El déficitLOS POBRES ¿VÍCTIMAS DEL DÉFICIT?
A partir de la Segunda Guerra Mundial se popularizaron las teorías del economista inglés, John Maynard Keynes, que combatían el desempleo mediante un gasto público por arriba de los ingresos tributarios del gobierno. La teoría de Keynes, en aras de reducir el desempleo, justificó el desequilibrio presupuestal, es decir, que el gobierno gastara más de lo que recibía.
Durante la década de los 50 y 60 casi todos los gobernantes del mundo aceptaron esas teorías, que predicaban que gastar era bueno. Y, como "no hay a quien le den pan que llore", pronto se convirtieron en la Biblia de los gobernantes. Lo que antes se consideraban gastos irresponsables y derroches, los calificaron de "decisiones técnicas" para incrementar el empleo. En los países subdesarrollados se le adjudicó al derroche gubernamental la virtud de "redistribuir" la riqueza e incentivar el crecimiento económico.
Tuvieron que pasar las décadas de los 60 y 70 para que las advertencias de varios economistas, entre ellos Von Mises y Friederich Hayek, se vieran confirmadas por la realidad. El desequilibrado gasto público generó inflaciones, devaluaciones, estanflaciones (inflación con desempleo), enormes deudas y la quiebra de miles de empresas y de gobiernos.


En cuanto a la redistribución de la riqueza, fue contraproducente, se dio una redistribución negativa del ingreso. El déficit presupuestal volvió más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. El mayor gasto público se convirtió en un caldo de cultivo para la especulación y la corrupción, en la cual participaron funcionarios y empresarios.
En nombre de los pobres, de la creación de empleos y de los altos crecimientos, los gobiernos gastaron irresponsablemente.
A partir de la década de los 80 en los países industrializados y desde los 90 prácticamente en casi todo el mundo, ya ningún economista o gobernante serio, se atreve a predicar alguna bondad social de los déficit presupuestales.
La mayoría de los gobernantes responsables van de regreso de la aventura del déficit presupuestal. Ahora la meta es garantizar el equilibrio presupuestal, no gastar por arriba de los ingresos propios y evitar el endeudamiento interno, externo y la emisión monetaria, que son la principal causa de los aumentos generalizados de los precios y de las tasas de interés.
La experiencia del siglo XX con los déficit presupuestales nos enseña que antes que altos crecimientos, debe lograrse un equilibrio presupuestal estructural. Sin él, los altos crecimientos sólo benefician a los más pudientes y a mediano plazo generan inflación y devaluaciones.
LA EXPERIENCIA MEXICANA
Uno de los secretos del éxito del llamado desarrollo estabilizador, en los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordáz, donde se alcanzaron los más altos crecimientos y al mismo tiempo las inflaciones más bajas del siglo XX, radicó en mantener cercanos los gastos a los ingresos del gobierno.
A partir del presidente Echeverría, utilizan el déficit como instrumento de crecimiento y redistribución de la riqueza. Empiezan las emisiones de dinero, los endeudamientos y los aumentos de impuestos en nombre de los pobres.
Fueron necesarios tres sexenios, los de Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid, para que nuestros gobernantes se dieran cuenta que el déficit presupuestal solamente genera inflación, mayores desigualdades sociales y menores crecimientos. En el gobierno de Salinas se logró reducir el déficit presupuestal al 1.6% promedio anual, de casi un 12% promedio durante el periodo de Miguel de la Madrid; sin embargo, había gastos que no eran considerados formalmente en el cálculo del déficit, como todavía sucede actualmente.
Aunque en el año 2000 el gobierno presentó un déficit de 1.1% del PIB, dejó varios gastos afuera, como los PIDIREGAS y la deuda del IPAB. Es importante fijarse como meta desaparecer el déficit en el año 2002. Un combate lento al déficit implica que la lucha contra la inflación será cuesta arriba y sin resultados importantes a corto plazo.
Reducir la inflación a los niveles de nuestro principal socio comercial es prioritario. De nada sirve crear una banca "social" para otorgar créditos a las microempresas si la inflación y las tasas de interés son altas.
Si baja la inflación al 2 o 3% anual ayudará mucho más a los pequeños empresarios y a los millones de pobres y trabajadores con bajos salarios, que si el gobierno emprende costosos programas en su nombre, que generen déficit presupuestal, inflación y tasas más altas.
Más que buscar a toda costa altos crecimientos, como el logrado en el año 2000, el gobierno debe fijarse como meta primordial eliminar cuanto antes el déficit fiscal y reducir, por lo menos, la inflación al nivel de los Estados Unidos, principal socio comercial.
¿DÉFICIT O EQUILIBRIO?
Los precios de un producto suben en el mercado por el aumento de la demanda o la disminución de su oferta. Esa es la primera lección que aprende cualquier estudiante de economía.
Los precios son la guía social más importante para conectar las demandas de los consumidores con los productores. En una economía sana algunos precios suben y otros bajan; en una inflacionaria, casi todos los precios aumentan.
