avanceA la mitad del sexenio, tres de seis años, se abre una guerra de cifras para mostrar por un lado que estamos mejor y por otro peor que antes de la llegada de la actual administración. Las principales variables macroeconómicas: inflación, empleo, crecimiento, devaluación, déficit, se acomodan para mostrar que mejoramos o empeoramos.

Las variables externas perjudicaron al actual gobierno, dicen las autoridades. No es lo mismo gobernar con un precio del petróleo a casi 100 dólares que con uno menor a 40.

Pero ahora el crecimiento de Estados Unidos, principal motor que ayuda al crecimiento de México, es mayor que en últimos años del sexenio anterior, cuando en el 2009 sufrimos la peor recesión mundial desde 1929. 

Crisis, por factores externos o internos

El PIB en México será menor al esperado en 2015, al igual que sucedió en el 2014, el déficit presupuestal y la deuda externa mayores. La mayoría de las empresas se quejan de menores ventas, de una baja en la actividad económica, del aumento del dólar y su presión sobre los precios.

Hay quienes atribuyen la crisis en México, a partir del nuevo gobierno, a la expectativa del aumento de tasas en EUA, al fortalecimiento del dólar, a la crisis griega, a la baja internacional del precio del petróleo y a la devaluación del Yuan.

Esos factores influyen, pero no son la causa fundamental de la precaria situación de la economía mexicana, sino las decisiones equivocadas de política económica del actual gobierno, por darle preferencia a ganar elecciones más que a prepararse de las presiones externas que se sabía iban a venir.

La primera decisión equivocada fue enfrentar una esperada reducción de los ingresos públicos con un incremento de impuestos en lugar de una reducción de los gastos. Esa decisión se tomó básicamente para ganar el control del Congreso en las elecciones intermedias a mediados del 2015.

El partido en el poder necesitaba dinero en las arcas del gobierno federal y en las de los gobiernos estatales priístas, que son la mayoría. Aumentaron los ingresos del gobierno a costa de reducir los de los ciudadanos. El incremento de impuestos, que implica una traslación de recursos del sector productivo a un gasto improductivo, fue el detonante de la crisis mexicana y no los factores externos.

Si no se hubieran aumentado impuestos y se hubieran reducido los gastos públicos desde el 2014, con presupuesto base cero o sin él, y no esperar al 2016, pasadas las elecciones, otro gallo cantaría en la economía mexicana.

Además de la baja internacional del petróleo, las condiciones fuera del mercado de las licitaciones de Pemex, el atraso para reducir gastos y la ineficiencia en esa paraestatal, cooperaron a menores ingresos petroleros. Esas situaciones impidieron que México se beneficiara de la recuperación de EUA, su principal socio comercial, y no sufriera, como casi todos los países emergentes, los perjuicios del fortalecimiento de los vecinos del norte.

La baja del precio del barril del petróleo afectó las finanzas del gobierno, pero lo más grave fue ejercer un gasto en el 2015 partiendo de un precio ficticio de 79 dólares por barril, asentado en el Presupuesto, el doble aproximadamente de su precio real.

El porqué de los bajos crecimientos y devaluaciones.

El crecimiento en el último año de Calderón fue de 4.0% por ciento, ahora andamos por el 2.0 por ciento. La depreciación acumulada en los sexenios de Fox y Calderón, 12 años, fue de 34.9 por ciento, mientras en los primeros tres años de Enrique Peña Nieto es de alrededor del 29 por ciento.

La variable externa que más influye en el crecimiento de México es el de los Estados Unidos, que en 2015 es mayor que a finales del sexenio anterior. Las exportaciones del sector automotriz a los Estados Unidos aumentaron, así como la mayoría de productos no petroleros, al igual que el turismo y las remesas.

El factor principal que afectó el crecimiento de México en el 2014 y el 2015 fue el aumento de impuestos y una mayor presión fiscal al sector productivo, para mantener altos niveles de gasto en sectores gubernamentales improductivos.

Varios analistas y funcionarios afirman que las devaluaciones en diversos países, como Brasil y México, son debidas a factores externos, principalmente por el aumento de tasas de interés esperado en Estados Unidos. Ese factor presiona la devaluación de las monedas al salir capital especulativo por expectativas de cambios en tasas de interés, pero también por las bajas expectativas de crecimiento y de seguridad que ofrece cada país. Los factores determinantes para los porcentajes y permanencia de las devaluaciones de las monedas de un país en contra del dólar, son las fortalezas o debilidades en la economía interna.

