Arturo Damm Arnal
menor consumo

El desempeño de una economía debe medirse a nivel de la economía familiar. Lo que importa es elevar el bienestar de las familias, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios a su disposición: a mayor cantidad, mejor calidad y mayor variedad, más bienestar. ¿Hay manera de medirlo? Sí, por medio del Indicador del Consumo Privado (ICP), que mes tras mes reporta el INEGI, y que mide el gasto de las familias en la adquisición de bienes y servicios, nacionales e importados, excluyendo compras de viviendas y objetos valiosos. El ICP es una buena aproximación al consumo familiar (CF). Ya tenemos los resultados para el pasado mes de octubre. La tendencia es preocupante.

Leemos en el tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución: “Las Leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses”.

Hay errores en lo dicho en el mentado párrafo, desde la intención de imponer precios máximos a los bienes y servicios considerados necesarios para el consumo popular (precios máximos que se fijan por debajo de los precios de equilibrio, por lo que ocasionan escasez), hasta el propósito de que la ley propicie que los consumidores defiendan de la mejor manera posible sus intereses (siendo que lo que la ley debe propiciar es la garantía de derechos, no la defensa de intereses, algo muy distinto), pero hay algo a lo que, ante el desbasto de gasolina, debemos atender.

Me refiero a lo relacionado con provocar abasto insuficiente, referido, como del mismo texto se desprende, a bienes necesarios para el consumo de la gente, entre los cuales se encuentra la gasolina, hoy objeto de un grave desabasto en varios estados del país y en la Ciudad de México, que afecta directa e indirectamente a los consumidores. Directamente a quienes consumen gasolina. De manera indirecta a quienes consumen bienes y servicios producidos, ofrecidos y vendidos con la intermediación de la gasolina, un factor de la producción omnipresente. Directa o indirectamente lo que sucede con el abasto de gasolina afecta el bienestar de la gente, precisamente lo que se pretende evitar con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 28 constitucional, cuya intención es clara: garantizar el abasto.

Parafraseando el texto constitucional: “Las leyes fijarán bases para imponer modalidades a la organización de la distribución de combustibles, a fin de evitar que maneras de distribución inadecuadas ocasionen desabasto del producto”.

Me queda claro que la intención de quienes redactaron el texto citado es evitar que, por intermediaciones excesivas, se reduzca el abasto de ciertos bienes, y la pregunta es si la paráfrasis que acabo de hacer es una interpretación válida del texto constitucional. Si lo importante es evitar el desabasto de productos básicos, aunque el mismo no se deba a intermediaciones excesivas, sino a distribuciones insuficientes, sí resulta una interpretación válida. Y si lo es, ¿qué consecuencias debe tener para AMLO? Su decisión de cancelar el abasto de gasolinas vía ductos, dado el desabasto que ha ocasionado, ¿debe considerarse inconstitucional?

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AMLO ha sido claro al decir que debemos producir en México la gasolina que consumimos. En este punto está a favor del nacionalismo económico, que siempre es más nacionalismo que económico, resultando muchas veces antieconómico. Lo que importa no es que los satisfactores se produzcan en el país, sino que se ofrezcan al menor precio posible y con la mayor calidad posible. Si se logra con producto nacional bien, y los mismos consumidores, por interés, elegirán lo producido en el país. Si se consigue con producto importado hay que darles a los consumidores la oportunidad de elegirlo o, dicho de otra manera, hay que permitir las importaciones. Deben ser los consumidores, no el gobierno, quienes decidan tales cuestiones: qué se importa (composición de las importaciones) y cuánto se importa (monto de las importaciones).

Por lo pronto no faltan quienes, dada la intención de AMLO de que se produzca en México la gasolina que se consume en México, afirman que la escasez del combustible se debe a que, desde diciembre, ya con AMLO en el gobierno, se dejó de importar gasolina, por lo que se generó una considerable caída en su oferta, con todas las consecuencias que estamos viendo: escasez, racionamiento, colas de horas, pérdida de tiempo, ¡el más escaso de los recursos! ¿Se dejó de importar gasolinas? No lo sabemos, ya que PEMEX todavía no publica los resultados de exportación e importación de gasolinas para diciembre. La información disponible llega hasta noviembre, mes durante el cual la importación de gasolinas tuvo un comportamiento normal.

En noviembre se importaron 585.630 miles de barriles diarios (Mbd). Entre enero y octubre la importación promedio mensual fue de 595.028 Mbd, con el máximo en febrero, 647.085 Mbd, y el mínimo en mayo, 558.255 Mbd. Los 585.630 Mbd de noviembre estuvieron 1.58 por ciento por debajo del promedio, pero no resultaron nada fuera de lo normal. La pregunta es, ¿qué pasó en diciembre? Realmente, como dicen algunos, ¿se dejó de importar? Y de haber sido así, ¡que no lo creo!, ¿cuál pudo ser el impacto en la oferta de gasolinas?