Durante muchos años se pensó que la inflación, entendida como un aumento generalizado de los precios, se debía a la avaricia de los productores. Actualmente, cualquier economista serio rechaza ese argumento, pues sabe que la causa del incremento generalizado de los precios es un aumento de los medios de pago disponibles.
Cuando en un país se observa un aumento en casi todos los precios, debemos buscar su origen en un mayor gasto público, financiado con la emisión de dinero o endeudamiento interno.
En el diccionario de la Real Academia Española aparece la definición de inflación como una excesiva emisión de billetes y, yo agrego, casi siempre para financiar el gasto público. Esa verdad económica es frecuentemente olvidada por gobernantes, diputados, senadores, líderes sindicales y periodistas, que con la excusa de resolver alguna carencia social, piden más gasto sin tomar en cuenta los ingresos reales con que cuenta un gobierno. El déficit significa emisión monetaria o endeudamiento. En todos esos casos implica, tarde o temprano, un mayor nivel de precios.
Las fuertes inflaciones en las décadas de los 60 y 70, fueron debidas a incrementos en los gastos públicos, casi siempre justificados por la necesidad de dar más dinero a los pobres. Paradójicamente, esos sectores fueron los más perjudicados con las políticas de gasto público para teóricamente ayudarlos. Es muy importante que todos los legisladores y gobernantes, tengan en mente que todo gasto que realicen implica un desembolso para la sociedad. Y que cuando el gasto supera los ingresos, necesariamente serán financiados con endeudamiento interno o externo, vías que presionan al alza las tasas de interés, que a la vez empujan los precios hacia arriba.
Si el alto gasto público es enfrentado por la vía de emisiones monetarias o inflación, se incrementa el nivel de precios, que aunque pueden sortearlo y aun beneficiarse de ese fenómeno las grandes empresas, empobrecerá a la mayoría de los trabajadores y pondrá al borde de la quiebra a las pequeñas empresas.
Es injusto, antisocial y contraproducente apoyar un mayor déficit en las finanzas públicas, por urgente que parezcan las necesidades a cubrirse.
LA ALTERNATIVA
Una de las discusiones entre los diputados es si debe utilizarse el déficit presupuestal para allegarle más recursos al gobierno o buscar el equilibrio presupuestal.
Debido a la enorme deuda del sector público en México, lo más correcto es no tan sólo evitar gastar por arriba de los ingresos sino, como lo haría cualquier jefe de familia prudente, gastar menos de lo que ingresa para, con el remanente, desendeudarse y no heredar a las futuras generaciones pasivos que, como una bola de nieve, crecen día a día y a mediano y largo plazo reducirán sus niveles de vida. Es injusto y poco ético heredar a nuestros hijos deudas que tendrán que ser cubiertas con su trabajo.
El esfuerzo que tiene que hacer el nuevo gobierno, apoyado por el poder legislativo, es aumentar la productividad del gasto, hacer más con lo mismo y aumentar la eficiencia en la recaudación fiscal.
Todo diputado, senador, funcionario, juez, gobernador o presidente municipal, si tienen un sentido patriótico, debe tener suma prudencia en los presupuestos que piden para las dependencias donde laboran y tener presente que cada peso que gastan es un peso que le quitan a los ciudadanos.
Ojalá cada día más funcionarios públicos digan “con lo que tenemos es suficiente, no necesitamos ningún aumento en el presupuesto”. Un buen funcionario debe tratar de ser más productivo y no sólo dedicarse a pedir más dinero, que viene de un pueblo al que debe defender.
Toda acción gubernamental cuesta, implica impuestos y debido a la llamada translación fiscal, los sectores que terminan pagando la mayor parte de ellos son la clase media y humilde.
Los que tienen una mayor posibilidad de beneficiarse con los egresos deficitarios del gobierno son las grandes empresas. A mediano y largo plazo reducen el poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores, a quienes teóricamente se dice ayudar con ese gasto.
DÉFICIT Y ALTAS TASAS DE INTERÉS
A pesar de que en los últimos tres años el crecimiento de la inflación se redujo a la mitad, de un 18% en 1998 a un 9% en el 2000, las tasas de interés de referencia, los CETES a 28 días, se mantuvieron en los mismos niveles, del 18% aproximadamente, en esos tres años. Mientras las tasas de interés no bajen es difícil que la reducción de la inflación sea permanente y difícilmente se reactivará sanamente la economía.
¿Por qué no bajaron las tasas de interés en los últimos tres años?
Si bien el gobierno ha logrado presentar cifras de una inflación a la baja, sus finanzas públicas en esos mismos periodos no han reducido su déficit real. Cada día necesitan colocar más recursos en el mercado para financiar su verdadero déficit presupuestal.
Oficialmente el déficit presupuestal del gobierno en el año 2000 fue del 1.1% del PIB, pero si incluimos todas las obligaciones que debe cubrir el gobierno federal directamente o sus organismos y empresas: PIDIRIEGAS, pasivos del IPAB, pensiones, entre otras, el verdadero déficit presupuestal alcanza el 3.5% del PIB.
