corruptosLos Estados Unidos surgen de la unión de 13 colonias al declarar su independencia de Inglaterra. En Iberoamérica, todas las colonias españolas y portuguesas en el Caribe, Centro, Sudamérica y México, considerado geográficamente como Norteamérica, no se unen, sino forman 27 países independientes.

Esa división es la primera causa de la superioridad de los Estados Unidos del norte sobre los estados desunidos del sur.
México era una colonia, no hubo unión con otra. En el norte y en el sur perdimos territorio ante los desórdenes administrativos y los frecuentes golpes de estado. Centroamérica decide separarse y se divide en varios países. En el norte los efímeros gobernantes olvidan enormes extensiones de territorio por los pleitos internos, lo que aprovechan los Estados Unidos para anexárselos.

Las provincias que se quedan como parte de México se dividen internamente en estados, al imponer los liberales un federalismo extra lógico tomado de la Constitución Norteamericana.

En 1824 se copia prácticamente la Constitución Americana para publicar la mexicana, que aunque incorpora varias instituciones democráticas positivas y la división de poderes, adopta el federalismo, que convierte de un plumazo las provincias que dependían del poder central en estados libres y soberanos.

Tanto en el siglo XIX como en el XX, la mayoría de los gobernantes de esos estados, creados artificialmente, actuaron como si fueran provincias regidas por un poder central. En los 70 años del PRI casi ningún gobernador se consideró libre y soberano para tomar decisiones y los que lo hicieron fueron removidos. Hacían lo que el Presidente les ordenaba.

Al inicio del siglo XXI, al perder el PRI la Presidencia, les surge lo libre y soberano a la mayoría de los gobernadores priístas, pues ya el presidente no era de su partido. Esas facultades, qué son parte de un verdadero federalismo, las utilizan la mayoría de los gobernadores no para tomar decisiones en bienestar de sus estados, sino para no rendir cuentas sobre el destino de los recursos públicos que manejan.

EL IMPUNE SAQUEO EN LOS ESTADOS

A partir del año 2000 aumentaron los recursos a los estados, en gran parte usados para fortalecer al partido del gobernador en turno, engrosar su patrimonio personal y el de los altos funcionarios estatales, pues a ninguna autoridad superior o independiente, ni al IFAI ni a la ASF, rinden cuentas.

Varios estados están prácticamente quebrados, no tan solo se endeudaron sino que a través de la figura de la bursatilización o la falsificación de documentos para obtener mayores deudas, comprometieron ingresos futuros dando como garantía los impuestos, peajes y hasta participaciones federales, que en la mayoría de estados y municipios andan entre 80 y 90% de los ingresos.

Algunos de los gobernadores entrantes no saben con exactitud cuál es la deuda que heredaron.

En Aguascalientes a un ex gobernador panista lo acusan de desviar 58 millones de pesos. A sus familiares les detectaron compras de inmuebles en Estados Unidos por más de 4.5 millones de dólares.

En Chiapas el último gobernador saliente aumentó la deuda de 800 a 21,000 millones y se calcula que la deuda es mayor ya que existen créditos sin registrar. La Auditoria Superior de la Federación documentó irregularidades por miles de millones en el Ramo 33, en recursos a educación básica, en el DIF, Seguro popular, pagos indebidos, constructoras fantasmas y la no entrega de rendimientos financieros de las cuentas del gobierno en la banca, entre otras irregularidades.

Los legisladores cambiaron la Constitución estatal para eximir de responsabilidades al gobernador de las irregularidades y desvíos que cometan sus colaboradores, muchas veces por órdenes superiores.

Una decena de alcaldes son investigados por desviación de fondos. Ciudadanos chapanecos se resisten a pagar el impuesto sobre tenencia vehicular hasta que no se detenga y castigue a responsables de los macro desvíos.

En Coahuila se documentaron falsificación de sellos y documentos para incrementar deuda pública. Se detectaron empresas, propiedades y cuentas en Estados Unidos a nombre de colaboradores del exgobernador y se confiscaron algunas de ellas con millones de dólares. Se documentaron gastos en el extranjero del exgobernador, hermano del actual gobernador, que no tienen respaldo en sus salarios y ahorros que como profesor pudo reunir en toda su vida.

En Tabasco se documentaron faltantes por 989 millones, recursos provenientes de partidas federales de la administración saliente y según el gobernador actual, los desfalcos del anterior gobernador podrían alcanzar los 20,000 millones. En una casa del ex tesorero y ex Secretario de finanzas, se encontraron fajos de billetes en efectivo por 88 millones de pesos.

Al llegar el gobernador de un partido diferente al anterior, detuvieron al ex gobernador que desvió fondos públicos. Mientras en Coahuila, por poner un ejemplo, donde el ex gobernador acusado de desviar fondos dejó a su hermano de gobernador y es del mismo partido, las acusaciones no prosperan.