Según la información proporcionada por PEMEX, en noviembre el volumen de las ventas internas de gasolinas (Magna y Premium) fue de 737.017 Mbd, por lo que las importaciones, 585.630 Mbd, representaron el 79.46 por ciento del total. Si se canceló la importación de gasolina, obviamente que el efecto sobre su oferta tuvo que ser considerable, generando un importante desabasto. ¿Es posible que haya sucedido? Sí. ¿Y probable? No.

Una cosa es que AMLO quiera producir en México toda la gasolina que se consume en el país, para no depender de las importaciones, y otra que haya cancelado las importaciones sin tener, vía producción interna, la manera de compensar la menor oferta consecuencia de cancelar las importaciones. Esto último, posible, resulta poco probable.

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La principal pregunta de la Ciencia Política no es qué puede hacer el gobierno, sino qué debe hacer, debiendo reconocer que los gobiernos hacen mucho más de lo que deben, extralimitándose, cayendo en excesos y, consecuentemente, incurriendo en defectos. Lo vemos y padecemos.

Entre las tareas que desempeñan los gobiernos está la empresarial, la producción, oferta y venta de bienes, sobre todo estratégicos, aquellos que se usan en la producción, oferta y venta de todos los bienes y servicios, tal y como es el caso de la energía, tano por el lado de la electricidad, como por el del petróleo, energéticos indispensables para poder producir, ofrecer y vender cualquier satisfactor. Precisamente por ser estratégicos, piensan algunos, es que la producción, oferta y venta de esos bienes debe estar en manos del gobierno y no de la iniciativa privada. Deben ser producidos, ofrecidos y vendidos por monopolios del gobierno, no por empresas privadas compitiendo entre sí, postura que es el resultado de una visión equivocada de la economía, misma que, en esencia, y pese a la reforma energética, puesta en entredicho por AMLO, se sigue practicando en México, ocasionando problemas como el desabasto de gasolinas.

A quienes creen que el gobierno debe producir, ofrecer y vender los bienes estratégicos, les pregunto lo siguiente: si tuvieran que elegir entre una de estas dos opciones,1) que todos los bienes y servicios que habitualmente consumen se les ofrezcan de manera competida, por medio de empresas privadas compitiendo entre sí, o 2) de manera monopólica, por medio de empresas del gobierno, sin competencia alguna, ¿cuál elegirían? Con cuál, competencia o monopolio, se logra la trilogía de la competividad: menores precios, mayor calidad y mejor servicio, misma que les conviene a los consumidores, permitiéndoles elevar su nivel de bienestar, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios a su disposición. La respuesta correcta es la primera: que todos los bienes y servicios se les ofrezcan de manera competida, a través de empresas privadas que compiten entre sí.

¿Qué razones económicas existen para pensar que electricidad, gasolina y diésel son la excepción, debiendo el gobierno, monopólicamente, producirlos, ofrecerlos y venderlos, tal y como durante décadas se hizo en México, tal y como, pese a la reforma energética, se sigue haciendo? Hoy hay cierta competencia entre distintas marcas de gasolinerías, pero el principal proveedor del combustible sigue siendo PEMEX, Empresa Productiva del Estado, es decir, monopolio gubernamental.

Si la producción, oferta y venta de gasolina en México se diera de manera realmente competida, ¿estaríamos enfrentando el problema del desabasto? El robo de combustible, ¿tendría las proporciones que tiene? El gobierno, ¿debe realizar actividades empresariales?

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Fruto de la Cuarta Trasformación es la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), que abarca los 43 municipios que hacen frontera con los Estado Unidos, y que es libre, y ello solo hasta cierto punto, del cobro excesivo de impuestos. Parte del Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte consiste en la reducción del IVA al 8 por ciento y del ISR a una tasa máxima del 20 por ciento.

Zona libre

Ya tenemos, la obra y la gracia de la Cuarta Transformación (CT), una Zona Libre (ZL) en el país, que abarca los 43 municipios que hacen frontera con los Estados Unidos, en el lugar, la entrada, los impuestos que se Se aplica a los menores que en el resto de México o se ha visto en otro punto de vista, el ingreso disponible de los contribuyentes, el ingreso que queda una vez que la página Los mejores recursos en manos de los hombres y las manos en los ciudadanos, algo que, dicho mar de paso, que debería darse en todo el país, que podemos estar seguros, no se da. Por lo pronto en la ZL el IVA se reduce al 8 por ciento y el ISR a 20 puntos porcentuales.

Ojalá que todos pudieran generar un salario suficiente para, por lo menos, satisfacer correctamente sus necesidades básicas, que son aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan contra la dignidad, la salud y la vida de la persona. Si así fuera no habría pobreza, definida, no como la carencia de satisfactores (efecto), sino como la incapacidad para, por medio del trabajo propio, generar un ingreso suficiente que permita la adquisición de satisfactores con la combinación correcta de cantidad, calidad y variedad (causa).