arturo damm2Alfredo Del Mazo, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, ha prometido que, de llegar al poder, otorgará a las mujeres dedicadas a labores del hogar lo que él ha bautizado como el salario rosa, propuesta que, claramente populista, ha sido criticada, y con razón, por más de uno, destacando lo escrito en días pasado por Pascal Beltrán del Río (Excélsior) y Sergio Sarmiento (Reforma), críticas atinadas, pero que no llegan el meollo del asunto, mismo que se encuentra en la redistribución del ingreso que dicho salario rosa, y muchas otras políticas gubernamentales, muchas ya en uso, y otras apenas en la fase de promesa, implica.

Supongamos que Del Mazo gana la gubernatura y, cumpliendo su palabra, otorga el salario rosa. ¿De dónde saldrá el dinero? De los impuestos, lo cual supondrá que el gobierno obliga a X (el contribuyente) a entregarle parte del producto de su trabajo (que en eso consiste el cobro de impuestos), para darle a Y (las mujeres calificadas para recibir el salario rosa), lo que no es producto del suyo, todo lo cual podrá ser legal (sobre todo si hay alguna que ley que lo avale), pero no por ello dejará de ser injusto: el gobierno le quita a X, lo que es de X, para darle a Y, lo que no es de Y, injusticia que sucede cada vez que el gobierno redistribuye.

El problema es que hoy gobernar es sinónimo de redistribuir, y para comprobarlo basta revisar cualquier presupuesto de egresos de cualquier gobierno. Más o menos dos terceras partes del gasto gubernamental es gasto social, destinado, no a garantizar derechos, sino a satisfacer necesidades, necesidades de Y que el gobierno satisface quitándole ingreso a X, obligando a X a satisfacer indirectamente las necesidades de Y, lo cual es injusto e ineficaz.

Hoy gobernar es sinónimo de redistribuir, y quienes están en el gobierno, o aspiran a estar, creen tener el derecho a disponer del ingreso de los contribuyentes según sus ocurrencias redistributivas.