En Oaxaca, según la Contraloría del estado encontraron irregularidades en casi todas las dependencias que auditaron al recibirlas de la administración anterior y detectaron desvíos por aproximadamente 3 mil millones de pesos.

Un medio de comunicación de Estados Unidos publicó que el exgobernador cuenta con propiedades multimillonarias en ese país.
En Tamaulipas a un ex gobernador la PGR lo investiga por recibir dinero del crimen organizado a cambio de impunidad. Se le confiscaron inmuebles en Estados Unidos, comprados por prestanombres y pagados, según autoridades norteamericanas, con dinero del narcotráfico.

En Veracruz se han dado varias cifras sobre la deuda heredada. En los últimos once años, según la SHCP, la deuda de ese estado aumentó en 67,000%. No está claro en que se gastaron o donde están los recursos millonarios provenientes de endeudamiento y de la bursatilización de ingresos futuros. En tribunales de Texas testigos protegidos confiesan que los cárteles enviaron millones de dólares a funcionarios de ese estado a cambio de impunidad.

Aunque hay denuncias en los medios de comunicación, expedientes abiertos en la Procuraduría General de la República y en Estados Unidos de algunos de esos casos y que es un secreto a voces el saqueo por gobernadores y funcionarios en varios estados, son pocos los que han tenido que responder por ese robo de impuestos con todo el rigor de la ley.

Algunos de los responsables están muy tranquilos, pues piensan que el haber cooperado en la campaña del PRI a la presidencia, les garantiza impunidad sobre todo el dinero que ellos o sus colaboradores desaparecieron.

INNECESARIA MÁS BUROCRACIA PARA COMBATIR CORRUPCION

El proyecto de nuevas leyes para combatir la corrupción y de un “Zar anticorrupción” puede convertirse en un teatro mediático que solo busque contrarrestar el creciente enojó de los ciudadanos ante el descarado enriquecimiento de funcionarios de empresas estatales, contratistas, líderes sindicales, gobernadores y alcaldes, sin que sean llamados a rendir cuentas y castigados por sus actos.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que empezó a funcionar con los gobiernos panistas, sacó a la luz pública excesos e irregularidades, y contribuyó a que por lo menos los corruptos tuvieran más cuidado en lo que hacían, pero faltaron leyes para aclarar de oficio las irregularidades y castigar a los responsables.

Algo parecido sucede con la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que ha dado a conocer faltantes millonarios en los Estados, pero entrega los resultados de sus auditorías a las mismas autoridades que las cometieron, violando en principio jurídico de que no se debe ser juez y parte, el mismo que se contravino al encomendar el Presidente a un subordinado investigar un conflicto de intereses que le imputan.

El camino para reducir la corrupción no es crear con “bombos y platillos” un nuevo organismo que presida un “Zar anticorrupción” con nuevas instalaciones y más burócratas, sino con acciones concretas como:

1. Fusionar la Secretaria de la Función Pública con la Auditoria Superior de la Federación, y darle a este organismo, que ya es autónomo, competencia y autoridad para auditar participaciones estatales y presuntos actos de corrupción en todos los poderes y niveles de gobierno. Y consignar ante tribunales federales, donde la ASF funja como fiscal, en lugar del ministerio público, a los presuntos corruptos, hasta que se dicte sentencia.

2. Considerar las acusaciones documentadas y ventiladas en los medios de comunicación sobre la corrupción de gobernadores para dar inicio a una investigación, que los delitos no prescriban y los expedientes se envíen al archivo muerto y “colorín colorado, esa corrupción se ha terminado”.

3. Que la Procuraduría General de la República investigue hasta el final los desvíos millonarios en los estados y llamar a rendir cuentas a los ex gobernadores, ex alcaldes y sus colaboradores, en cuyos periodos se dieron esos millonarios desvíos, en gran parte tomados de las participaciones federales.

4. Si son necesarias reformas constitucionales, incorporarlas para ejercer acción penal federal contra los responsables de los desvíos de recursos federales, estatales y municipales.

5. No dejar que autoridades estatales -que dependen presupuestalmente de los mismos gobernadores y cuyos puestos son dados y retirados al arbitrio por ellos-, sean los que investiguen los desvíos y corrupción de esos gobernadores y sus colaboradores.

Las principales fuentes y estrategias de corrupción están identificadas, las enumero y analizo en el libro Los ricos del gobierno, pero falta darle sustento y competencia a una autoridad independiente sobre los tres poderes y tres niveles de gobierno, para que combata la corrupción de principio a fin. Lo que se puede lograr con los organismos existentes, sin necesidad de gastar un peso más, al contrario ahorrando al fusionarlos.

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