El Gobierno Federal se ha cansado, sobre todo a través de los medios electrónicos de comunicación, de informarnos que el año entrante realizará ahorros extraordinarios, para lo cual tomará medidas que van, desde la eliminación de privilegios de los funcionarios gubernamentales, hasta la desaparición de secretarías de Estado, todo lo cual suena bien, en primer lugar, por lo que el ahorro significa en términos de progreso económico.

El progreso económico consiste en la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios, lo cual depende de las inversiones, las cuales dependen del ahorro: los recursos para invertir surgen del ahorro, de tal manera que el primer paso hacia el progreso económico es el ahorro, razón por la cual, aparentemente, hay que aplaudir la intención del gobierno de realizar ahorros extraordinarios, y escribo aparentemente porque, bien vistas las cosas, nada justifica el ahorro gubernamental.

Que el gobierno ahorre supone que el recaudador obliga al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo, parte del cual los gobernantes utilizan, no para ofrecer bienes y servicios a los ciudadanos, sino para prestárselo a alguien más a cambio de los intereses que ese alguien le pagará, situación ante la cual el contribuyente debe reclamar, ya que la parte de sus impuestos que se ha destinado al ahorro del gobierno no lo beneficia de ninguna manera, lo cual hace del cobro de esos impuestos un robo con todas las de la ley.

El análisis anterior supone que lo que el gobierno llama ahorro es realmente ahorro, entendido como una inversión financiera, es decir, como el préstamo de dinero que se hace a cambio del interés que se recibe. El gobierno, al hablar del ahorro extraordinario que pretende realizar el año entrante, ¿se refiere realmente al ahorro, es decir, a una inversión financiera, hecha con dinero de los contribuyentes? Si la respuesta es afirmativa, entonces los contribuyentes debemos oponernos, ya que no se vale que el gobierno haga negocio con aquella parte del producto de nuestro trabajo que nos obligó a entregarle y que invierte financieramente.

Al hablar del ahorro extraordinario que pretende realizar en 2010, ¿el gobierno se refiere realmente al ahorro, entendido como inversión financiera? No. Entonces, ¿a qué se refiere? A un menor gasto, en determinadas partidas del presupuesto, con el fin de aumentar los recursos canalizados a otros rubros del gasto, como lo es el destinado al combate a la pobreza, algo muy distinto al tan cacareado ahorro: gastar menos en A, para gastar más en B, no es más que una reasignación de gasto, pero de ninguna manera un ahorro, ahorro que, cuando del gobierno se trata, hace del cobro de impuestos destinados a tal fin una expoliación legal, una violación del derecho de propiedad de los contribuyentes sobre sus ingresos, clara muestra del Estado de chueco, que es la antítesis del Estado de Derecho.

Hay que distinguir entre gastar menos, porque el ingreso se ha reducido y, suponiendo que el ingreso se mantiene constante, ahorrar más. Son cosas distintas.
Dicen nuestros gobernantes que el año entrante llevarán a cabo ahorros extraordinarios, mismos que, entendiendo por ahorro, no una inversión financiera, sino un menor gasto, no se ven reflejados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, en el cual se propone un gasto total de 2 billones 397 mil 871 millones de pesos, superior al gasto aprobado, por 2 billones 320 mil 352 millones de pesos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, lo cual quiere decir que, ateniéndonos a los grandes números, y por lo tanto al margen de cómo se distribuya y redistribuya ese gasto, el ahorro extraordinario que tanto se ha presumido no será tal. En 2010 la Federación gastará más que en 2009.

En términos absolutos, en 2010, la Federación pretende gastar 77 mil 519 millones de pesos más que en 2009, cifra que supone un aumento del 3.3 por ciento, en términos nominales, que, una vez descontada la inflación proyectada del 3.3 por ciento, da como resultado un incremento real del cero por ciento, algo difícil de identificar con ahorros extraordinarios.

Si del gasto de la Federación (todo el sector público), pasamos al gasto del Poder Ejecutivo Federal (presidencia de la república, 19 secretarías de Estados, y algunas dependencias más), tenemos que el proyecto de presupuesto de egresos para 2010 supone una reducción (¡sí: reducción!) de 24 mil 845 millones de pesos, equivalentes al 3.1 por ciento, reducción que, si por ahorro entendemos un menor gasto, supone eso, ahorro, quedando por responder la pregunta ¿a favor de quién? ¿De los contribuyentes? No, de ninguna manera.
Si por ahorro entendemos menor gasto, ¿cómo conciliar ese ahorro del Poder Ejecutivo Federal con un aumento, en la recaudación tributaria del 14.4 por ciento, en términos nominales, y del 11.1 por ciento en términos reales? Según la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, los ingresos del Gobierno Federal por concepto de impuestos sumarán 1 billón 161 mil 191 millones de pesos. Según el Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, el año entrante el cobro de impuestos sumará 1 billón 328 mil 258 millones de pesos, lo cual dará como resultado un aumento en la recaudación de 167 mil 067 millones de pesos, equivalentes, en términos nominales y reales, respectivamente, al 14.4 y 11.1 por ciento.

¿Qué beneficio le reportará, a los contribuyentes, el ahorro del Gobierno Federal? Ninguno, siendo que cualquier ahorro del gobierno, entendido como un menor gasto, debe traducirse en menos y menores impuestos, en más ingreso disponible para los contribuyentes.
 
En 2010, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los gastos de la Federación aumentarán 3.3 por ciento, los gastos del Poder Ejecutivo Federal se reducirán en 3.1 por ciento, y el cobro de impuestos se incrementará en 14.4 por ciento, motivo por el cual, del menor gasto del Ejecutivo Federal, mismo que las autoridades califican de ahorro extraordinario, los contribuyentes no recibirán ningún beneficio.