Fotos cívicas y derechos humanos

El gobierno de la Ciudad de México sustituye las fotomultas por “fotos cívicas”, que significa que en lugar de pagar las multas de modo económico, se pagarán con trabajo comunitario.

En muchos países este es un sistema que ha dado resultados desde hace muchos años.

En Estados Unidos muchos estados lo aplican tal cual y en otros, es una mezcla de pago económico más trabajo comunitario, que puede ser desde limpieza de calles, pintar bardas, o lo que represente un trabajo a favor de las áreas públicas de la ciudad.

Sin embargo, nuestra realidad es otra y aquí será difícil instrumentar este programa tal cual opera en otros países, sin incurrir en violaciones a derechos humanos. Nuestro cultura ciudadana es atípica y tolerada desde siempre en las instituciones gubernamentales.

Por ejemplo, muchos mexicanos venden su auto directamente a un tercero y para que se lo lleve después de pagarlo, lo entrega con placas y le hace firmar una carta responsiva y otra de compromiso, donde se obliga el nuevo dueño del auto a efectuar el trámite de cambio de propietario ante las autoridades de su ciudad. Sin embargo, la mayoría de los compradores, por desidia lo posponen, o por no querer hacer un trámite engorroso que quita tiempo y requiere de un pago adicional.

Por supuesto que en el modelo vigente las fotomultas no llegaban al nuevo propietario sino al anterior, al domicilio registrado. El nuevo dueño ni se enteraba y las multas se le acumulaban hasta la fecha de la verificación vehicular, cuando le obligaban a pagar para poder hacer ese trámite.

En este contexto al que estamos acostumbrados, ¿van a requerir al propietario anterior y lo buscarán en su casa?, o esperarán que el nuevo llegue a verificar el vehículo y asuma la responsabilidad.

Por otra parte, el auto se presta, principalmente entre familiares y el responsable será el propietario, no quien cometió la infracción.

En el ámbito empresarial, cuando el tratamiento fiscal es como persona física, el auto que utilizan los empleados está a nombre del patrón. El empleado acumulará infracciones que terminarán generando compromisos “cívicos” para el patrón.

Para efectos prácticos, las cámaras registran las placas del auto y responsabilizarán a quien aparezca como propietario. Sin embargo, a quien querrán obligar a hacer trabajo comunitario no será el infractor.

Cuando la penalización de la fotomulta era económica, había tiempo para que el propietario solucionara el problema con aquella persona que usó el automóvil en esa fecha.

En el modelo tradicional, sin tecnología, cuando la patrulla de tránsito alcanzaba al infractor, todo era en tiempo real y este conducía el auto cuando cometía la infracción y la multa era sobre la licencia de conducir y no sobre el vehículo.

El programa del alcoholímetro ha sido muy exitoso porque a quien se verifica es al conductor y no al auto.

No se pueden trasplantar modelos exitosos en otros países, en sociedades tan complejas como la nuestra, sin analizar todos los posibles escenarios de aplicación.

La idea es buena, pero la aplicación es un enigma.

¿Usted cómo lo vé?

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