En el caso de México, si tuviéramos una economía más sólida y con expectativas de mayor crecimiento, más empleo, menos impuestos, mayor flexibilidad laboral, menos deuda en manos del capital extranjero especulativo y déficit más bajo, la devaluación del peso sería menor y reversible. Un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos implica una recuperación en ese país y, por lo tanto, un aumento de la exportaciones no petroleras en México, que representan más del 90% de las exportaciones totales, la mayoría de las cuales van hacia los Estados Unidos.

Las devaluaciones en México, a partir de la década de los 70, obedecen principalmente a desordenes en las finanzas públicas: más déficit, más deuda, más burocracia y más gasto público. Esos desequilibrios del sector público se han traducido en más pobreza.

En el sexenio del gobierno de Luis Echeverría el peso se devaluó en 59%; en los seis años de López Portillo, un 647%; en los seis años de Miguel de la Madrid, 1440%; en los seis años de Salinas, 117%; con Ernesto Zedillo, 92%; en el gobierno de Vicente Fox, 12.5%; en los seis años de Felipe Calderón, 20%, y en dos años nueve meses del actual Gobierno, del presidente Enrique Peña Nieto, alrededor del 29%.

Las devaluaciones empobrecen a los mexicanos, incentivan el aumento de precios, redistribuyen negativamente el ingreso, descapitalizan a las empresas, reducen los salarios reales de los trabajadores y aumentan el número de pobres, y todo por gobiernos que a través de gastos improductivos, muchos de ellos con la excusa de ayudar a los pobres, generan desequilibrios, que perjudican más a los pobres y a los trabajadores.

Más ingresos al gobierno, menos a los hogares

El INEGI dio a conocer que del 2012 al 2014, cayó el ingreso real de los hogares de la mayoría de los mexicanos en un 3.5%. Hay quienes culpan de ese empobrecimiento a la mala distribución del ingreso o a las mayores desigualdades entre los ricos y los pobres.

Esos factores no son la causa de la baja de ingresos reales de la mayoría de los mexicanos, sino el aumento de impuestos destinados a incrementar un gasto público en gran parte improductivo. Ese gasto, lejos de impulsar el crecimiento lo obstaculizó, al reducir en las empresas los márgenes de ganancias, principal fuente de inversión, de empleos productivos y de crecimiento.

Entre bombos y platillos el gobierno anunció un incremento de sus ingresos con relación al PIB en sus dos primeros años de gobierno, lo que no dijo fue que lo logró a costa de reducir los ingresos de la mayoría de los mexicanos productivos.

Los planes de austeridad y de un presupuesto base cero para el 2016, no concuerdan con la realidad de un mayor gasto público realizado, por lo menos hasta antes de las elecciones.

El actual gobierno podía haber instrumentado una verdadera reforma fiscal, que implica la reducción de las tasas de ISR para atraer inversión y lograr más crecimiento, y generalizar el IVA a menores tasas, pero no lo hizo. Escogió el camino del aumento de impuestos para compensar la baja del petróleo, en lugar de ajustar desde el 2014 sus gastos. Ahora cosecha los frutos de sus políticas equivocadas, como la baja de ingresos en los hogares.

El gobierno gastó más, los hogares menos, por una translación de ingresos de los gobernados hacia los gobernantes, que se tradujo en un mayor gasto público improductivo para la sociedad, pues en poco o nada apoyó la creación de empleos productivos y el crecimiento estructural de la economía.

Realidad y planes a medio sexenio

Al analizar el contenido de promesas y programas anunciados en el tercer informe por el presidente Enrique Peña Nieto, pareciera que llega un nuevo gobierno a corregir los errores de otro que gobernó los tres años anteriores.

En el tercer informe se anunciaron estrictas medidas de austeridad, las que no hubo en los primeros tres años. La austeridad en el gasto público era necesaria desde el presupuesto del 2014, elaborado a finales del 2013, pues ya había señales de una caída en los ingresos. El ejecutivo y sus legisladores decidieron posponer la austeridad hasta después de las elecciones intermedias del 2015.

En el tercer informe se prometió no más aumentos de impuestos, después de que el partido del gobierno, su aliado, el partido verde, y la izquierda, el PRD, les recetaron a los ciudadanos un incremento de impuestos, en gran parte responsable del bajo crecimiento económico.

