Decía David Hume, en afirmación que seguramente no es de su autoría, que lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, no por hombres, debiendo ser esas leyes, lo afirmo yo, leyes justas, siendo tales aquellas que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente la vida, la libertad y la propiedad del ser humano o, para decirlo de otra manera, siendo justas las leyes que garantizan derechos, ¡que realmente lo sean!, y no que promueven intereses, o satisfacen necesidades, ¡que muchas veces se confunden con derechos!

Si aceptamos lo dicho por Hume (¿y cómo no aceptarlo si no queremos caer en la tiranía, que es el gobierno de la voluntad caprichosa de una persona, antitesis del gobierno de las leyes justas?), debemos reconocer que entonces, quien realmente gobiernan, no es el Poder Ejecutivo, sino el Legislativo, cuya tarea es redactar y promulgar las leyes, mismas que se aplican por igual a todos, comenzando por los representantes del Ejecutivo, quienes también se encuentran sujetos al gobierno de la mismas.

En México, formalmente, ese fue el esquema de gobierno desde la promulgación de la Constitución del 17 hasta el 1 de septiembre de 1997, día en el cual, por primera vez en la historia, materialmente, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, y el presidente de la república perdió su brazo en el Congreso de la Unión. A partir de aquel momento el Poder Ejecutivo ya no ha gobernado en solitario, pudiéndose hablar de un cogobierno entre los dos poderes, Ejecutivo y Legislativo, razón por la cual la pregunta en torno a los resultados del gobierno de Calderón, pregunta que en las vísperas del informe presidencial se repite una y otra vez, debe cuestionarse. ¿Hasta qué punto el llamado gobierno de Calderón es realmente el gobierno de Calderón?

¿Podemos decir que el gobierno del Calderón, es realmente el gobierno de Calderón, si, por ejemplo, el Poder Legislativo tiene la facultad de modificar, entre otros, el Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, el monto y el destino del dinero que, en el próximo ejercicio presupuestal, gastará la Presidencia de la República y sus distintas secretarías y dependencias? ¿Podemos, ante tales facultades del Legislativo, afirmar que el gobierno del Calderón es realmente el gobierno de Calderón? Tal afirmación, ¿no es una reminiscencia de los tiempos del príismo, épocas en las cuales el presidente de la república era el gobierno?

De los excesos y defectos del llamado gobierno de Calderón, ¿cuáles son responsabilidad del Ejecutivo y cuáles del Legislativo? Los aciertos, ¿de quién son mérito, del Ejecutivo o del Legislativo? Y ahora que, para lo que resta del sexenio, el PRI ha recuperado la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿podemos hablar del gobierno de Calderón?

Lo curioso es que, tanto en materia de logros,  como de pendientes y fracasos, seguimos pensando en términos del Ejecutivo, y muestra de ello es la parafernalia, hoy menor que ayer, pero todavía excesiva, que se arma en torno al informe presidencial.