Una prueba de la creciente necesidad de financiamiento por parte del gobierno, que impide la reducción de las tasas de interés, es que en 1994 de cada peso de financiamiento, aproximadamente 70 centavos se destinaron al sector privado y sólo 30 centavos a financiar dependencias, organismos y empresas del sector público. Al finalizar el año 2000 únicamente el 40% de los financiamientos fueron al sector privado y el 60% ya fue absorbido por el sector público. La proporción de financiamiento al sector público se duplicó en los últimos seis años.
De poco sirve instrumentar programas para ayudar a las pequeñas empresas y dar créditos a miles de microempresarios, sino se logra reducir en una forma general y sana las tasas de interés. Y para que eso sea posible es imprescindible reducir el déficit presupuestal real, que es el principal obstáculo para lograr que en México se pueda avanzar en la reducción de las tasas de interés.
DÉFICIT ¿ANTIPATRIOTA?
Pedir no empobrece, reza un dicho popular. Pero en el caso del presupuesto federal no se aplica ese refrán. Cualquier grupo que pida dinero al gobierno debe tener conciencia que todo dinero gastado por el gobierno proviene del bolsillo de los ciudadanos.
El gobierno no saca el dinero de un pozo, sino directa o indirectamente lo toma del bolsillo de la población. Ya sea a través de impuestos, de préstamos o de la fabricación de billetes, origen de la inflación y de las devaluaciones.
La finalidad del gasto público es ayudar a mantener un entorno de justicia, paz, orden, progreso y libertad en la sociedad, sin embargo, cuando el gasto es excesivo genera efectos negativos “sale más caro el caldo que las albóndigas”.
Cuando así sucede, el gasto es antipatriota, al igual que quienes apoyan esos gastos excesivos e improductivos. La palabra patriota se deriva de patrimonio. Es patriota quien defiende nuestro patrimonio económico, cultural, político y es antipatriota quien lo destruye.
Las necesidades sociales en materia educativa, de comunicaciones, de salud, de ayuda a los pobres, a los pensionados, a los trabajadores, son infinitas, pero al tratar de solucionar todas las carencias sociales a través del gasto público, como lo demuestra la experiencia del siglo XX, resulta “peor el remedio que la enfermedad”.
La inflación, que hace más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, es producto de altos gastos públicos, ejercidos teóricamente para ayudar a los más necesitados.
La mayoría de las crisis económicas durante el siglo XX tuvieron su origen en finanzas públicas desequilibradas, que nutrieron sus gastos de emisión monetaria y préstamos, caminos que generaron alzas de precios y de tasas de interés.
“El camino al infierno está lleno de buenas intenciones”. Esa máxima se aplica al presupuesto gubernamental, pues casi todos los partidos y grupos de presión que solicitan recursos lo hacen en nombre de los pobres, de aumentar salarios y brindar mejores servicios a la sociedad, pero la mayoría de las veces sus peticiones se traducen en gastos burocráticos socialmente improductivos y cuyo único saldo son presiones inflacionarias, devaluatorias y en las tasas de interés, que generan un mayor empobrecimiento para los sectores que buscaban beneficiar.
Hay muchos ciudadanos que ante las carencias que viven, piensan sinceramente que el gobierno les solucionara sus problemas, pero aquellos que conocen los verdaderos efectos del gasto público excesivo y a pesar de ello piden más por clientelismo, para disponer de más recursos, en beneficio de su grupo político o personal, actúan antipatrióticamente.
Hay dos tipos de ciudadanos que piden gastos públicos por arriba de los ingresos sanos de los gobiernos:
1) Quienes desconocen los efectos sociales del gasto deficitario, es decir, ignoran el mal que causan y 2) los que con todo conocimiento de los nefastos resultados sociales de un gasto financiado por emisiones monetarias o endeudamientos, lo exigen en búsqueda de poder y beneficios económicos personales.
En ambos casos el resultado es un gasto antisocial, generado por la ignorancia o por la actitud antipatriótica de quienes no les importa destruir el patrimonio de la mayoría de los mexicanos por populismo, protagonismo, clientelismo o un afán de enriquecimiento a toda costa.
Para evitar el pernicioso déficit presupuestal, los legisladores más responsables de varios países, como es el caso de España, luchan por garantizar el equilibrio presupuestal por ley.
La Constitución mexicana obliga al equilibrio presupuestal en el artículo 74 fracción IV:
“Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo.”
Aunque el precepto constitucional es claro en cuanto al mandato de observar un equilibrio entre ingresos y egresos, y el artículo 22 de la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública señala que ”A toda proposición de aumento o creación de partidas al proyecto de presupuesto, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso, si con tal proposición se alterara el equilibrio presupuestal.“, el ejecutivo y los legisladores no los han llevado a la practica, lo que implica evitar el déficit presupuestal.
Para impedir que esa inconstitucional practica se siga dando, es conveniente remarcar en la ley la obligatoriedad de observar el equilibrio presupuestal y la prohibición expresa del déficit presupuestal.