Cual guerra en ChiapasA mediados de 1993, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, recibió una llamada del Secretario de la Defensa Nacional para comunicarle que el ejército tenía rodeado a los cabecillas y principal contingente de un grupo de guerrilleros en Chiapas y que esperaban sus órdenes para detenerlos o exterminarlos. El Presidente consultó a sus asesores, quienes le dijeron que si bien esos guerrilleros no representaban ningún problema bélico y muchos de ellos ya habían desertado, después de la caída del Muro de Berlín, tenían el soporte del obispo de San Cristóbal, quien a su vez era apoyado por teólogos de la liberación en Europa, principalmente de Bélgica, Alemania y por grupos de izquierda (como el de la esposa de Miterrand), que se presentaban como defensores de los derechos humanos. Esos grupos iniciarían una fuerte campaña contra México si detenían o mataban a esos guerrilleros.


Por esas mismas fechas estaba a discusión en los EUA la ratificación del TLC, por lo que se requería un ambiente de paz y estabilidad en México. Los asesores le dijeron a Salinas que cualquier noticia de guerrillas podría retrasar la ratificación del Tratado. Ante esos argumentos Salinas le pidió al Secretario de la Defensa que no emprendiera ninguna acción contra esos guerrilleros y los dejara ir.


El 1º de enero de 1994, primer día que entró en vigor el TLC, irrumpió en San Cristóbal de las Casas el mismo grupo de guerrilleros que había dejado ir el gobierno.
Uno de sus principales reclamos era la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con EUA, al que su líder, Marcos, calificó de un tratado de muerte. Hasta antes de la aprobación del TLC a ningún medio de prensa nacional e internacional le había interesado hablar sobre esa desgastada guerrilla marxista, que la mayoría de los analistas consideraba obsoleta y extemporánea; sin embargo, grupos tan poderosos como la Federación de Sindicatos de Estados Unidos (AFL-CIO), importante pieza dentro del Partido Demócrata, que se opone al Tratado de Libre Comercio, se encargó de difundir y agrandar internacionalmente el brote guerrillero en Chiapas y acusar al gobierno de México de violación de los derechos humanos y represión a los indígenas. Los congresistas anti TLC pidieron que con base en los hechos violentos de Chiapas se rescindiera el Tratado de Libre Comercio con México.
La resonancia y agrandamiento de un día para otro de esa pequeña guerrilla no es el resultado de la miseria o del atraso indígena, sino de factores políticos, muchos de ellos internacionales. A partir de ese año se habla de guerra en Chiapas, lo cual no es cierto puesto que, el 99% del territorio chiapaneco está en paz, por lo tanto es una ficción hablar de un tratado de paz donde no hay guerra.
LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES Y SU INCOSTITUCIONALIDAD
Diódoro Carrasco, ex Secretario de Gobernación, manifestó en su momento que el gobierno estaría dispuesto a cumplir con los acuerdos para terminar con el conflicto de Chiapas. La petición de Marcos de aplicar los acuerdos de San Andrés Larrainzar es en realidad un pretexto para mantener su insurrección. La firma de esos acuerdos por un funcionario de Gobernación hace años, no significa que deba convertirse en ley, pues es necesario su aprobación por el Congreso y modificar la Constitución.
Los acuerdos implican la creación de territorios autónomos indígenas dentro de la República Mexicana. El primer problema que presentarían es un conflicto territorial de leyes y el segundo sobre qué grupos de personas estaría en vigor. En principio, se tendría que cambiar la Constitución para incluir un fuero o legislación especial en las zonas indígenas, como en la Colonia.
Con base en los viejos usos y costumbres indígenas, que en muchos aspectos se contraponen a la legislación vigente para todos los mexicanos, se resolverían las controversias en materia penal, civil, comercial y sobre la propiedad. Habría que determinar si las costumbres indígenas que discriminan a las mujeres y violan los derechos humanos se aceptarían por arriba de las garantías individuales constitucionales.
Los destinatarios de ese nuevo orden jurídico, en base a los Acuerdos de San Andrés, serán aquellos con "conciencia de clase indígena", lo que implicaría crear una dependencia que interrogara y evaluara a cada persona para ver si tiene "conciencia de clase" o en su caso por el color, grado de pobreza o porcentaje de mezcla con otras razas. Al realizar eso, caeríamos en un racismo. Quien haya leído algo sobre marxismo sabe que identificar a los indígenas por su "conciencia de clase indígena", que mueve a risa y sería absurdo, se deriva de la obsoleta teoría de la "conciencia de clase", que adjudican los marxistas a los trabajadores.
Aún si se reformara la Constitución, se rompiera el pacto federal y en contra de todos los razonamientos jurídicos se convirtiera en ley esos acuerdos, prevalecería una gran confusión, pues sería muy difícil aplicarlos. Habría que crear organismos, para diferenciar al indígena de los demás mexicanos y hasta implementar aduanas y puestos migratorios en las comunidades indígenas para la aplicación de las leyes especiales o fueros.
Marcos y seguidores, ¿están conscientes de los problemas que implica la vigencia de esos acuerdos, que en nada benefician a los indígenas? ¿o lo que buscan es mantener vivo un conflicto con peticiones absurdas y retrógradas, al igual que el CGH?
LA APUESTA POR LA VIOLENCIA
Al analizar las guerrillas que se agrandaron en Chiapas a principios de 1994 y la toma de la UNAM a mediados del 2000, vemos que existen muchas semejanzas. Ambos conflictos tomaron fuerza en períodos preelectorales. Los líderes visibles de los dos movimientos profesan las mismas ideologías, marxistas-leninistas y maoistas, y buscan teóricamente los mismos fines: "liberar" a grupos pobres de indígenas y estudiantes.
