal, que no tenga una justificación plena en mejorar la convivencia o evitar un daño concreto e identificado a la sociedad. Es necesario implementar una verdadera simplificación administrativa, de la que se habla mucho y poco se práctica.
  2. Reducir el grado de discrecionalidad en leyes y reglamentos. El otorgamiento de un permiso no debe depender de grupos o juntas de vecinos, muchas de ellas más cerca de un partido y de las autoridades que de los vecinos, las que basadas en amistades, partido o intereses, aprueban o desaprueban una construcción. El Estado de Derecho implica reglas generales, cortas y claras, si no queremos dar lugar a la demagogia y la corrupción.
  3. Establecer tiempos límites para otorgar permisos, y si no los dan en ese tiempo y no existe un obstáculo claro, que opere la llamada afirmativa ficta, que implica que si se pasa el término que por ley tiene la autoridad para otorgar un permiso y no hay una negación fundamentada, se considera otorgado.
  4. Reducir las multas, y no dejar que a criterio de los funcionarios o asambleas se aumenten desproporcionalmente, violando la Constitución.
  5. Considerar un acto de corrupción y proceder a la destitución de todo funcionario que indebidamente amenace con multas, clausuras o prohibiciones inexistentes a un ciudadano o a una empresa. A menos que el funcionario pruebe que su intención no era extorsionar al ciudadano o empresa, a la que fincó una responsabilidad indebida, debe presumirse que actuó ilegal y corruptamente.

Si no hay esas reformas estructurales en materia de reglamentación, permisos y prohibiciones, seguiremos como un país donde la corrupción reduce la inversión e incentiva a los inversionistas a trasladar sus ahorros y proyectos de inversión a otros países, donde hay menos burocracia y prohibiciones.

PORQUÉ PRI OBSTACULIZA COMBATE A CORRUPCIÓN

En mayo de 2015 se modificaron 14 artículos constitucionales para institucionalizar en todos los niveles de gobierno el combate a la corrupción. A un año de la promulgación de esas reformas por el Presidente de la República, siguen atoradas la aprobación de las leyes secundarias, indispensables para un marco legal que combata eficazmente la corrupción.

De 656 actos de corrupción denunciados penalmente por la Auditoria Superior de la Federación, de 1998 al 2015, según su titular, 19, menos del 3%, han sido consignados. El porcentaje de impunidad es del 97%. La mayoría de las denuncias están atascadas en la PGR. Una de las causas del fracaso de la lucha contra la corrupción es que la mayoría de las instancias que la combaten violan el principio jurídico de que “no se puede ser juez y parte”. Un funcionario subordinado del Presidente no debe investigar al Presidente, ni uno nombrado por un gobernador, investigar al gobernador.

En los estados el desvío de los recursos públicos los investigan procuradores o fiscales escogidos por el gobernador del estado o un Congreso, cuya mayoría está controlada por el gobernador. Los saqueos en varios estados, documentados por la ASF, han quedado impunes. Varios gobernadores presumen en privado, sin micrófono visible que deje prueba, que el actual gobierno federal no les puede hacer nada porque parte del dinero que “tomaron” del fisco estatal o recolectaron entre proveedores y hasta de la delincuencia organizada, lo entregaron para campañas estatales y federales de candidatos del PRI.

Al PRI no le conviene que un organismo autónomo como la ASF, más cercano al Congreso que al ejecutivo, tenga competencia para consignar ante los jueces actos de corrupción de funcionarios, sin pasar por los ministerios públicos, que son parte del poder ejecutivo federal o de los estatales. Si ASF consignara directamente a los jueces, competencia que deberían otorgarle, varios de los gobernadores que financiaron el regreso del PRI al poder podrían ir a la cárcel. El PRI no apoya leyes que agilicen consignaciones por corrupción. Prefieren mediante argucias, prescripción o instancias que controlan, seguir garantizando impunidad a ex gobernadores, como el de Coahuila, patrocinador electoral del PRI con dinero del fisco.

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