Se prometió “trabajar en el Congreso para combatir delito, corrupción e impunidad”. No son necesarias más leyes sino cumplir con las actuales y procesar a los gobernadores, funcionarios y sus socios, que todos saben saquearon las arcas públicas, con base en las denuncias de la Auditoria Superior de la Federación.

Se anunció la colocación de bonos en la Bolsa para infraestructura educativa, que es contratar más deuda. No se necesita más gasto en educación, sino terminar con el pago de miles de millones a seudo profesores que no dan clases y a sindicatos que en nada ayudan a mejorar la educación, como tampoco ayudará a mejorar la cultura la creación de una Secretaria de la Cultura.


Los frutos de los primeros tres años de gobierno en relación a los pobres son, a pesar del aumento del gasto en programas “sociales”, en su mayoría populistas, dos millones más de pobres, según datos de CONEVAL, reducción de los ingresos en la mayoría de los hogares y aumento de la pobreza alimentaria en 600 mil mexicanos, según estimaciones de CONEVAL, a pesar de la “Cruzada Nacional contra el Hambre”.

Ni el mayor gasto público ni el aumento de impuestos en los primeros tres años del actual gobierno, ayudaron a mejorar los niveles de vida de la mayoría de los mexicanos, aunque sí a ganar elecciones al partido en el poder.

Recortes al gasto ¿suficientes?

Al analizar los presupuestos del gobierno federal vemos que más del 80% de los gastos ya tienen un destino predeterminado. El margen de maniobra para nuevos proyectos es del 15 al 20% del total gastado.

Por costumbre, inercia, compromisos o rigidez laboral en dependencias gubernamentales y empresas estatales, la mayoría de los gastos asignados anualmente llegan para quedarse, aunque solo sean fuente de desperdicio y corrupción.

Ante una reducción de ingresos y el peligro de que, a pesar del aumento de impuestos, se dispare más el déficit y la deuda, y manden señales negativas a inversionistas y organismos internacionales en el 2016, pasadas las elecciones, el ejecutivo federal, tardíamente, reduce gasto en el presupuesto.

La reducción, que debe abarcar todas las dependencias, organismos y empresas estatales, los tres niveles y poderes de gobierno, debe ser suficiente para frenar la tendencia al desequilibrio en las finanzas públicas.

Lo más importante es bajar el gasto a niveles adecuados, el método es secundario. Lo determinante no es un presupuesto base cero, sino la decisión, empezando por el Presidente, de bajar el gasto en tal forma que evite empantanarnos en una recesión y libere recursos para activar al sector privado.

Hay mucha tela de donde cortar: pensiones fraudulentas e indebidas en los Estados y empresas estatales, sobreprecios de más de 30% promedio en compras gubernamentales, nómina inflada por maestros que no dan clases, duplicidad de funciones en decenas de organismos, gastos superfluos y sin rendición de cuentas, empezando por los Congresos. Presupuestos millonarios de ayuda al campo, que solo proporcionan votos, gastos etiquetados de “sociales”, que no dan resultados y son utilizados para aumentar clientela electoral, entre otros.

El objetivo del proyecto de presupuesto, presentado por la SHCP al Congreso, ayudaría a impulsar empleos productivos y crecimiento, si los recortes al gasto son a niveles que frenen el crecimiento del déficit, de la deuda, y tengan un margen para bajar tasas de impuestos, si se quieren lograr mayores crecimientos y empleos productivos.

Pero al analizar con la cifras disponibles el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaria de Hacienda a la Cámara de diputados, con un recorte de 221 mil millones de gasto programable, que representan el 1.1% del PIB, concluimos de forma preliminar que es erróneamente selectivo e insuficiente para crear las condiciones de un mayor crecimiento y frenar los desequilibrios de las finanzas públicas.

El proyecto de gasto del gobierno federal para 2016 contempla un aumento de los ingresos tributarios del 19%, lo que implica una mayor presión a los contribuyentes, contra una reducción del gasto de 5.8%.

No reduce, sino aumenta las participaciones a los Estados, donde los gobernadores y alcaldes gastan con opacidad y, según auditorias de la Auditoria Superior de la Federación, hay los mayores desvíos de recursos.

A los senadores y diputados se les aumentan los gastos en el proyecto de presupuesto del 2016. Esos gastos casi en su totalidad no incentivan ni aumentan la producción.
Donde más se reduce el gasto (25%) es en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, donde parte de sus erogaciones son para infraestructura.

La última palabra en el presupuesto de egresos para el 2016 la tienen los diputados federales, ojalá recorten más los gastos improductivos, empezando por los del poder legislativo.

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