competenciaEn 2013 se hicieron trascendentales reformas a la Constitución en materia de telecomunicaciones y competencia económica, las cuales tienen entre sus finalidades garantizar la libre competencia y concurrencia y combatir los monopolios.

Las finalidades buscadas son dignas de encomio, pero pueden implicar una intervención excesiva del Estado en la vida económica y, en cierto sentido, un regreso a los años 70. Si bien la rectoría económica del Estado ya se encontraba plasmada en la Carta Magna (art. 25), las facultades de que se dota a los órganos constitucionales autónomos que se crean son exorbitantes, y pueden afectar el funcionamiento de las empresas y agravar la ya de por sí delicada situación por la que atraviesa la economía del país, en un momento en el que lo que se necesita es seguridad jurídica.

El Estado ni siquiera cumple con sus obligaciones esenciales, como son: garantizar la seguridad pública y la educación. Respecto de esta última, al bajo nivel de enseñanza se suma el gran dispendio y el gran número de “aviadores”. En vez de primeramente meter orden en el ejercicio del gasto y fincar responsabilidades a los funcionarios y empleados responsables, se cede a los chantajes de un número proporcionalmente reducido de sedicentes maestros (vándalos), se aumenta el gasto en servicios educativos y se señala como gran logro haber plasmado en la Ley General de Educación que el Estado debe destinar 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación pública (art. 25).

En las recientes evaluaciones, el nivel de matemáticas resultó bajísimo. El de inglés de los alumnos de las escuelas públicas es prácticamente de “0”, no obstante haber obtenido calificaciones de 9.

La reforma constitucional dio lugar a la expedición de nuevas leyes y a la modificación de más de 10 leyes. Esa nueva regulación se tradujo en más obligaciones y prohibiciones a los particulares, así como en el incremento de las multas. A mayor intervención del Estado en la vida económica mayor corrupción.

La corrupción en México no es exclusiva del sector público, pero en éste prolifera. Es práctica común que en la adquisición de bienes y contratación de obra pública que realizan el Gobierno y las empresas propiedad del “pueblo”, como es el caso de PEMEX y CFE, se exija al contratista un porcentaje. En las empresas privadas es menos usual.

La corrupción es tal que con la finalidad de combatirla existe una normatividad muy compleja para la asignación de contratos de obra pública y adquisiciones, lo que da lugar a una ineficiencia que impide el ágil funcionamiento del sector público, sin que ello evite los actos de corrupción pero sí retrasa la realización de obras y adquisiciones. En muchas ocasiones los asuntos terminan en tribunales con su consecuente demora. Las leyes que regulan esas materias se aplican al Poder Ejecutivo, pero no a los otros poderes ya que éstos expiden sus propias reglas.

Aunado a la corrupción, la mayoría de los funcionarios que administran las empresas del Estado no tienen experiencia empresarial y son designados por criterios políticos a sabiendas de que su paso por la empresa es efímero.

 

Leer completo.. Click aquí