guillermo barba2Esta semana en la Asamblea Legislativa de la capital del país, la diputada Jany Robles Ortiz, del PRI, presentó una iniciativa de reforma y adiciones a Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal.

Su intención es la de prohibir la venta de bebidas alcohólicas al interior de esos recintos, con la intención de “brindar opciones a la autoridad y titulares de los establecimientos deportivos para reforzar la seguridad en al (sic) interior y exterior de los mismos.” Esto incluye la instalación de alcoholímetros “para revisar los niveles de alcohol de los aficionados que ingresen al recinto deportivo”, y en caso de exceder “los niveles de alcohol permitidos, realizar las acciones conducentes para estos casos.”

La diputada Robles Ortiz afirma que su propuesta apoya la lucha contra una “sociedad libre de vicios”.

 

Por desgracia es una práctica común entre nuestros políticos que su soberbia los lleve a concluir que, gracias al ejercicio del poder público, pueden mediante mandatos ordenar a los ciudadanos lo que ‘deben’ y ‘no deben’ hacer. Quisieran que, como esclavos, obedeciéramos sus órdenes y renegáramos de nosotros mismos.

Así, con una supuesta buena intención, se pisotea algo fundamental: la libertad de los individuos a actuar como les plazca, mientras no vulneren esa misma libertad en terceros.

La libertad es sinónimo de responsabilidad, de civilidad y respeto mutuo, no de hacer lo que se quiera sin límite alguno, pues quien esto último hace, atenta contra la convivencia pacífica y la preservación de la sociedad.

estadio aztecaDe manera que quien se comporte de manera irresponsable y vulnere la integridad física o la propiedad de alguien más, debe ser sancionado por la autoridad correspondiente para evitar que esa conducta se repita y/o reproduzca en otros ante la presencia de impunidad. La aplicación de la Ley en sentido material, no puede ser opcional si lo que aspiramos es a tener un país civilizado, y con ello, desarrollado.

Supongamos por un momento un mundo en el que ninguna persona jamás violara la libertad de nadie. Todos viven en franca paz, nadie toca lo que no es suyo ni se comporta como no debe. Aquí la existencia de leyes ‘contra la corrupción’, o para ‘prevenir la violencia’ sería por completo innecesaria, y quizá tampoco habría un gobierno. Abundancia y prosperidad serían su constante.

Ahora imaginemos un mundo bárbaro en el que la gente busca de forma permanente apropiarse de lo que no le pertenece, donde se comporta sin ningún tipo de respeto por nadie. Bueno, incluso si existiera un gobernante supremo que emitiera decretos, leyes y castigos severos para tratar de meter orden, no haría ninguna diferencia. Tenderían a la miseria y la autodestrucción.

La realidad del país que vivimos no está en ninguno de esos extremos. La mayoría de la gente se sabe comportar, y la obligación de la autoridad es actuar contra la minoría que no lo hace, nada más.

Hacer pagar a todos los ciudadanos asistentes a un estadio, prohibiéndoles comprar cerveza por culpa de unos cuantos violentos e impunes (que tal vez no hayan probado gota de alcohol), sería una medida injusta que en nada ayudaría a erradicar la violencia en esos espectáculos.

Algo similar a gran escala podemos verlo en la ‘guerra’ contra las drogas: la prohibición no sólo no ha hecho nada para evitar su consumo, sino que ha dado un enorme poder económico –con lo que pueden comprar armas y más impunidad-, a aquellos dispuestos a correr el riesgo de estar al margen de la ley y negociar mercancías encarecidas artificialmente gracias a dicha prohibición.

Así que los políticos deben dejar de luchar contra los ‘vicios’, una tarea que no les corresponde, y centrarse nada más en castigar sin falla a quien cometa DELITOS que de verdad lo sean, como todas aquellas malas conductas que violan la libertad y propiedad de otros.

Erradicar la impunidad empieza por ponerle un espejo a la clase política. Esa es la salida a la corrupción y la violencia que nos aqueja en el país, en las calles, en los estadios o donde sea. Señoras y señores políticos, ¡déjennos en paz a los ciudadanos!

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