En ambas partes utilizan la violencia y buscan la represión. En Chiapas los guerrilleros lograron que mataran indígenas. Los colocaron como escudos con rifles de palos después de atacar al ejército en sus cuarteles. En la UNAM a través de marchas, cierre de calles y toma violenta de instalaciones universitarias, los radicales buscan descaradamente la represión para crear víctimas.
En Chiapas las peticiones del grupo guerrillero las sintetizan en los llamados Acuerdos de San Andrés. Esos "acuerdos", además de que violan la Constitución, implican crear estados autónomos de indígenas en la República Mexicana, los que originarían conflictos de leyes y de soberanía. Pero han logrado que sus simpatizantes repitan como pericos, sin saber lo que implica.
En la UNAM, las peticiones de los radicales que tomaron las instalaciones significan, entre otras cosas, la desaparición de los exámenes de selección, la abolición total de las cuotas y prácticamente el desconocimiento de la estructura actual de la universidad. Al igual que en Chiapas, lo más importante no es resolver el conflicto, sino alargarlo, citar a reuniones, crear comisiones, buscar intermediarios y siempre decir que no hay condiciones ni garantías para dialogar y llegar a una solución.
Hasta ahora, tanto en Chiapas como en la universidad, esos movimientos han causado un gran daño a los grupos que teóricamente buscaban beneficiar. Cuando Fox dijo que en poco tiempo terminaría con el conflicto de los guerrilleros en Chiapas, partió de un supuesto falso, que la otra parte quería concluir con el conflicto. Lo que Fox pasó por alto es que a Marcos no le conviene finalizar el problema, pues en tanto dure le atrae reflectores y publicidad.
En Chiapas, de 1994 a la fecha, miles de indígenas se han empobrecido más de lo que estaban, por falta de inversiones, empleos y reducción del turismo. En muchas zonas su situación es parecida a la de un estado de guerra. Miles de ellos han emigrado. Los guerrilleros, al igual que los "ultras" en la UNAM, expulsan a quienes cuestionan sus métodos violentos y vetan a los medios de información que publican lo que ellos no quieren.
¿DIPUTADO EL SUB MARCOS?
Es probable que Marcos, quien aparece como líder del llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, busque cambios que sinceramente considera positivos, pero por métodos que ya no son compatibles con el sistema democrático que ahora vivimos en México.
En una dictadura, donde no hay forma de lograr cambios políticos y legales sin violencia, podría justificarse una guerrilla; pero en un país donde existen los mecanismos democráticos y la libertad suficiente para lograr reformas en paz, no es defendible la existencia de ningún grupo armado con el supuesto objetivo de modificar las estructuras económicas y políticas del país. No se vale que mientras miles de mexicanos luchamos por medio de partidos políticos para ser postulados como alcaldes, gobernadores, legisladores o presidentes y cambiar el país, otros condicionen su respeto a la ley a que se realicen las reformas que ellos quieren,
Si Marcos quiere un México diferente, donde los pobres y los indígenas vivan mejor, que lo busque por la vía pacífica y de manera abierta a través de las reglas del juego de un sistema democrático.
En Nicaragua, los guerrilleros del mismo tipo e ideología que el EZLN, los del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ya desde hace años depusieron las armas y dan su lucha a través de un partido político que es la principal oposición.
En El Salvador, los guerrilleros del llamado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, originalmente con la misma ideología y métodos violentos del EZLN, ya depusieron las armas y sus principales miembros ahora forman parte de un partido político que actualmente gobierna la capital de El Salvador. Las armas y las capuchas para los exguerrilleros de esos países son cosas del pasado.
En un ambiente democrático, al igual que lo hicieron los guerrilleros en El Salvador y Nicaragua, Marcos debería incorporarse a la vida política mediante un partido. Si no lo hace es porque piensa que su actual personalidad de enmascarado le reditúa más en publicidad, que convertirse en un político que lucha por las vías democráticas para cambiar y mejorar al país.
Los papeles de hacerse la víctima, iniciar incendios y después disfrazarse de bombero y mantener vivo un conflicto con afán protagonista, lo descubre la mayor parte de la opinión pública. Si bien Marcos puede en determinado momento reunir una multitud que lo aclame, la mayoría de los ciudadanos y población trabajadora, que no tiene tiempo para andar en mitotes ni acarreos, condena las actitudes al margen de la ley de este personaje.
Exhortamos a Marcos y a todos los que en nombre del diálogo y de la paz han eternizado una guerrilla virtual, que genera inseguridad a inversionistas y turistas en Chiapas, a que cuelguen las armas, las capuchas y formen un partido político o se incorporen a alguno de los existentes, y, al igual que todos los que participamos en política democrática, busquen por medio de candidaturas de elección popular, los cambios que consideran deben implementarse.
Es la única opción compatible con la democracia y que muchos mexicanos estamos dispuestos a apoyar, pero no aceptaremos ningún chantaje de grupos armados y encapuchados que, en nombre de los pobres y los indígenas, exijan cambios sin antes ellos cambiar sus obsoletas y antidemocráticas actitudes, incompatibles con la vía democrática por la que optaron la mayoría de los mexicanos.
¡Busque un puesto de elección popular, Mr. Marcos! No nos pida modificar leyes cuando Ud. es el primero en estar al margen de la ley.